La CIDH desnuda la instrumentalización del sistema de justicia

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), demuestra la cruda y penosa realidad de lo que se vive en el país. Basta leer el resumen ejecutivo para validar las observaciones que traslada el documento. No extraña, por ejemplo, que la CIDH suscriba que verificó, de primera mano, la crisis que atraviesa el sistema de justicia, derivado de “una serie de injerencias sistemáticas dirigidas a socavar la independencia judicial” y la lucha contra la corrupción. Tampoco sorprende que, para sustentar sus conclusiones, la Comisión acuñe el término instrumentalización, cuando refiere los despropósitos jurídicos en los que han incurrido el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad, entidades que, se lee en el informe, son acuerpadas por bancadas representadas en el Congreso y parte de la élite empresarial. En este sentido, ejemplifica esa instrumentalización (cooptación) con dos situaciones: los intentos de interferir en los resultados de las elecciones generales de 2023, y la criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas y liderazgos indígenas, sociales y políticos. Aunque la CIDH no especifica casos, es imposible evitar recordar las persecuciones contra exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP que dirigió Thelma Aldana, así como las sufridas por líderes campesinos e indígenas que defendieron los resultados electorales y el acoso del cual también son víctimas funcionarios de la actual administración.

De esa cuenta, se advierte que la criminalización se ha convertido en una “práctica generalizada”, gracias a la articulación del MP, OJ y CC, que perpetúan la impunidad y corrupción. “Es una connivencia” que ha facilitado “desalojos forzosos y la apropiación de territorios ancestrales”, subraya la CIDH, que valora la disposición del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera de autorizar la visita, luego de que las puertas del país estuvieron cerradas para ellos desde 2017. Los relatores censuran el trabajo de la actual Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que “actúa para blindar el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan”. Incluso, refiere un patrón criminal que cuenta con el respaldo de determinados juzgados y tribunales”.