EDITORIALES
La insensatez del MP ya no genera miedo, pero sí desprecio
Parece que el Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras perdió la cordura. Y la vergüenza. La detención de la exdiputada y directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, más que fuerza, evidencia debilidad.
Presenciamos el agotamiento de un sistema cooptado, que ve el despertar de un pueblo que se revela contra la corruptela y demanda el restablecimiento de una justicia independiente y proba.
Recordemos. Las alarmas en torno al inicio de lo que puede ser el derrumbe del pacto de corruptos comenzaron a sonar con mayor fuerza la semana pasada.
Ello habría provocado, entre otras reacciones, el enfrentamiento a golpes entre dos congresistas, quienes discutieron por la agenda legislativa que avanza fuera del control del grupo que domina las cortes, el MP, la Contraloría y hasta una parte de la Universidad de San Carlos y del Colegio de Abogados.
Lo cierto es que la mafia va perdiendo batallas que hacen presagiar lo que puede ser un final feliz para los guatemaltecos. Sin embargo, conviene advertir que se está lejos de cantar victoria, sobre todo porque está visto que los agentes del mal no se quedarán cruzados de brazos y van a emprender todo lo que esté a su alcance para evitar su colapso. Aunque incurran en más ilegalidades.
El caso de Hernández se suma a una serie de persecuciones políticas emprendidas por el MP, secundadas por jueces y magistrados. Informes independientes advierten que, de 2019 a la fecha, entre 50 y 60 operadores de justicia, periodistas, exfiscales y líderes sociales han salido del país ante el acoso del cual son víctimas.
Además, es un hecho que la zozobra tiene silenciados a algunos dirigentes de instituciones públicas, quienes prefieren callar, con tal de evitar la ira de un sistema que no soportó ser derrotado en las urnas, el cual presencia la valentía y el liderazgo de sectores políticos, académicos, indígenas y activistas, que se niegan a ser sometidos por quienes pretenden alargar una pesadilla que comenzó en el régimen de Jimmy Morales y se consolidó con Alejandro Giammattei.
Ante este panorama, alientan las palabras de Hernández, quien en un video advirtió. “Por más que quieran criminalizarme yo no les tengo miedo”.
Ella, como la gran mayoría de connacionales, busca recuperar un país que fue tomado por criminales de cuello blanco y conciencia negra. Una misión que, más temprano que tarde, debe lograrse para que Guatemala tenga otra oportunidad de resurgir.
Atrás quedarán siglos de marginación y olvido para los pueblos originarios. Las bases para lograr cambios sustanciales se están sentando. Prueba de ello son los cinco acuerdos que la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera han firmado con comunidades indígenas, para promover el desarrollo integral tomando en cuenta las demandas de dichos sectores.
Impulsar proyectos de desarrollo económico, de infraestructura, salud, educación y medio ambiente, dando la importancia que merece la pertinencia cultural, son algunos de los acuerdos alcanzados con representaciones de los pueblos xinka, ixil, sacapulteco y comunidades indígenas aliadas de Chichicastenango, Quiché, con los que, de momento, el Gobierno se ha comprometido por medio de diálogos directos y permanentes.
Las acciones del Ejecutivo superan con creces los intentos de administraciones anteriores. Y es que estas solamente quedaron en buenas intenciones, ya que, según analistas, las ideas que plantearon carecían de estrategia y una ruta metodológica que les permitiera avanzar en la oportunidad de construir el desarrollo en las diferentes regiones.
Además de promover el desarrollo, las comunidades también requieren que se impulsen proyectos encaminados a combatir la violencia y discriminación contra las mujeres e inversiones para el manejo de residuos, entre otros, para lo cual, se hace necesario el involucramiento de ministerios, viceministerios, direcciones, oficinas y delegaciones estatales a lo largo y ancho del territorio nacional.
De hecho, los espacios de diálogo y consenso por parte del Gobierno no se han dado solo con autoridades o representantes de los pueblos originarios. Las acciones de Arévalo y Herrera los han llevado a reunirse también con los alcaldes de los 340 municipios de los 22 departamentos del país. Para el Gobierno, la importancia de estos acercamientos radica en el hecho de poder conocer las necesidades de los municipios, lo cual facilita la coordinación de esfuerzos y el establecimiento de prioridades claras.
El camino se está allanando y la disposición a concretar cambios sustanciales es latente. Ahora queda darle el seguimiento adecuado a estrategias y programas, y que tanto el Gobierno como la propia sociedad pongan el empeño para que todo lo acordado se haga realidad.
