Esta trama era por muchos conocida, o por lo menos se sospechaba que así operaban los grandes medios.
En la debacle política provocada por las acciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) en contra de políticos, exfuncionarios y empresarios han salido a relucir aspectos que, aunque en el gremio de los comunicadores eran de conocimiento común, quizá en el imaginario colectivo pasaban un tanto desapercibidos.
Uno de estos aspectos es la supuesta participación de algunos medios de comunicación en los negocios ilícitos con personas ligadas al gobierno del Partido Patriota. En otras palabras, comisiones por pauta publicitaria, financiamiento de dicho partido para ayudarlo a alcanzar el poder y, una vez en el ejercicio de este, pasar la factura correspondiente.
Esta trama era por muchos conocida, o por lo menos se sospechaba que así operaban los grandes medios. Así se hizo durante muchos gobiernos de turno. Era un secreto a voces que en época de elecciones se hacían romerías para visitar, no precisamente al señor de Esquipulas, sino a otro muy poderoso, a quien incluso habían bautizado con el sugestivo sobrenombre de “el ángel de la democracia”. Vaya usted a saber cuál era la similitud o las virtudes de este hombre para merecer tan distinguido y honorable título.
Lo cierto es que, una vez señalados los canales de televisión abierta de negocios ilícitos con los funcionarios de turno, se inició un juego perverso donde otros noticieros han aprovechado para llevar agua a su molino; los dimes y diretes están a la orden del día, semejando una lucha de jaurías hambrientas por el control de las frecuencias televisivas y radiofónicas.
Esta lucha también se trasladó a medios impresos, que han sido señalados a nivel empresarial e individual de algunos periodistas de haber recibido prebendas de gobiernos pasados.
No puede decirse que haya en esta lucha un genuino deseo de construir ciudadanía, ni siquiera una actitud de informar objetivamente a la sociedad. Se ve a claras que las estrategias de manipulación que unos y otros utilizan son solo acciones que buscan desacreditarse públicamente. ¿Quién los puso a pelear? Es obvio que no fue la CICIG ni el MP, sino un interés económico, muy lucrativo por cierto, de tener en algunos casos y retener en otros, una buena tajada del pastel de las telecomunicaciones.
Esta guerra de medios ha traspasado la lucha entre hienas disputándose la carroña y comprometido a instituciones que, como la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) tienen algo que decir al respecto. La Sit, por su parte, revelando las condiciones en que fueron entregadas las frecuencias de radio y televisión; y la PGN, revisando los contratos para despejar dudas sobre su legitimidad. Mientras tanto, la ciudadanía se hastía por esta guerra que en nada contribuye a la profundización de la democracia.
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