COLUMNAS
La excelente CICIG (NO CICIG) de El Salvador (I)
Guatemala acudió a la Organización de las Naciones Unidas y convino con esta la creación de un ente internacional que viniera a coadyuvar en la lucha contra la Impunidad en Guatemala, habiéndose creado, así, entre ambas, como consecuencia de nuestra iniciativa y a través del pertinente acuerdo (tratado), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG).
La Comisión establecida tiene varios caracteres, entre estos, el de temporalidad, lo que es propio de toda Comisión (entre nosotros, que conste, existe el vicio de perpetuarlas, como es el caso de la Comisión Portuaria), habiéndose pactado para esta una duración de dos años, prorrogables, por voluntad de las partes (de ambas partes) lo que, en efecto, ha ocurrido, habiéndose pactado cuatro prórrogas, la última, solicitada y decidida por el actual Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, prórroga que vence en los primeros días del mes de septiembre de 2019 (el año entrante). Si vencida esta prórroga no se prorrogase –una vez más– a su vencimiento, la comisión establecida habría tenido una duración de doce años (lo que, en términos actuales, es el de toda una generación, lo que antes se computaba cada veinte). Además del carácter temporal señalado, se trata la Comisión que establecimos de un ente internacional no siendo, sin embargo, un órgano de la Organización de las Naciones Unidas ni siendo sus funcionarios, funcionarios suyos, lo que hace que sea un error –error por cierto común en nuestra prensa– referirse a estos como funcionarios de la Organización, sin serlo, lo que es aplicable al Comisionado y a todos cuantos la integran.
La independencia es otro de sus caracteres, crucial esa independencia para el correcto desempeño de sus funciones, independencia con respecto a sus propios creadores y –obviamente y con mayor razón– de cualquier tercero, incluidos los donantes que la hacen posible, donantes –esto es siempre bueno recordarlo– que no son parte del convenio celebrado. Uno de los fines de la Comisión establecida y –al final de cuentas– el más importante de sus fines es la transmisión de sus capacidades a las instituciones ordinarias del Estado, de tal forma que, cuando esta deje de existir, todas sus capacidades se las haya transmitido, las instituciones ordinarias las que, por sí solas, habrán de continuar con su tarea. La CICIG ha tenido aciertos en sus casi doce años de gestión y también desaciertos, citándose por esta misma, entre los primeros, los procesos promovidos en contra de dos expresidentes de la República, Otto Pérez Molina, procesado desde hace casi tres años y, desde entonces, guardando prisión preventiva, y Álvaro Colom, recientemente procesado y sometido también a prisión preventiva varios meses hasta que se le permitió, finalmente, su excarcelación bajo fianza.
Con respecto al primer proceso iniciado en contra del expresidente Pérez Molina
–en curso como todos los otros, ninguno con sentencia–, tuve la ocasión de leer la acusación que se le formula y me permití compartir a través de esta misma columna, hace ya un buen tiempo publicada en El Periódico, que si tal era la acusación y su fundamento probatorio, constituía esta acusación por sí misma y sin necesidad de comentario adicional alguno, su mejor defensa: En síntesis, cara al juzgador, una acusación sustentada en nada. En lo que respecta al proceso incoado en contra del expresidente Álvaro Colom y de todo su Gabinete de Gobierno –proceso también en curso, como todos–, sin necesidad de algo más señalé como insólito que este se sustentara en la “inconstitucionalidad” de un acuerdo gubernativo que fuera emitido en Consejo de Ministros y cuya inconstitucionalidad –parte medular del proceso incoado– aún no ha sido declarada, declaración general que solamente un tribunal podría hacer entre nosotros, la Corte de Constitucionalidad.
Grotesco, en verdad, ver al expresidente y a todo su Gabinete de Gobierno tratados como que si fueran delincuentes, el Acuerdo Gubernativo, en plena vigencia, sin seguimiento alguno del pisto y del manejo hecho de este por los empresarios del transporte, en jauja, empresarios y pisto. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apunta los procesos promovidos en contra de dos expresidentes de Guatemala, como sus más grandes logros, así como la prisión preventiva que ha hecho que ambos sufran y que en el caso del expresidente Pérez Molina, aún continúa.