Lo que vive el país permite dimensionar la decisión del Gobierno. No es necesario retroceder mucho en el tiempo para entender la magnitud de este gesto solidario y democrático. Basta pensar en el más de medio centenar de connacionales que vive en el exilio, víctima de persecuciones políticas que se han vuelto costumbre. Casos fabricados por un sistema que se niega a renovarse.
Esa es parte de la valía de abrir las puertas a 135 presos políticos nicaragüenses, perseguidos por un régimen déspota, que domina todos los organismos del Estado y que, desgraciadamente, inspira a ese pacto de corruptos que continúa pataleando en Guatemala. Funcionarios que censuran las libertades individuales y colectivas. Dictadores con aires de dioses. Vetados en la mayoría de naciones desarrolladas.
Parias. Mafiosos.
Lo cierto es que ayer, Guatemala mostró su verdadera esencia. Su cara humana e inspiradora. Extendió la mano amiga, que devuelve lo mucho que ha recibido y que sigue teniendo. Un rostro que se vio rebasado por la avaricia y por el crimen de cuello blanco y conciencia negra que no se cansa de saquear el erario.
Pero además, el país empieza a retomar el liderazgo de antaño. El respeto del mundo. El lugar que le ha correspondido en la historia, pero que fue perdiendo por culpa de esos hampones, quienes ahora se sienten acorralados por el surgimiento de un proyecto que prescindirá de ellos y de sus chantajes.
La caravana de perseguidos, integrada por estudiantes, docentes, religiosos, periodistas y opositores al régimen, retomarán sus vidas, aunque lejos de su patria. De sus familias y amigos. Serán víctimas de un destierro producto de mentes delirantes, que nos son tan conocidas y claramente identificables.
En medio de esas injusticias, los nicaragüenses retomarán sus libertades, esos derechos sagrados que solo se aprecian cuando se pierden. Como lo saben y exigen los connacionales que debieron huir de su tierra, para evitar las injusticias que padecen otros a quienes, sin causa justificada, persiguen fiscales y jueces.
Es cierto, esta nación devuelve lo mucho que ha recibido. Repone lo que otros Estados ofrecen a nuestros exiliados,
para quienes se acerca el día de regresar a casa. A contribuir, como lo hicieron antes, al surgimiento de la nueva
primavera. Para ellos, nuestro abrazo solidario.
Es solo el comienzo. La deuda histórica es enorme. El presidente Bernardo Arévalo lo tiene claro. Sabe que en materia de salud, las anteriores autoridades dejaron un déficit que roza lo criminal. Un tema en el que nadie puede alegar ignorancia. Y menos quienes han estado en el Organismo Ejecutivo o en un concejo municipal.
Si se tratara de señalar culpables, el listado sería interminable. Tan infinito como los robos al erario. Solo comparable con la impunidad que el sistema de injusticia le garantiza a los ladrones de cuello blanco.
Pero allá ellos y sus conciencias. Hoy, la situación empieza a cambiar. Pese a la oposición de ese pacto de corruptos que intenta bloquear que la justicia social se instale en el país y se quede de manera permanente.
Los números son claros. En siete meses y medio de Gobierno se han habilitado 13 puestos de salud, de 31 proyectados para 2024. Además, se tiene previsto remozar otros 81 centros de asistencia en el primero de cuatro años de gestión por los que el pueblo votó y manda la Carta Magna.
El Gobierno entiende que la salud no debe quedar tan lejos. Al contrario, debe estar cerca, en especial, de niños, mujeres y ancianos, los grandes olvidados por esa mafia insaciable que hoy goza de servicios privados a costa del saqueo de fondos públicos. Luciendo, en manos y cuellos, el brillo de un oro ganado con el sudor de otros.
No como el de Adriana. También lejos de la medalla de Jean Pierre. Por supuesto, entre esos politiqueros y los atletas no puede haber comparación, aunque sí muchas diferencias, empezando por la decencia.
Este esperanzador escenario en salud también se vive en educación y seguridad, derechos fundamentales en una democracia de verdad. Poco a poco, todos los guatemaltecos recibirán los beneficios de un presupuesto que, en el pasado, se asemejaba a una piñata, pero no para niños, sino para hampones insaciables.
En estas estrategias, la vicepresidenta Karin Herrera juega un papel fundamental. Por ejemplo, ayer lideró el inicio de un censo que determinará si los niños de primaria registran las tallas y pesos que garantizan su desarrollo completo.
Así como en Chichicastenango, en los otros 339 municipios el Estado comienza a saldar sus deudas. Como en Quiché, en los 21 departamentos restantes la salud, educación y seguridad se acercan a los ciudadanos como nunca antes. Ahora lo sienten.
