Guatemala acudió a la Organización de las Naciones Unidas y convino con esta la creación de un ente internacional que viniera a coadyuvar en la lucha contra la Impunidad en Guatemala, habiéndose creado, así, entre ambas, como consecuencia de nuestra iniciativa y a través del pertinente acuerdo (tratado), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG).
La Comisión establecida tiene varios caracteres, entre estos, el de temporalidad, lo que es propio de toda Comisión (entre nosotros, que conste, existe el vicio de perpetuarlas, como es el caso de la Comisión Portuaria), habiéndose pactado para esta una duración de dos años, prorrogables, por voluntad de las partes (de ambas partes) lo que, en efecto, ha ocurrido, habiéndose pactado cuatro prórrogas, la última, solicitada y decidida por el actual Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, prórroga que vence en los primeros días del mes de septiembre de 2019 (el año entrante). Si vencida esta prórroga no se prorrogase –una vez más– a su vencimiento, la comisión establecida habría tenido una duración de doce años (lo que, en términos actuales, es el de toda una generación, lo que antes se computaba cada veinte). Además del carácter temporal señalado, se trata la Comisión que establecimos de un ente internacional no siendo, sin embargo, un órgano de la Organización de las Naciones Unidas ni siendo sus funcionarios, funcionarios suyos, lo que hace que sea un error –error por cierto común en nuestra prensa– referirse a estos como funcionarios de la Organización, sin serlo, lo que es aplicable al Comisionado y a todos cuantos la integran.
La independencia es otro de sus caracteres, crucial esa independencia para el correcto desempeño de sus funciones, independencia con respecto a sus propios creadores y –obviamente y con mayor razón– de cualquier tercero, incluidos los donantes que la hacen posible, donantes –esto es siempre bueno recordarlo– que no son parte del convenio celebrado. Uno de los fines de la Comisión establecida y –al final de cuentas– el más importante de sus fines es la transmisión de sus capacidades a las instituciones ordinarias del Estado, de tal forma que, cuando esta deje de existir, todas sus capacidades se las haya transmitido, las instituciones ordinarias las que, por sí solas, habrán de continuar con su tarea. La CICIG ha tenido aciertos en sus casi doce años de gestión y también desaciertos, citándose por esta misma, entre los primeros, los procesos promovidos en contra de dos expresidentes de la República, Otto Pérez Molina, procesado desde hace casi tres años y, desde entonces, guardando prisión preventiva, y Álvaro Colom, recientemente procesado y sometido también a prisión preventiva varios meses hasta que se le permitió, finalmente, su excarcelación bajo fianza.
Con respecto al primer proceso iniciado en contra del expresidente Pérez Molina
–en curso como todos los otros, ninguno con sentencia–, tuve la ocasión de leer la acusación que se le formula y me permití compartir a través de esta misma columna, hace ya un buen tiempo publicada en El Periódico, que si tal era la acusación y su fundamento probatorio, constituía esta acusación por sí misma y sin necesidad de comentario adicional alguno, su mejor defensa: En síntesis, cara al juzgador, una acusación sustentada en nada. En lo que respecta al proceso incoado en contra del expresidente Álvaro Colom y de todo su Gabinete de Gobierno –proceso también en curso, como todos–, sin necesidad de algo más señalé como insólito que este se sustentara en la “inconstitucionalidad” de un acuerdo gubernativo que fuera emitido en Consejo de Ministros y cuya inconstitucionalidad –parte medular del proceso incoado– aún no ha sido declarada, declaración general que solamente un tribunal podría hacer entre nosotros, la Corte de Constitucionalidad.
Grotesco, en verdad, ver al expresidente y a todo su Gabinete de Gobierno tratados como que si fueran delincuentes, el Acuerdo Gubernativo, en plena vigencia, sin seguimiento alguno del pisto y del manejo hecho de este por los empresarios del transporte, en jauja, empresarios y pisto. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apunta los procesos promovidos en contra de dos expresidentes de Guatemala, como sus más grandes logros, así como la prisión preventiva que ha hecho que ambos sufran y que en el caso del expresidente Pérez Molina, aún continúa.
La República de Honduras, siguiendo nuestros pasos, acudió ante la Organización de los Estados Americanos –más en confianza– en el sobaco de la confianza, como se acostumbra decir en el parnaso nicaragüense para crear un Comisión contra la Impunidad en Honduras, Comisión que fue creada con el nombre de Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH). En esta ocasión, sin embargo, no centraré mi atención en estas, sino en la CICIG (NO CICIG) de El Salvador, que no solamente ha perseguido a dos expresidentes, sino a tres y que ha logrado ya condenas y, así, la CICIG (NO CICIG) de El Salvador, logró en juicio la condena del expresidente Saca, incluso a través de un procedimiento abreviado. Arriñonado el exmandatario ante las pruebas y también, por la vía civil, la condena del expresidente Funes.