La República de Honduras, siguiendo nuestros pasos, acudió ante la Organización de los Estados Americanos –más en confianza– en el sobaco de la confianza, como se acostumbra decir en el parnaso nicaragüense para crear un Comisión contra la Impunidad en Honduras, Comisión que fue creada con el nombre de Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH). En esta ocasión, sin embargo, no centraré mi atención en estas, sino en la CICIG (NO CICIG) de El Salvador, que no solamente ha perseguido a dos expresidentes, sino a tres y que ha logrado ya condenas y, así, la CICIG (NO CICIG) de El Salvador, logró en juicio la condena del expresidente Saca, incluso a través de un procedimiento abreviado. Arriñonado el exmandatario ante las pruebas y también, por la vía civil, la condena del expresidente Funes.
La libertad de expresión es clave para la consolidación de la democracia. Y la labor de informar es fundamental para que las personas puedan tomar mejores decisiones.
Por supuesto que los intereses son variados y cada uno prioriza lo que es de interés público según sus propios criterios. Los periodistas tenemos la labor de determinar qué es de interés público para nuestras audiencias, por eso cada medio tiene sus propios enfoques.
Claro que hay noticias que pueden ser de interés para unos y a la vez ser sin sentido para otros. Pero si los hechos afectan el diario vivir de la sociedad, desde lo moral hasta lo político, pasando por lo económico, lo social y lo cultural, seguro que son hechos de interés público.
Claro que hay noticias que pueden ser de interés para unos y a la vez ser sin sentido para otros.
Para esta determinación también existen los factores de interés periodístico, cuyo número varía dependiendo del teórico que los mencione. Personalmente me gusta la categorización que hacen Vicente Leñero y Carlos Marín en su Manual de Periodismo.
Según ellos, el primero de los factores debe ser la actualidad pues si un suceso no tiene esa cualidad, difícilmente será de interés público ya que los hechos entre más viejos, menos importantes se van haciendo para las personas, excepto que haya elementos novedosos que les impregnen de una nueva actualidad.
Y existe un factor que quizás sea un poco polémico. Se trata del conflicto. Los autores afirman que todo lo que tiene un punto de conflicto, es decir que parte las opiniones en grupos casi proporcionales, entonces es un factor que marca interés
periodístico.
En realidad, Leñero y Marín hablan de 11 factores, aunque en su Manual de Periodismo Independiente, Deborah Potter solo menciona siete.
A mi juicio, los ya mencionados, junto con la proximidad, podrían ser los más importantes. Y es que la proximidad nos marca razones físicas y psicológicas para que alguien se interese sobre un suceso.
Es decir que puede interesarle por su proximidad física (distancia entre lugares) como por su proximidad psicológica (relación mental con el lugar del suceso).
La prominencia también es importante resaltarla porque nos indica la importancia que tiene la persona o la entidad de la que se habla. Para un alto número de guatemaltecos, por ejemplo, resultará de elevado interés lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, pues un elevado número de habitantes practica dicha religión. Así, lo que diga el Papa o haga el Vaticano, serán asuntos de interés público, no sólo en Guatemala sino en muchos otros países.
Les escribo hoy sobre este tema, porque es importante que entendamos la labor periodística desde el punto de vista de quien emite la información para que le interese a quien la recibe. Y es que es la idea de este gobierno: “Informar lo que se tenga que informar”, para que las personas estén bien informadas y puedan tomar mejores decisiones para sus vidas.
Rodolfo Zelada
Periodista
La eficiencia en el combate al narcotráfico del actual gobierno salta a la vista. Los números no mienten. Solo al revisar la cuantificación total de todo lo incautado, entre el 1 de enero y el 8 de septiembre último, a este sector del crimen organizado y compararlo con el mismo período del año pasado, se establece que en el transcurso de 2024 hay una diferencia de 829 millones 986 mil 505.78 quetzales, más de lo registrado en 2023.
Datos del Quinto Viceministerio Antinarcóticos, del Ministerio de Gobernación, dirigido por Werner Ovalle, detallan que, en el transcurso de este año, el avalúo total de bienes incautados a estos grupos asciende a 1 mil 740 millones 611 mil 417.26 quetzales, contra los 910 millones 624 mil 911.48 quetzales en que se valoró el rubro total de lo decomisado en el mismo lapso del año pasado.
Estos números son reflejo de esfuerzo, dedicación y trabajo honesto, que también ha contado con el apoyo de otras instituciones.
El rubro destacado en las estadísticas se centra en las 10.8 toneladas de cocaína incautadas en el presente período, cuyo valor supera los 1 mil 107 millones de quetzales; que superan por mucho las 3.5 toneladas decomisadas en 2023, las cuales están valuadas en 356.9 millones de quetzales.
