Fernando Simón Yarza
Profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Navarra
No obstante, el Tribunal advierte que, “de no concederse la medida cautelar, y de prosperar la demanda en cuanto al fondo”, se produciría una grave lesión, de carácter irreparable, en el derecho de participación política del diputado recurrente.
Esta “violación irreversible y sustancial de sus derechos de participación” repercute en la “relación entre los órganos constitucionales”, y debe valorarse “en detrimento del Parlamento y de su autonomía”. Como ya he señalado, la resolución dictada por el Tribunal de Karlsruhe viene a abonar la tesis de quienes entendemos que el Tribunal Constitucional español, el pasado mes de diciembre, actuó de forma sustancialmente correcta.
De manera análoga a lo ocurrido en Alemania, la fuente de la agresión institucional que se produjo en nuestro país fueron dos modificaciones parciales a una proposición de ley orgánica; y, también aquí, fueron diputados los que solicitaron la suspensión de la tramitación legislativa en aras de la tutela de sus derechos de participación política.
El Tribunal Constitucional español suspendió el procedimiento mediante un auto.
El Tribunal Constitucional español suspendió el procedimiento mediante un auto, dictado el 19 de diciembre, cuya cobertura legal no es en absoluto inferior a la que la que su homólogo alemán tiene a su alcance. El acierto del Tribunal Constitucional español en suspender cautelarmente la tramitación de las enmiendas en diciembre no nos puede llevar a ignorar, de todos modos, los rendimientos espurios que las enmiendas ilegítimas cosecharon como instrumento de presión.
Si, parafraseando al humilde molinero prusiano en su disputa con Federico II el Grande, podemos afirmar que “todavía hay jueces en Karlsruhe”, más dudas suscita el estado en que el Gobierno de España ha dejado al Tribunal Constitucional en esta legislatura. En cuanto a las reacciones que han suscitado las resoluciones de los distintos tribunales en sus respectivos países, el contraste resulta igualmente llamativo.
En España, el 20 de diciembre de 2022, el presidente del Gobierno acusó al Tribunal Constitucional de ser un poder al servicio del PP; y, en tono amenazante, dijo que el Parlamento iba a hablar alto y claro. En Alemania, según ha informado el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el líder del grupo parlamentario socialista del SPD, Rolf Mützenich, afirmó:
“Tomamos nota de la decisión del Tribunal Constitucional Federal, y no adoptaremos más decisiones en el Bundestag esta semana”. Por su parte, el portavoz liberal del FDP, también miembro de la coalición gubernamental que presentó la norma suspendida, manifestó igualmente su respeto por la decisión adoptada.
