Luis Assardo
Periodista e investigador
El ciudadano digital se levanta, revisa sus redes sociales y durante el día revisa aplicaciones de mensajería, motores de búsqueda, correos, boletines de noticias y sitios de noticias.
El resto del día sigue consumiendo información noticiosa, de entretenimiento o formativa. Todo esto se ofrece de forma gratuita. ¿Cómo se cubre este costo? Con nuestra privacidad.
Que se tengan claros los conceptos y dónde puede obtener más información.
Las empresas que proporcionan estos servicios tienen modelos de financiamiento basados en la recopilación y ventas de datos personales, que son utilizados para crear perfiles psicográficos.
Aquellos que permiten identificar intereses, pasatiempos, desencadenantes emocionales y estilos de vida, entre otros. Nosotros consumimos los servicios que ofrecen y, muchas veces sin saberlo, a cambio les entregamos una radiografía de nuestro comportamiento digital.
Nadie lee enteros esos contratos de uso de las plataformas o aplicaciones. Y quienes lo hacen encontrarán una maraña de textos complejos que por diseño busca que el usuario no entienda. Además, hay poca transparencia en cómo se usan esos datos, cómo se almacenan y quienes tienen acceso. ¿Podemos hacer algo? Sí.
Muchas iniciativas a nivel global buscan que se establezcan marcos regulatorios. Otros invierten en algo más efectivo: los programas de alfabetización digital.
Que el ciudadano pueda, de forma sencilla, ajustar la configuración de los dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones que usa a diario.
Que sepa identificar cuáles navegadores ofrecen bloquear rastreadores, por ejemplo. Que se tengan claros los conceptos y dónde puede obtener más información o dónde consultar.
Las nuevas tecnologías avanzan exponencialmente sin acompañamiento formativo que reduzca esa brecha. Falta un empuje fuerte con políticas públicas que permitan al usuario ser competente en el uso de herramientas y tecnologías digitales; la comprensión y gestión de la información; y la comprensión de la privacidad y seguridad digital. Algo que Estado e iniciativa privada pueden aportar juntos y/o desde sus espacios.