Los resultados de las acciones antinarcóticas también reflejan números superiores a los del año anterior en cuanto a la confiscación de marihuana, crack, dinero en efectivo, especialmente en dólares y euros; vehículos, embarcaciones y armas de fuego.
Además, la cifra de personas detenidas alcanza los 971 casos, 292 más que en 2023 cuando ocurrieron 679 aprehensiones. En este último renglón cabe resaltar que entre los capturados hay 13 con fines de extradición a Estados Unidos.
Mientras tanto, en materia de erradicación de plantaciones ilícitas, los registros dan cuenta de 1.4 millones de matas de marihuana y 1.5 millones de matas de amapola, en 2024, mientras que en el período anterior fueron 1.1 millones de marihuana y 667 mil 398 de amapola.
Estos números son reflejo de esfuerzo, dedicación y trabajo honesto, que también ha contado con apoyo de otras instituciones del Estado, así como de organismos internacionales y coordinación bilateral con fuerzas antinarcóticas de otras naciones, respaldo que da sustento y credibilidad a lo actuado por el Quinto Viceministerio y al Ministerio del Interior en general.
Las cifras descritas anteriormente, así como otras muchas que se manejan en los registros sirven para que agencias antinarcóticas internacionales, así como tanques de pensamiento puedan evaluar la gestión de las autoridades.
Sin embargo, existen personas y grupos, especialmente opositores al actual gobierno, que aseguran que no hay datos oficiales. Puede ser por desconocimiento o ignorancia. Lo cierto del caso es que acá puede aplicarse el dicho que reza: “No hay peor ciego que quien no quiere ver” y en este caso específico, como lo digo al principio de la columna, la eficiencia en el combate al narcotráfico del actual gobierno salta a la vista.
Por lo mismo, considero preciso, por medio de este espacio, reconocer la labor realizada hasta el momento, esperando que conforme transcurra el tiempo los logros puedan hacerse más evidentes, incluso con el apoyo de la ciudadanía, con el afán de hacer valer el actual eslogan de las fuerzas antinarcóticas: “Una Guatemala libre de drogas, es tarea de todos”.
Natalia González Bañados
Directora Centro de Derecho Regulatorio y Empresa
Preocupa el rumbo que está tomando la reforma de pensiones tras la firma del protocolo de acuerdo. Los datos de la Superintendencia de Pensiones muestran una caída de los cotizantes del sistema de AFP, encontrándose la mayor baja interanual en los diversos segmentos de cotizantes jóvenes.
A diferencia de lo que plantea la ministra del Trabajo que ha expuesto, sin antecedentes, que esa caída se debe a que las administradoras estarían deslegitimadas, los expertos asignan esa baja a los mayores niveles de informalidad en el empleo y al estancamiento de la situación económica.
Hay quienes sostienen que la reforma tendría un costo fiscal enorme.
Al mismo tiempo, los datos revelan que la población chilena está en un acelerado proceso de envejecimiento, lo que impacta en el número de ocupados jóvenes. Por ello, no se entiende que la reforma busque poner las fichas en ese grupo etario para sostener la solidaridad que se pretende bajo la figura de un empréstito, en que parte de la cotización adicional de las generaciones jóvenes no se destinaría a sus cuentas individuales de ahorro para la vejez, sino que sería prestada al Estado durante 20 años.
Hay quienes sostienen que postergar la reforma de pensiones tendría un costo fiscal enorme dada la necesidad de reforzar el pilar contributivo, pero lo que no se entiende es cómo sería sostenible el sistema que se propone si la primera y pesada piedra se carga a una generación de personas que es cada vez menor en número y con altos y crecientes niveles de informalidad laboral, situación respecto de la cual no solo parece hacerse poco y nada, sino que se legisla para agravarla. Tampoco se entiende que bajo este “seguro social” se regrese a la idea de introducir un componente de reparto en el sistema con otro formato y con visos “nocionales” (modelo antes desechado y fuertemente criticado por la oposición).
El hecho de que sea “transitorio”, por 20 años y, en principio, más acotado en cuanto a los beneficiarios, no hace más leve la falta, considerando que la experiencia muestra que no hay nada más permanente que las políticas transitorias y nada más creciente que lo que en principio intentó focalizarse. Pero, además, la tasa de interés a la que los jóvenes prestarían recursos al Estado sería más baja comparada con otras a las que este se endeuda y con la que ofrece el sistema de AFP.
Ello deviene en que la propuesta de un gobernante joven sea, paradojalmente, muy injusta para los propios jóvenes que, cuando se jubilen, no recibirán
beneficios.
