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COLUMNAS

La Constitución y el agua 

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El artículo 127 de la Constitución Política de la República, vigente desde el 31 de mayo de 1985, esdecir, desde hace más de treinta y tres años, estableció que el aprovechamiento, uso y goce de las aguas sería objeto de una ley específica. ¿Dónde está, treinta y tres años después, esta ley específica a que se refiere el artículo? ¿Se tratará, acaso, de la ley de aguas, en estado de proyecto aún y que duerme el sueño de los justos, el mismo sueño que acompaña al proyecto de reforma constitucional de Pro Reforma (el de Manuel Ayau)? El mandato del artículo 127, al igual que tantos otros mandatos constitucionales, treinta y tres años después continúa incumplido, y, a la presente fecha, no existe la ley citada, una ley específica que regulase la materia y que, desde entonces, hace treinta y tres años, debió de promulgarse. La Constitución dijo –y dice, mandó y manda– que las aguas son bienes de dominio público –inalienables e imprescriptibles y en consecuencia– que su aprovechamiento, uso y goce se otorgan de acuerdo con el interés social, en la forma establecida por la Ley.

En la forma establecida, ¿por qué ley? Más de treinta y tres años después, seguimos sin la ley específica que la Constitución mandó –y manda– y mal podrían otorgarse el aprovechamiento, uso y goce de las aguas – bienes públicos, las aguas –en la forma establecida por la Ley– cuándo no existe ley que establezca esa forma y que, de conformidad con el propio texto constitucional, debería establecerla de acuerdo con el interés social.

Tal lo que manda la Constitución, el pacto de paz social que rige entre nosotros y, en consecuencia, incumplido lo que esta manda, el pacto de paz social está incumplido. ¿Cómo podemos pretender que exista paz social entre nosotros si incumplimos el pacto de paz social que establecimos? El artículo 128, en los mismos términos que el 127 establece que el aprovechamiento de las aguas (el agua de los lagos y de los ríos) está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, y establece sobre los usuarios de estas aguas la obligación de reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como la de facilitar las vías de acceso a estas.

La Constitución no puede ni debe regularlo todo –norma que prevalece sobre cualquier ley o tratado– y se limita a establecer lo fundamental, lo que no puede ser contrariado por las normas ordinarías, debiendo ser –las normas ordinarias– las que den desarrollo a lo que esta manda, sin contradecirlo ni tergiversarlo. La ley específica a que se refiere la Constitución

–ley aún inexistente– más de treinta y tres años después de que ordenó que se diera tiene, por mandato constitucional expreso, los categóricos parámetros para hacerse por cuanto que todo cuanto establezca debe hacerlo de acuerdo con el interés social y, en lo que se refiere al aprovechamiento de las aguas de lagos y ríos, además de hacerlo de acuerdo con ese interés, deberá desarrollarlo al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. ¿Dónde está la ley específica que manda la Constitución que rija el aprovechamiento, el uso y el goce de las aguas? ¿Se aprovechan, usan y gozan las aguas como la Constitución lo manda? ¿Cómo lo manda el pacto de paz social entre nosotros? ¿Se hace de acuerdo con el interés social? En lo que respecta a las aguas de lagos y ríos ¿Se hace su aprovechamiento al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna? ¿Cómo podemos pretender que pueda existir paz social entre nosotros si no cumplimos el pacto de paz social que establecimos? La ley de aguas, se trata de una más de las tantas leyes ordenadas por la Constitución que siguen brillando por su ausencia. A nadie debería asustar el desarrollo de los preceptos constitucionales en esta materia, preceptos que no excluyen la propiedad privada, que bien puede servir esta propiedad en mejor forma al interés social –conlleva cuido– extremo este, por ejemplo, que admite el más amplio de los debates, debate a realizarse por diputados que hagan sentir a los ciudadanos que, a través suyo, se encuentran representados en el Congreso y que, en efecto, se encuentren.

