La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) analiza interponer denuncias penales ante el Ministerio Público contra 70 establecimientos educativos privados de diferentes departamentos, cuyos dueños habrían incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito, indicó Silvia Escobar, titular de esa entidad.
De acuerdo con la funcionaria, en estos colegios se estarían realizando cobros indebidos, “por lo que también se solicitará al Ministerio de Educación accionar para que se devuelva el dinero a los padres de familia afectados”.
Escobar acudió a una reunión con el diputado Selvin García, quien impulsa en el Congreso la creación de una ley que regule el funcionamiento y los servicios ofrecidos por estos centros de instrucción, “con el propósito de evitar anomalías y garantizar la calidad educativa”, según expresó.
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