La extradición de Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado. Considerado cabecilla del cartel de los Huistas, su captura, en Chiapas, México, el pasado 11 de marzo, y su reciente entrega a las autoridades de Estados Unidos, constituyen un golpe estratégico al narcotráfico que opera en la región.
La Embajada de EE. UU. en el país calificó la extradición como la más relevante en décadas y reconoció el papel de los departamentos de Estado y Justicia norteamericanos, así como de las carteras de Gobernación y Relaciones Exteriores de Guatemala y “ciertos fiscales del Ministerio Público”. El ministro del Interior, Francisco Jiménez, mostró su beneplácito ante estas acciones.
Especialistas en justicia y seguridad consideran que este hecho podría abrir líneas de investigación sobre las redes de poder que facilitaron su operación. “Lo importante será determinar a quiénes financió y quiénes llegaron al poder con su respaldo económico. Esto apenas es la punta del iceberg”, advirtió Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
7 extraditables por tráfico de drogas han sido capturados en lo que va del 2025.
La detención fue posible gracias a una coordinación entre Guatemala, México y Estados Unidos. Para Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), este tipo de cooperación es esencial para debilitar estructuras criminales con acceso a poder, recursos y violencia. “En el país no existen centros donde estos personajes puedan estar confinados sin riesgo”, señaló.
Samayoa figuraba entre los 100 fugitivos más buscados por agencias estadounidenses y las fuerzas de seguridad guatemaltecas. Su aprehensión refuerza la lucha contra el narcotráfico. Se espera que su testimonio en tribunales internacionales proporcione datos clave para desarticular estructuras incrustadas en la sociedad guatemalteca.
El Carnitas acepta ser juzgado en Estados Unidos
Allan Daniel Mendoza Mendoza, miembro del clan los Lorenzana, accedió voluntariamente a ser extraditado a Estados Unidos. La Corte del Distrito de Columbia lo requiere por conspiración para traficar cocaína y por portar armas para facilitar el narcotráfico.
Según el Ministerio Público, coordinaba envíos de droga en alianza con cárteles mexicanos. Fue aprehendido por las fuerzas antinarcóticas de la Policía Nacional Civil (PNC), el 17 de abril, en Cobán, Alta Verapaz. El Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará su traslado a territorio estadounidense.
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