Existe proyecto de ley de aguas en el Congreso de la República, y si malo el incumplimiento de la norma constitucional que ordena su existencia –permítaseme la prevención, también sería malo, incluso peor– que se emitiera contradiciendo o tergiversando lo que manda. Debe atenerse la ley a que las aguas –todas– son bienes de dominio público, y que estos, los bienes de dominio público, son bienes del Estado, tal lo establecido por el artículo 121, y atenerse a lo establecido en los artículos 127 y 128, todos de la Constitución de la República. El artículo 121, en su literal b) se refiere también, cómo bienes del Estado, a las aguas no aprovechadas por los particulares, redacción que, a contrario sensu, afirma –implícitamente– que no lo son, que no son aguas del Estado –en la extensión y término que fije la Ley– si aprovechadas por estos. El artículo 121 se refiere, también, en consecuencia, a esa ley ordinaria que debió desarrollar los preceptos constitucionales sobre el agua, ley ordenada por la Constitución desde hace treinta y tres años y que lo sigue ordenando, incumplido el mandato, desde entonces, falta de regulación que en nada favorece a quienes, privadamente, la aprovechan; es decir, a su propiedad privada. ¡Se asusta, entre nosotros, con el petate del muerto! ¿Hablaremos alguna vez en serio, entre nosotros, o seguiremos haciendo de las campañas electorales una patética zarabanda entre pollos y conejos? ¿Qué le dijo el pollo al conejo y qué le dijo el conejo al pollo? Tal la sesuda campaña presidencial alentada en 1999 por la prensa de siempre, repetía lo ocurrido en la anterior y habría de ocurrir en las otras ¡Ah, la deliciosa profundidad de nuestros medios “periodiqueros”, que no periodísticos! Y, por cierto, ¿alguna referencia seria, alguna vez, a la ordenación del agua? ¿A la ley de aguas? ¿Hablaremos en serio, alguna vez?

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Modernización de la gestión pública en las instituciones públicas (III)

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Israel Gómez Córdova
Jefe Departamento de Documentación y Divulgación
[email protected]

Todo ello exige a los gobiernos visiones estratégicas, coherencia en las políticas, coordinación en su ejecución y actores sociales que operen conforme a reglas e incentivos adecuados para permitir el desarrollo de sus potencialidades y capacidades.

Además, los gobiernos gestionan las condiciones y la calidad de vida de las personas; dadas las enormes necesidades insatisfechas de la mayoría de los ciudadanos, concentran mucho de las demandas y expectativas en cuanto a su atención dentro de las instituciones públicas.

En esta misma línea, las competencias delegadas a los gobiernos son aquellas que, correspondiendo legalmente a la nación, se atribuyen para su ejecución, supervisión, vigilancia o control a las autoridades.
Actualmente los gobiernos están adoptando como política en su sistema funcional la Modernización de la Gestión Pública; a fin de caracterizarse por fomentar mecanismos para fortalecer sus capacidades en cuanto a la atención de los ciudadanos y promover la idoneidad de la gestión e imagen institucional.

Es menester que deba ir acompañada con los recursos necesarios.

En este sentido, la ciudadanía responde con satisfacción y participa activamente asegurando que las instituciones que los representan se organicen en sus aspectos funcionales para atender las necesidades de ellos basándose en los enfoques de derechos humanos.

Así también, la modernización de la gestión pública ha ido trascendiendo; en estos últimos tiempos, se ha vinculado al gobierno abierto y electrónico, promoviendo las buenas prácticas de atención a los ciudadanos.

No obstante, es sugerible analizar las conclusiones de diferentes estudios a fin de identificar los principales aportes sobre la modernización de la gestión pública y su influencia en la atención a la ciudadanía desde las instituciones públicas en los últimos años.

Es evidente que para que la modernización de la gestión pública sea eficaz, es menester que deba ir acompañada con los recursos necesarios para poder satisfacer los requerimientos en la atención a los ciudadanos.

Además, también es necesario que la política de modernización de la gestión pública sea implementada con urgencia en las instituciones y poderes del Estado que aún podrían estar en proceso, con la finalidad de que se continúe maximizando la eficiencia de la gestión pública por parte de los funcionarios públicos en todas las instituciones de la administración pública.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Sobre el autismo y la madre Tierra

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António Guterres

Secretario General de las Naciones Unidas

[email protected]

Sobre el autismo. El 4 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, lo cual es una ocasión para reconocer y celebrar las importantes contribuciones de las personas con autismo en cada país y comunidad. 

Sin embargo, en todo el mundo esas personas siguen encontrándose con barreras que les impiden disfrutar de sus derechos fundamentales a la educación, el empleo y la inclusión social, propugnados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Como cuestión de derechos fundamentales, los gobiernos deben invertir en sistemas de apoyo comunitario más sólidos, programas de educación y capacitación inclusivos y soluciones accesibles y basadas en la tecnología para que las personas con autismo puedan disfrutar de los mismos derechos que las demás.  

Para ampliar el apoyo y la inversión en países y comunidades es imprescindible trabajar hombro a hombro con las personas con autismo y sus aliados. 

Hoy y todos los días, unámonos para hacer realidad sus derechos y lograr un mundo inclusivo y accesible para todos. 

