COLUMNAS
La Constitución y el agua
El artículo 127 de la Constitución Política de la República, vigente desde el 31 de mayo de 1985, esdecir, desde hace más de treinta y tres años, estableció que el aprovechamiento, uso y goce de las aguas sería objeto de una ley específica. ¿Dónde está, treinta y tres años después, esta ley específica a que se refiere el artículo? ¿Se tratará, acaso, de la ley de aguas, en estado de proyecto aún y que duerme el sueño de los justos, el mismo sueño que acompaña al proyecto de reforma constitucional de Pro Reforma (el de Manuel Ayau)? El mandato del artículo 127, al igual que tantos otros mandatos constitucionales, treinta y tres años después continúa incumplido, y, a la presente fecha, no existe la ley citada, una ley específica que regulase la materia y que, desde entonces, hace treinta y tres años, debió de promulgarse. La Constitución dijo –y dice, mandó y manda– que las aguas son bienes de dominio público –inalienables e imprescriptibles y en consecuencia– que su aprovechamiento, uso y goce se otorgan de acuerdo con el interés social, en la forma establecida por la Ley.
En la forma establecida, ¿por qué ley? Más de treinta y tres años después, seguimos sin la ley específica que la Constitución mandó –y manda– y mal podrían otorgarse el aprovechamiento, uso y goce de las aguas – bienes públicos, las aguas –en la forma establecida por la Ley– cuándo no existe ley que establezca esa forma y que, de conformidad con el propio texto constitucional, debería establecerla de acuerdo con el interés social.
Tal lo que manda la Constitución, el pacto de paz social que rige entre nosotros y, en consecuencia, incumplido lo que esta manda, el pacto de paz social está incumplido. ¿Cómo podemos pretender que exista paz social entre nosotros si incumplimos el pacto de paz social que establecimos? El artículo 128, en los mismos términos que el 127 establece que el aprovechamiento de las aguas (el agua de los lagos y de los ríos) está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, y establece sobre los usuarios de estas aguas la obligación de reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como la de facilitar las vías de acceso a estas.
La Constitución no puede ni debe regularlo todo –norma que prevalece sobre cualquier ley o tratado– y se limita a establecer lo fundamental, lo que no puede ser contrariado por las normas ordinarías, debiendo ser –las normas ordinarias– las que den desarrollo a lo que esta manda, sin contradecirlo ni tergiversarlo. La ley específica a que se refiere la Constitución
–ley aún inexistente– más de treinta y tres años después de que ordenó que se diera tiene, por mandato constitucional expreso, los categóricos parámetros para hacerse por cuanto que todo cuanto establezca debe hacerlo de acuerdo con el interés social y, en lo que se refiere al aprovechamiento de las aguas de lagos y ríos, además de hacerlo de acuerdo con ese interés, deberá desarrollarlo al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. ¿Dónde está la ley específica que manda la Constitución que rija el aprovechamiento, el uso y el goce de las aguas? ¿Se aprovechan, usan y gozan las aguas como la Constitución lo manda? ¿Cómo lo manda el pacto de paz social entre nosotros? ¿Se hace de acuerdo con el interés social? En lo que respecta a las aguas de lagos y ríos ¿Se hace su aprovechamiento al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna? ¿Cómo podemos pretender que pueda existir paz social entre nosotros si no cumplimos el pacto de paz social que establecimos? La ley de aguas, se trata de una más de las tantas leyes ordenadas por la Constitución que siguen brillando por su ausencia. A nadie debería asustar el desarrollo de los preceptos constitucionales en esta materia, preceptos que no excluyen la propiedad privada, que bien puede servir esta propiedad en mejor forma al interés social –conlleva cuido– extremo este, por ejemplo, que admite el más amplio de los debates, debate a realizarse por diputados que hagan sentir a los ciudadanos que, a través suyo, se encuentran representados en el Congreso y que, en efecto, se encuentren.
