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COLUMNAS

La Constitución y el agua 

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El artículo 127 de la Constitución Política de la República, vigente desde el 31 de mayo de 1985, esdecir, desde hace más de treinta y tres años, estableció que el aprovechamiento, uso y goce de las aguas sería objeto de una ley específica. ¿Dónde está, treinta y tres años después, esta ley específica a que se refiere el artículo? ¿Se tratará, acaso, de la ley de aguas, en estado de proyecto aún y que duerme el sueño de los justos, el mismo sueño que acompaña al proyecto de reforma constitucional de Pro Reforma (el de Manuel Ayau)? El mandato del artículo 127, al igual que tantos otros mandatos constitucionales, treinta y tres años después continúa incumplido, y, a la presente fecha, no existe la ley citada, una ley específica que regulase la materia y que, desde entonces, hace treinta y tres años, debió de promulgarse. La Constitución dijo –y dice, mandó y manda– que las aguas son bienes de dominio público –inalienables e imprescriptibles y en consecuencia– que su aprovechamiento, uso y goce se otorgan de acuerdo con el interés social, en la forma establecida por la Ley.

En la forma establecida, ¿por qué ley? Más de treinta y tres años después, seguimos sin la ley específica que la Constitución mandó –y manda– y mal podrían otorgarse el aprovechamiento, uso y goce de las aguas – bienes públicos, las aguas –en la forma establecida por la Ley– cuándo no existe ley que establezca esa forma y que, de conformidad con el propio texto constitucional, debería establecerla de acuerdo con el interés social.

Tal lo que manda la Constitución, el pacto de paz social que rige entre nosotros y, en consecuencia, incumplido lo que esta manda, el pacto de paz social está incumplido. ¿Cómo podemos pretender que exista paz social entre nosotros si incumplimos el pacto de paz social que establecimos? El artículo 128, en los mismos términos que el 127 establece que el aprovechamiento de las aguas (el agua de los lagos y de los ríos) está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, y establece sobre los usuarios de estas aguas la obligación de reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como la de facilitar las vías de acceso a estas.

La Constitución no puede ni debe regularlo todo –norma que prevalece sobre cualquier ley o tratado– y se limita a establecer lo fundamental, lo que no puede ser contrariado por las normas ordinarías, debiendo ser –las normas ordinarias– las que den desarrollo a lo que esta manda, sin contradecirlo ni tergiversarlo. La ley específica a que se refiere la Constitución

–ley aún inexistente– más de treinta y tres años después de que ordenó que se diera tiene, por mandato constitucional expreso, los categóricos parámetros para hacerse por cuanto que todo cuanto establezca debe hacerlo de acuerdo con el interés social y, en lo que se refiere al aprovechamiento de las aguas de lagos y ríos, además de hacerlo de acuerdo con ese interés, deberá desarrollarlo al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. ¿Dónde está la ley específica que manda la Constitución que rija el aprovechamiento, el uso y el goce de las aguas? ¿Se aprovechan, usan y gozan las aguas como la Constitución lo manda? ¿Cómo lo manda el pacto de paz social entre nosotros? ¿Se hace de acuerdo con el interés social? En lo que respecta a las aguas de lagos y ríos ¿Se hace su aprovechamiento al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna? ¿Cómo podemos pretender que pueda existir paz social entre nosotros si no cumplimos el pacto de paz social que establecimos? La ley de aguas, se trata de una más de las tantas leyes ordenadas por la Constitución que siguen brillando por su ausencia. A nadie debería asustar el desarrollo de los preceptos constitucionales en esta materia, preceptos que no excluyen la propiedad privada, que bien puede servir esta propiedad en mejor forma al interés social –conlleva cuido– extremo este, por ejemplo, que admite el más amplio de los debates, debate a realizarse por diputados que hagan sentir a los ciudadanos que, a través suyo, se encuentran representados en el Congreso y que, en efecto, se encuentren.

Existe proyecto de ley de aguas en el Congreso de la República, y si malo el incumplimiento de la norma constitucional que ordena su existencia –permítaseme la prevención, también sería malo, incluso peor– que se emitiera contradiciendo o tergiversando lo que manda. Debe atenerse la ley a que las aguas –todas– son bienes de dominio público, y que estos, los bienes de dominio público, son bienes del Estado, tal lo establecido por el artículo 121, y atenerse a lo establecido en los artículos 127 y 128, todos de la Constitución de la República. El artículo 121, en su literal b) se refiere también, cómo bienes del Estado, a las aguas no aprovechadas por los particulares, redacción que, a contrario sensu, afirma –implícitamente– que no lo son, que no son aguas del Estado –en la extensión y término que fije la Ley– si aprovechadas por estos. El artículo 121 se refiere, también, en consecuencia, a esa ley ordinaria que debió desarrollar los preceptos constitucionales sobre el agua, ley ordenada por la Constitución desde hace treinta y tres años y que lo sigue ordenando, incumplido el mandato, desde entonces, falta de regulación que en nada favorece a quienes, privadamente, la aprovechan; es decir, a su propiedad privada. ¡Se asusta, entre nosotros, con el petate del muerto! ¿Hablaremos alguna vez en serio, entre nosotros, o seguiremos haciendo de las campañas electorales una patética zarabanda entre pollos y conejos? ¿Qué le dijo el pollo al conejo y qué le dijo el conejo al pollo? Tal la sesuda campaña presidencial alentada en 1999 por la prensa de siempre, repetía lo ocurrido en la anterior y habría de ocurrir en las otras ¡Ah, la deliciosa profundidad de nuestros medios “periodiqueros”, que no periodísticos! Y, por cierto, ¿alguna referencia seria, alguna vez, a la ordenación del agua? ¿A la ley de aguas? ¿Hablaremos en serio, alguna vez?

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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Gobierno de Guatemala

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