Rodolfo Zelada
Periodista
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Abogar por una justicia independiente y por el cumplimiento estricto de las leyes en Guatemala es ahora sinónimo de criminalización. Al menos eso es lo que se evidencia con el exilio que sufren decenas de jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos que han tenido que huir de su tierra para evitar una persecución penal burda y abusiva.
Estas prácticas, abusivas y dictatoriales ya no son solo de conocimiento interno del país. Es más, Margaret Satterthwaite, relatora especial para la independencia de abogados y magistrados, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se reunió ayer con el presidente Bernardo Arévalo, a quien le expresó su preocupación por la criminalización de operadores de justicia.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario señaló que jueces, fiscales y abogados que promueven una justicia independiente enfrentan persecución, “en especial desde el Ministerio Público”, y advirtió que estas acciones debilitan el sistema democrático y el Estado de derecho. Según él, la cooptación y la corrupción siguen con la afectación a la
institucionalidad.
”La defensa de un sistema judicial independiente y justo exige enfrentar la influencia indebida de actores económicos poderosos, quienes buscan beneficiarse a costa de la imparcialidad y la equidad“. Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas.
La percepción de Arévalo coincide con las conclusiones del informe de Naciones Unidas presentado en 2024, en el cual el organismo multilateral destaca que en el país “se evidencia la influencia indebida del poder económico en el sistema de elección de cortes”, amparado en los resultados de la investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el “Caso Comisiones Paralelas”, donde se constataron los sobornos que recibieron miembros de las comisiones de postulación en la elección de cortes en 2014.
Por ello, la Relatora concluyó en que “la defensa de un sistema judicial independiente y justo exige enfrentar la influencia indebida de actores económicos poderosos, quienes buscan beneficiarse a costa de la imparcialidad y la equidad”.
Satterthwaite estará en Guatemala hasta el 23 de mayo, tiempo durante el cual profundizará en temas como la estructura y funcionamiento del sistema de justicia, el acceso a un juicio justo y los efectos de la cooptación institucional, para posteriormente emitir recomendaciones con enfoque de cooperación para el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos.
Esta visita también es una muestra del apoyo internacional con que cuenta el gobierno de Guatemala actualmente, una administración que no cesa en su lucha contra la corrupción y las fuerzas oscuras que están empeñadas en la desestabilización del país.
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