Sobre la Madre Tierra. Dependemos de la naturaleza que nos da los alimentos que comemos, el aire que respiramos y el agua que bebemos.

La humanidad se comporta como ”hijo ingrato“ de la Madre Tierra.

Sin embargo, hemos sumido al mundo natural en el caos, envenenando nuestro planeta con la contaminación, aniquilando con gran liviandad especies y ecosistemas y desestabilizando el clima con las emisiones de gases de efecto invernadero. La humanidad se comporta como “hijo ingrato” de la Madre Tierra

Estas acciones perjudican a la naturaleza y a la humanidad. Estamos poniendo en peligro la producción de alimentos, contaminando el aire y los océanos, creando un medioambiente más peligroso y menos estable, y frenando el desarrollo sostenible. 

Juntos debemos restablecer la armonía con la naturaleza, adoptar modalidades de producción y consumo sostenibles y protegernos de los peligros, al tiempo que creamos empleo, reducimos la pobreza y promovemos el desarrollo sostenible.  

Esto significa poner freno a la pérdida de biodiversidad, poner fin a la contaminación y reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo.

Significa apoyar a los Pueblos Indígenas, a las comunidades locales y a las personas más afectadas por las crisis de la contaminación, el clima y la biodiversidad.

Significa ofrecer justicia climática a los países que se están llevando la peor parte del caos climático y movilizar rápidamente los fondos y la ayuda que necesitan para tomar medidas sobre el clima, proteger la naturaleza y promover el desarrollo sostenible. 

Los países deben elaborar nuevos planes nacionales sobre el clima acordes con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados centígrados, que pueden servir también como planes nacionales de transición o de inversión y que apuntalen el desarrollo sostenible para las generaciones futuras.

Por su parte, el G20 debe liderar la eliminación rápida, justa y financiada a nivel mundial de los combustibles fósiles, de forma progresiva, y poner fin a las subvenciones que destruyen la naturaleza, como las que financian la producción desenfrenada de plásticos que asfixian el planeta. 

Reparar las relaciones con la Madre Tierra es la madre de todos los retos de la humanidad. Debemos actuar, y rápido, para crear un futuro mejor para todos.

(La Asamblea General designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra a través de una resolución adoptada en 2009. También la fecha coincide con la Resolución 73/284, Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, 2021-2030).

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Rusia-Ucrania: lo que sucede y lo que vendrá (VI)

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Mathieu  González

Facultad de Artes Liberales

Predeciblemente, frente a esta situación la población rusa ha aumentado su racismo y su maltrato a las minorías étnicas y los emigrantes. Ante este panorama político y militar, ¿cuáles son los escenarios posibles? Junto a los problemas políticos internos en ambos bandos, especialmente en lo que concierne a las capacidades políticas para movilizar a la población, está el papel de otros países; en primer lugar, China, que si bien ha apoyado a Rusia, lo ha hecho de forma moderada.

China no ha aplicado hasta ahora sanciones económicas contra Rusia, aprovechando así las oportunidades de negocios abiertas, pero por otro lado no le ha proporcionado ayuda militar ni reconocido las anexiones de regiones ucranianas (esto último, por razones de política interna, ya que una modificación de fronteras sería perjudicial para la posición china en Taiwán y en el Tíbet).

Si China mantiene esta ambigüedad estratégica, las noticias son positivas para Ucrania, ya que a largo plazo ni Corea del Norte ni Irán tienen la capacidad de satisfacer las necesidades rusas.

Una política más asertiva por parte de China le daría a Putin medios de los que hoy en día no dispone.

En cambio, una política más asertiva por parte de China le daría a Putin medios de los que hoy en día no dispone, si bien aumentaría la dependencia de su régimen al gigante chino.

En segundo lugar están las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Un triunfo de Trump iría en interés de Putin, ya que una presidencia republicana reduciría, tal vez completamente, la ayuda a Ucrania.

Esto obligaría a los países europeos a aumentar aún más su ayuda, lo que, en las condiciones políticas actuales, no es seguro que pueda hacerse. En cambio, una reelección de Biden, sobre todo si va acompañada de un control demócrata del Parlamento, aseguraría por un tiempo más la ayuda desde Norteamérica.

Finalmente, en cuanto a la situación del frente, lo más probable es que en los próximos meses se presenten modificaciones locales que no tengan mayor importancia estratégica.

Como ya indicamos, los cambios en el frente serán producto de lo que se produce cuando uno de los bandos logra sobrepasar al otro en la capacidad de regenerar su fuerza, a partir de las capacidades de las que dispone. 

Colaborador DCA
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