La condena de 11 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, parcialmente impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, el 4 de octubre de este año, a la jueza Jisela Reinoso Trujillo, ha sentado un precedente en nuestro ordenamiento jurídico, pues de aquí en adelante, los operadores de justicia se la pensarán dos veces para emitir fallos que atenten contra el régimen de legalidad.
Indubitablemente, la persecución penal ha proporcionado golpes certeros a la corrupción y a la impunidad, que se resisten a abandonar la comodidad de su reinado en la institucionalidad del país, valiéndose de togados inescrupulosos, ímprobos e inmorales que emiten dictámenes en favor de la corrupción y de las organizaciones criminales.
Toda vez que lo único por lo cual se esmeran es para agenciarse de dinero malhabido cambiando de la noche a la mañana su situación socioeconómica, burlándose de la justicia a la que paradójicamente representan. ¡Vaya magistraturas!
Por supuesto que la lucha de la justicia por erradicar la corrupción y la impunidad continúa, pues hay otros casos que son de interés nacional en los cuales están involucrados exjuzgadores que aguardan el veredicto judicial de los procesos que se siguen en su contra, para conocer si son sentenciados o absueltos de los delitos que se les imputan.
En ese sentido, la sociedad está urgida de cambios sustanciales en materia de justicia que devuelvan a sus ciudadanos un poco de credibilidad y esperanza, ya que resulta difícil creer en un sistema judicial corrupto y corruptor, que ha demostrado que algunos jueces y magistrados se han apartado del camino de la honradez y de la transparencia para buscar beneficios particulares.
Prueba de ello, las conocidas comisiones de postulación constituidas desde la promulgación de la Constitución Política de la República, cuya intención fue facilitar la selección de profesionales del Derecho en los órganos de justicia, por sus altos méritos y su trayectoria que se supone debe ser intachable.
No obstante, han sido presas de la corrupción con la elección de personas con intereses maliciosos que erosionan a las instituciones de justicia a las que dicen personificar.
Ni la reforma constitucional aprobada en consulta popular de 1994 ha evitado ese nefasto proceder.
Es indispensable que las reformas al sector justicia, que se pretende sean aprobadas por el Legislativo, y luego consultadas a la ciudadanía sean no solo consensuadas con los sectores de la sociedad sino minuciosamente analizadas para su viabilidad e inmediata anexión a nuestro andamiaje jurídico, para impedir más vicios en los procesos que se ventilan en las diferentes judicaturas.
De tal manera que no haya más operadores de justicia que se presten a manipular la ley para favorecerse económicamente.
Así también, es imperativo que todo abogado que llegue a ocupar altos cargos en el Organismo Judicial, sea entre los más idóneos, íntegros, honorables, transparentes y probos, que no se parcialicen en el momento de tomar decisiones, para hacer valer la justicia pronta y cumplida.
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