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Juicio a Pacheco se ha estancado durante 10 meses

Se cumplirá un año de su captura por defender la democracia

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El próximo jueves 23 de abril se cumplirá un año desde que las autoridades ancestrales, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, fueron capturadas y enviadas a prisión preventiva. 

Son acusados por el Ministerio Público de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal, obstrucción de justicia y sedición. Lo anterior, por liderar protestas debido a los intentos de invalidar las elecciones de 2023. 

El abogado defensor de Pacheco, Héctor Castro, explica en la entrevista sobre la lentitud con que avanza el proceso penal, el estado de ánimo de su defendido y el impacto familiar por su reclusión.

¿Por qué dicen que es un caso de criminalización?

Porque se utiliza el derecho penal para reprimir la protesta social. A las autoridades indígenas se les acusa de terrorismo y estructura criminal por defender los resultados electorales de 2023. 

El proceso avanza con lentitud. ¿A qué se debe? 

Existe un litigio malicioso por parte de actores como la Fundación contra el Terrorismo. Tras un año en prisión de Pacheco, en 10 meses, el proceso ha estado suspendido. Han usado recusaciones y excusas para evitar que un juez natural conozca el caso.

¿Cuál es el estado de ánimo de Pacheco?

Hay frustración, pero también una convicción profunda. Él está convencido de su inocencia, sabe que no es un criminal, sino un representante de la voluntad de sus asambleas. No se arrepiente. Sabe que, si los pueblos no hubieran salido a las calles, posiblemente se habría
consumado un golpe de Estado.

¿Cuál es el impacto para su familia? 

Devastador. Pacheco tiene cuatro hijos menores; la más pequeña nació estando él en prisión y no han podido convivir. Es una forma de tortura no verlos crecer. Además, hay una afectación comunal; mientras unos lo apoyan, otros se dejan llevar por campañas de desprestigio en redes sociales.

Ante la parálisis del sistema local, ¿han buscado apoyo externo?

Sí. Ya se han presentado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quejas ante las Naciones Unidas. El caso ha trascendido porque es emblemático de la lucha contra la corrupción.

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