La administración pública como actor estratétigo (I)

Pese a los esfuerzos institucionalizados y al ímpetu generalizado en el combate a la corrupción, nuestro paradigma de administración pública continúa penetrado por la corrupción, y ante esta realidad, en la que se conjugan perversamente fines económicos y objetivos políticos, las distintas élites (algunas de ellas minorías organizadas emergentes), se encuentran midiendo fuerza para prevalecer tras la línea de fractura.

La línea de fractura, identificada como metáfora institucional que dejó expuesto el nivel de colapso en la realidad política nacional, tras los acontecimientos de corrupción que vieron la luz pública en el 2015; se trata desde luego, de una novedad sustancial que enfrenta a los actores, cuyos intereses pretenden hacer prevalecer en el paisaje político, económico y social de nuestra nación.

En materia de acción de Gobierno han sido más, las decisiones bien intencionadas las que la administración pública ha realizado; sin embargo, pese a la intencionalidad de asesores, de quienes producen inteligencia, de quienes racionalmente buscan maximizar los beneficios de su acción gubernamental, han provocado tantos oprobios como los que han querido solucionar.

Desde la antigüedad se conoce que el cambio es el hecho más constante de la vida, aunque paralelamente se ha aprendido que lo inmutable y lo permanente es el “ideal” al que nos aferramos con más tenacidad. Ello es comprensible y vigente, dado que ambos son como el movimiento y el reposo, correlativos. Sin el uno es imposible tener conciencia del otro.

En nuestra realidad nacional, eso es evidente en la correlación de élites que en la salvaguarda de sus intereses, se han posicionado como buscadores de rentas en un sistema caduco que degenera sistemáticamente la naturaleza del Gobierno, el estado de derecho y la tendencia actual de encarrilarnos hacia la posibilidad de un cambio de época en Guatemala.

Hoy por hoy, la ciudadanía no percibe madurez en quienes ostentan la función pública; esto por el no cumplimento de uno de los principales compromisos de Gobierno, representado entre los compromisos de Estado: la lucha contra la corrupción que logre cambiar el estigma que de Estado mafioso se arrastra como lastre desde el inicio de la “época democrática”; permitiendo el cambio de percepción de la ciudadanía vigilante y lista para ser el acicate que castigue o premie en los venideros procesos electorales.

Instituto Nacional de Administración Pública