Existe proyecto de ley de aguas en el Congreso de la República, y si malo el incumplimiento de la norma constitucional que ordena su existencia –permítaseme la prevención, también sería malo, incluso peor– que se emitiera contradiciendo o tergiversando lo que manda. Debe atenerse la ley a que las aguas –todas– son bienes de dominio público, y que estos, los bienes de dominio público, son bienes del Estado, tal lo establecido por el artículo 121, y atenerse a lo establecido en los artículos 127 y 128, todos de la Constitución de la República. El artículo 121, en su literal b) se refiere también, cómo bienes del Estado, a las aguas no aprovechadas por los particulares, redacción que, a contrario sensu, afirma –implícitamente– que no lo son, que no son aguas del Estado –en la extensión y término que fije la Ley– si aprovechadas por estos. El artículo 121 se refiere, también, en consecuencia, a esa ley ordinaria que debió desarrollar los preceptos constitucionales sobre el agua, ley ordenada por la Constitución desde hace treinta y tres años y que lo sigue ordenando, incumplido el mandato, desde entonces, falta de regulación que en nada favorece a quienes, privadamente, la aprovechan; es decir, a su propiedad privada. ¡Se asusta, entre nosotros, con el petate del muerto! ¿Hablaremos alguna vez en serio, entre nosotros, o seguiremos haciendo de las campañas electorales una patética zarabanda entre pollos y conejos? ¿Qué le dijo el pollo al conejo y qué le dijo el conejo al pollo? Tal la sesuda campaña presidencial alentada en 1999 por la prensa de siempre, repetía lo ocurrido en la anterior y habría de ocurrir en las otras ¡Ah, la deliciosa profundidad de nuestros medios “periodiqueros”, que no periodísticos! Y, por cierto, ¿alguna referencia seria, alguna vez, a la ordenación del agua? ¿A la ley de aguas? ¿Hablaremos en serio, alguna vez?
Lic. Ernesto Salvador Flores Jerez
Dirección General de Desarrollo Cultural
La Política Cultural Municipal (PCM) es un instrumento clave que integra un plan de acción y organización a nivel municipal con un enfoque a mediano y largo plazo. Su objetivo es impulsar el desarrollo cultural, posicionando a la cultura como un motor de crecimiento para las comunidades locales. Desde su inicio en 2016, se han formulado 130 PCM, que han sido aprobadas por sus respectivos consejos municipales, alcanzando un hito importante en 2024.
Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural, se centra en la descentralización de los procesos culturales, asegurando la salvaguarda y promoción de las expresiones culturales, tradiciones y patrimonio local.
Este proyecto se centra en la descentralización de los procesos culturales, asegurando la salvaguarda y promoción de las expresiones, tradiciones y patrimonio.
A lo largo de cinco fases, el proyecto busca involucrar a las autoridades edilicias, organizaciones de la sociedad civil y actores culturales locales, en un proceso colaborativo que refuerza la identidad y riqueza cultural de cada municipio.
La primera fase se enfoca en la vinculación entre el Ministerio de Cultura y Deportes con las autoridades municipales, asegurando el compromiso y aprobación del Concejo Municipal para formular la PCM.
En la segunda fase, se realizan encuentros presenciales en los municipios con la participación de actores culturales clave, en donde se discuten temas esenciales como las artes, patrimonio cultural y deporte, identificando problemáticas y soluciones para su desarrollo.
La tercera fase comprende la redacción de la propuesta de PCM, basada en la información recopilada durante los encuentros. Seguidamente, en la cuarta fase, se lleva a cabo un taller final para validar y corregir la propuesta antes de su presentación oficial al Concejo Municipal para su aprobación.
Finalmente, la quinta fase culmina con la entrega pública de las PCM a nivel nacional, un acto que formaliza el compromiso de las autoridades y actores culturales para la implementación de estas políticas. Este esfuerzo conjunto tiene como meta principal el rescate, la promoción y la preservación de la diversidad cultural y deportiva en cada municipio, fomentando el buen vivir y fortaleciendo el tejido social a través de la cultura.
Con estas acciones, la Política Cultural Municipal se consolida como una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades locales, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar y participar en la rica herencia cultural de sus municipios. Este 2024 se logra un éxito al acumular ya 130 PCM a nivel nacional.
Patricia Letona
Innovación y Relacionamiento Estratégico
¿Qué futuro le espera a un pueblo cuyo tejido social se ha roto, donde la mayor aspiración de sus jóvenes es encontrar los recursos necesarios para migrar?
¿Cómo hemos fallado como país para que la migración se haya convertido en la principal opción para garantizar el sustento económico?
Tan solo en el 2021, cerca de 300 mil guatemaltecos llegaron de manera irregular a la frontera sur con Estados Unidos, no todos lograron pasar. Muchos de ellos comprometieron todo su patrimonio familiar.
Conozco a guatemaltecos migrantes que desean regresar, pero no saben qué hacer al volver.
