La salud de la población es una condición absolutamente necesaria para el desarrollo de un país. Por eso es de suma importancia la atención primaria, por una parte, y el adecuado funcionamiento de los centros asistenciales, por otra.

En ese contexto, la situación calamitosa del Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) que opera en Ixcán, Quiché, el cual, además, constituye un componente esencial del sistema de salud nacional, es un aspecto que no puede persistir, ya que desafortunadamente esa unidad asistencial no garantiza la atención satisfactoria para los 120 mil habitantes del área.

Las instalaciones del Caimi han caído en total abandono, tan extremo que las áreas de Ginecología, Maternidad y posparto son insuficientes para atender los requerimientos que plantea la demanda de esos servicios.

Una solución transitoria que han encontrado las autoridades locales es trasladar el Caimi a una propiedad de la municipalidad.

Pero la medida definitiva consistiría en edificar una nueva estructura hospitalaria con equipamiento médico moderno y abastecimiento completo; por ello, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo tiene el reto de asignar los recursos que el Estado debe aportar, en el ejercicio de su función como protector del bien común, lo que le corresponde conforme a la Constitución de la República.

Pero lo más importante es que esas obras de infraestructura básica sean construidas conforme a los estándares de calidad y que los recursos sean ejecutados de acuerdo con las más estrictas normas de probidad.

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Amparados en la impunidad que aún los protege, dado el control que mantienen en las instancias encargadas de la persecución y el castigo penal, los cárteles del crimen que medraron durante el gobierno anterior crearon mecanismos que les permitieron asaltar el erario con un descaro tal que avergonzaría al más despiadado de los corruptos.

La más reciente denuncia presentada por el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), sucedió ayer, cuando la encargada de dicha cartera, Jazmín de la Vega, informó sobre querellas elevadas ante el Ministerio Público (MP), las cuales se relacionan con 14 escuelas Bicentenario, proyecto emblema de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

El detalle de esta nueva corruptela advierte que, trágicamente, las nuevas autoridades no terminan de limpiar las gavetas y, por el contrario, las ratas siguen apareciendo convertidas en negocios sucios. “Estos establecimientos representan un hito en la evolución de la enseñanza en Guatemala”, promovían estos indecentes, quienes vieron en las necesidades de los guatemaltecos la oportunidad para enriquecerse ilícitamente.

De los 14 centros ofrecidos, cuyos valores oscilan entre los 31 millones 457 mil y los 46 millones 819 mil quetzales, 11 registran avances por debajo de los montos trasladados. La información recopilada por el Micivi evidencia los arreglos realizados para que la empresa Fame Sistema Constructivo, Sociedad Anónima, recibiera todos los negocios.

Para ello, Juan Carlos Alonzo Reyes y Oscar Guillermo Sierra Pacay, director y subdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), exigieron, en las bases para los contratos, que el material a emplearse en los establecimientos fuera Lego PVC, cuyo único proveedor es la compañía citada.

En fin, qué se puede esperar de un desgobierno que fue capaz de aprovecharse de la salud
de los compatriotas, para saquear las finanzas públicas mediante la compra anómala de
vacunas Sputnik.

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El vertedero a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa) pinta de cuerpo entero el fracaso que, como país, hemos tenido en el tratamiento de los desechos sólidos. La desidia con que ministerios y municipalidades han enfrentado el tema nos
tiene en una crisis ambiental, que obliga a suspender el sagrado derecho de los niños a estudiar.

De esa cuenta, hoy, el Organismo Ejecutivo que dirigen el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera deberá resolver un problema que sus antecesores y los responsables de los gobiernos locales anteriores fueron incapaces de visualizar y, menos aún, resolver.

La decisión del Consejo de Ministros de declarar el estado de calamidad, que permita hacer frente a los 44 incendios activos en el todo el territorio nacional, en especial, el del vertedero de Amsa, es apenas el inicio de un proceso que, más que recursos, requiere voluntad política y determinación.

Dicha medida, necesaria por la dimensión de los fuegos y la terrible contaminación que generan, forzosamente, debe incluir la decisión de cerrar el depósito que administra la Autoridad del lago, y obligar a las comunas que se encarguen del manejo y tratamiento de los residuos, responsabilidades que en otras naciones son vistas como oportunidades de desarrollo e ingresos económicos.

Las largas que los gobiernos anteriores dieron a la situación han vuelto inmanejable el asunto y una bomba de tiempo que explotará en cualquier momento. Como antecedente, conviene anotar que el relleno de Amsa se creó en 1999 para atender a nueve municipios.

En 2007, 13 jurisdicciones trasladaban sus desperdicios, lo que provocó que se exigiera el cierre en cinco años plazo. En 2024, 34 territorios trasladan su basura, por la incapacidad de los alcaldes para atender sus necesidades.

Cerrar los ojos ante este problema sería un graso error, máxime cuando se conoce el
camino a seguir, el cual pasa, insistimos, por voluntad política para cumplir y hacer cumplir lo que establece la Ley.

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