Como se esperaba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se anduvo por las ramas. Sin miramientos, llamó a las cosas por su nombre y apellido.
En el informe preliminar, que emitió tras cinco días de entrevistas con representantes del Estado y sociedad civil organizada, plantea verdades absolutas como su convicción de que el Ministerio Público (MP), que responde a la fiscal general Consuelo Porras, criminaliza casos que no ameritan y que, casualmente, van contra quienes denuncian corrupción o adversan al llamado pacto de corruptos.
Luego de escuchar a Porras y a sus cercanos colaboradores, la comitiva, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió que se realice un examen independiente sobre el funcionamiento del MP.
En este sentido, los expertos expresaron la necesidad de que haya un verdadero sistema de pesos y contrapesos, que dé balance al funcionamiento de las instituciones y obvie las posiciones dictatoriales y déspotas como las adoptadas por fiscales, jueces y magistrados.
Los comisionados y relatores demandan al MP que pare la criminalización, responsable de uno de los períodos más negros en la historia del país en cuanto a exilios forzados de fiscales, jueces, periodistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos.
Además, la CIDH rechaza la excesiva prisión preventiva que ha sido impuesta por Porras y sus aliados, al tiempo de abogar porque se creen mecanismos que faciliten el retorno seguro de quienes salieron de Guatemala para evitar ser perseguidos y llevados a prisión de manera injusta.
La comitiva de la CIDH, a la cual los gobiernos de nuestro país no invitaban a visitarnos durante los últimos siete años, recomienda que se establezcan mecanismos para evitar la corruptela y a reestablecer la institucionalidad de los Acuerdos de Paz, suscritos entre 1991 y 1996.
Como la mayoría de connacionales que desean y luchan por el desarrollo inclusivo y permanente de los ciudadanos, en el diario oficial rogamos porque las sugerencias provoquen cambios en el actuar de las autoridades, quienes aún están a tiempo de redimirse y reescribir la historia.