En lo profundo de Guatemala encontramos pueblos habitados casi en su totalidad por mujeres, niños y ancianos porque sus hombres y jóvenes ya han migrado. Estamos comprometiendo seriamente las posibilidades de nuestro país si no hacemos un alto e invertimos en la educación tanto de niñas como niños, de los jóvenes. No solo educación formal que de por sí es tan precaria, sino también en habilidades blandas y de desarrollo personal que les permitan encontrar oportunidades para desarrollar negocios en sus propias comunidades.
El impacto de esta fractura en el tejido social tiene dimensiones profundas. La migración no solo ha separado familias, sino que ha debilitado los lazos comunitarios que solían ser el pilar de la cohesión social en muchas aldeas guatemaltecas. La ausencia de los hombres ha reconfigurado la estructura familiar y ha impuesto mayores cargas sobre las mujeres, quienes, además de cuidar de sus hijos y del hogar, deben manejar la incertidumbre de si sus parejas lograrán enviar remesas regularmente y de si los volverán a ver.
Aunque las remesas son una fuente significativa de ingresos para muchas familias, no se traducen siempre en desarrollo económico sostenible ya que a menudo se destinan únicamente a cubrir necesidades básicas y consumo inmediato, en lugar de invertirse de manera productiva en negocios o ahorro a largo plazo. Sin conocimientos sobre cómo gestionar esos recursos de manera eficiente, las oportunidades para generar riqueza sostenible se ven reducidas. Esto perpetúa la dependencia económica y evita que las remesas se conviertan en un motor de desarrollo económico y social en las comunidades receptoras.
La dependencia económica de las remesas es otro factor preocupante. Si bien estas contribuyen a la economía familiar, no reemplazan la presencia emocional y física del padre o del joven migrante. A largo plazo, la migración de hombres podría transformar no solo la dinámica familiar, sino también la identidad misma de las comunidades.
Los niños crecen en un entorno donde la figura paterna o masculina está ausente, lo que afecta su desarrollo emocional y la transmisión de valores culturales y sociales.
Desde un punto de vista económico, ya se siente con intensidad la falta de mano de obra en sectores como la construcción, la agricultura o el transporte, donde muchos trabajadores han optado por migrar.
Conozco a guatemaltecos migrantes que desean regresar, pero no saben qué hacer al volver. Preguntan: ¿Cómo puedo tener una vida digna en Guatemala? ¿Cómo puedo poner un negocio o encontrar un buen trabajo? Muchos han logrado regresar y salir adelante, pero no es tarea fácil. La falta de oportunidades sigue siendo un reto para aquellos que desean volver y construir una vida en su propio país.
Es momento de que enfrentemos este fenómeno, no solo desde una perspectiva económica, sino desde una visión social y humana. La migración toca el corazón de nuestras comunidades. Sin hombres, sin jóvenes, los pueblos corren el riesgo de perder su esencia, y con ello, una parte fundamental de nuestra identidad como nación.
Comunicación y Relaciones Públicas – CONADI
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales; en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”. Este concepto nos recuerda que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos, sino un estado integral de bienestar que abarca nuestras dimensiones emocional, psicológica y social.
Para el 2024, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental será el 10 de octubre.
No podemos concebir la salud física sin cuidar la mental, ya que ambas están profundamente interrelacionadas. El bienestar mental influye directamente en el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico, y es un factor clave en la calidad de vida. Por ello, debemos entender que cultivar la salud mental va más allá de evitar enfermedades, implica construir un equilibrio que nos permita desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos de nuestra vida.
El autocuidado de la salud mental es importante, desde la niñez hasta la vejez. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos desafíos y factores que pueden fortalecer o debilitar nuestra salud mental: desde la estructura social y el entorno en el que vivimos, hasta las circunstancias personales que nos afectan. Estos determinantes influyen directamente en nuestra capacidad para manejar el estrés, las emociones y las relaciones, por lo que debemos incluir en nuestra rutina diaria prácticas de autocuidado orientadas a mejorar tanto la salud física como la mental.
Es preocupante que el gasto destinado a los servicios de salud mental a nivel mundial representa solo un 2.8 por ciento del gasto total en salud. Esta insuficiencia ha contribuido al aumento de problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, que a su vez impactan negativamente en la salud física. Esto refleja una falta de atención hacia un problema que afecta a millones de personas.
