EN EL PAÍS
Juzgado de Mayor Riesgo C conocerá caso contra banda de traficantes
El Ministerio Público (MP) dio a conocer que será el Juzgado de Mayor Riesgo C el que conocerá el caso denominado Operación Mesoamérica, en el cual se ejecutaron nueve capturas el pasado 28 de junio durante operativos contra una estructura dedicada al tráfico de personas.
El Ministerio Público (MP) dio a conocer que será el Juzgado de Mayor Riesgo C el que conocerá el caso denominado Operación Mesoamérica, en el cual se ejecutaron nueve capturas el pasado 28 de junio durante operativos contra una estructura dedicada al tráfico de personas.
Según la Fiscalía contra la Trata de Personas, la red criminal Leo Pasapera, que fue desarticulada en el operativo desarrollado, se dedicaba a trasladar de forma ilegal hacia Estados Unidos a migrantes procedentes de países de África, Asia, América del Sur, Islas del Caribe y Centroamérica.
El operativo en el cual se desarticuló la estructura trasnacional se llevó a cabo el mes pasado en Guatemala, Brasil, Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador. En total se realizaron 26 allanamientos a nivel regional y se ejecutaron 35 capturas.
De acuerdo con investigaciones del MP, la organización criminal era dirigida por Luis Leonardo Mejía Pasapera, alias Leo, de nacionalidad peruana, quien se encuentra entre los nueve detenidos en nuestro país.
Los demás detenidos son: Mario Ortega Peñate, Kerwin Estuardo Matul Castillo, Auner Iván Solís López, Ricardo Ortega Peñate, Lorenzo Iboy, Gerson Soyimar Franco Pacheco, Roger Daniel Zepeda Enríquez y Elvis Emilser López Ramírez. Todos, incluido Pasapera, son señalados de los delitos de tránsito ilegal de personas, tráfico ilícito de migrantes y asociación ilícita.
La mencionada agrupación cobraba entre 7 mil y 25 mil dólares a cada uno de los migrantes y tenía capacidad de trasladar entre 100 y 150 personas cada mes. El presunto cabecilla recibía 1 mil dólares por cada traslado.
EN EL PAÍS
Buscan más acción contra la pobreza
Organizaciones no gubernamentales definirán una agenda común en apoyo a los guatemaltecos más vulnerables
Definir acciones para trabajar de manera conjunta en el combate de la pobreza es el objetivo del V Congreso Nacional de ONG, que se realiza en la capital de Guatemala, informó la presidenta en funciones, Karin Herrera.
En ese sentido, Herrera afirmó que en el encuentro, que comenzó ayer y finalizará mañana, se establecerá una agenda común con el fin de conocer y buscar salidas a las necesidades de la población rural.
“Es importante tener una hoja de ruta, trabajar unidos en diferentes sectores para continuar mejorando las condiciones de los guatemaltecos más necesitados”, manifestó.
Planes a futuro
Por su parte, William Mazariegos, director ejecutivo de la entidad Asindes, que aglutina a 26 ONG, señaló que el evento pretende integrar a las organizaciones, para formular planes a futuro.
Mazariegos agregó que parte de las acciones es coordinar el trabajo con agencias internacionales, para obtener financiamientos y hablar con las municipalidades acerca del rol de las oenegés. “Queremos que las organizaciones no gubernamentales legítimas ocupen los espacios intersectoriales”, expresó.
De acuerdo con Mazariegos, durante estos tres días se espera establecer los acuerdos mínimos de la agenda común, darle seguimiento, lograr consensos y consolidarla en, aproximadamente,
cuatro meses.
El director de Asindes indicó que su organización llega a 500 mil familias, beneficiándolas con proyectos de desarrollo agrícola y exportación. Aquellos hogares que no tienen terrenos se les apoya con alimentos y educación nutricional, aseguró.
Además, la entidad cuenta con programas de microcréditos para impulsar el desarrollo económico y programas de vivienda y salud para las personas más necesitadas.
El Congreso de la República remitió ayer al Organismo Ejecutivo el decreto 18-2024 que contiene las reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado que incrementa las pensiones a los jubilados, para que sea sancionado por el presidente Bernardo Arévalo.
“Luego de concluir la fase de recepción de observaciones u objeciones, y al no recibir ninguna, el mismo fue trasladado”, informó el Legislativo. El documento fue recibido por la Secretaría General de la Presidencia.
La normativa establece que “las pensiones no serán menores al salario mínimo no agrícola vigente para 2024, ni mayores a 7 mil quetzales mensuales”, y para compensar la pérdida de poder adquisitivo autoriza, además, un aumento general a todas las retribuciones ya otorgadas, por un monto de 1 mil quetzales,
a partir de 2025.
También establece revisar cada cuatro años las cuantías asignadas a las jubilaciones para efectuar el aumento que corresponda, según los estudios actuariales que se elaboren, de las cuales, la primera se realizará cuatro años posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Una supervisión para verificar si el país cumple con las medidas de seguridad, especialmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), empezó ayer la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que concluirá el próximo 3 de octubre.
La evaluación busca determinar “si se están cumpliendo los protocolos, lineamientos y planes nacionales, entre otros, para mantener la seguridad aeroportuaria”, afirmó Erick Uribio, gerente
general del AILA.
De esa cuenta, inspeccionarán si, por ejemplo, se efectúan los patrullajes dentro y fuera del aeródromo, que los usuarios estén pasando por los escáneres, así como determinar qué artículos ingresan y cómo lo hacen, explicó.
Si tras la fiscalización encuentran inconvenientes establecen las medidas correctivas que se requieran y de no atenderse en el plazo que ellos fijan, el aeropuerto puede perder su categoría.
“Esta es una inspección integral que realiza la OACI, cada cierto tiempo a los Estados miembros del Convenio de Chicago, para comprobar el estado de los sistemas de supervisión de seguridad de aviación civil”, señaló la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en un comunicado de prensa.
