LIcda. MSc. Nancy Carina Muñoz Méndez
Secretaria General Institucional
De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, de la Real Academia Española, la palabra gobierno puede ser entendida, desde un punto de vista interno como: “el órgano constitucional colegiado que dirige la política interior y exterior, la Administración y la defensa del Estado.
También ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria”. En tanto que, desde un punto de vista internacional, se puede afirmar que se trata de: “Elemento constitutivo del Estado, entendido como poder político organizado e independiente que ejerce de manera efectiva un conjunto de competencias en su territorio y vela por el respeto del derecho internacional”.
En el marco del ejercicio del gobierno, asegurar la participación ciudadana, la transparencia y el derecho a la información es esencial.
Pero también existe lo que se denomina gobiernos autónomos descentralizados, que consisten en: “Niveles de gobierno locales o seccionales, establecidos en la Constitución como instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, regidas por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana”. En el contexto guatemalteco un claro ejemplo lo constituyen las corporaciones municipales.
En el marco del ejercicio del gobierno, asegurar la participación ciudadana, la transparencia y el derecho a la información, son esenciales. En gran medida estos bastiones de la democracia pueden ser promovidos mediante los mecanismos que forman parte de lo que se conoce como gobierno abierto.
Según explica el jurista Ramírez-Alujas, el término gobierno abierto no es nuevo. Desde los años 70 se usó por primera vez en el espacio político británico y en su concepción original, trataba diversas cuestiones relacionadas con iniciativas para “abrir las ventanas” del sector público hacia el escrutinio ciudadano, con el objeto de reducir la opacidad burocrática. En la actualidad, se ha posicionado como un nuevo eje articulador de los esfuerzos por mejorar las capacidades del Gobierno y modernizar las administraciones públicas bajo los principios de transparencia y apertura, participación y colaboración.
La promoción de leyes sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública y la implementación de mecanismos institucionales para promover la transparencia, probidad y participación ciudadana en los asuntos públicos ha ido ganando espacio en la agenda política en todo el mundo. Guatemala no ha sido ajena a este influjo y desde 2008 cuenta como parte de su ordenamiento jurídico interno con la Ley de Acceso a la Información Pública.
Se trata de una normativa de orden público, de interés nacional y utilidad social; que establece las normas y los procedimientos para garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública de las instituciones.
De acuerdo con Ramírez-Alujas, ello ha sido fundamental en los esfuerzos desplegados por crear una nueva cultura de apertura y ajustar las ideas paradigmáticas que hacían de los asuntos públicos algo ajeno a la ciudadanía, permitiendo nuevos espacios para la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción que, por otro lado, presionan de manera insistente por una nueva actitud, nuevas prácticas y una disposición distinta en los servicios públicos y los Gobiernos.
Otra forma para llevar a la práctica el gobierno abierto es a través de lo que se denomina gobierno electrónico. El gobierno electrónico o e-gobierno, es la utilización de dispositivos tecnológicos de comunicación, como computadoras e Internet para facilitar servicios públicos a la ciudadanía y otras personas en un país o región.
