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COLUMNAS

Jueves de CICIG

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Cuando fui Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público en 1991 realicé todo mi trabajo en unión del equipo nacional que me acompañara, guatemaltecos todos –excelente y, para la época, insuperable equipo– sin haber tenido la fortuna de contar con una Comisión Internacional que me apoyara, privilegio de que han gozado desde hace diez años todos los fiscales. Ni de una Comisión Internacional como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ni de Comisión Internacional alguna, por lo que hubimos de realizar nuestro trabajo estrictamente por nosotros mismos, sin culas de este u otro tipo. Varias veces me he referido ya a este tema, pero es importante repetirlo, una y otra vez, y cuantas veces sea preciso, porque parece olvidarse: La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, fue establecida a nuestra propia iniciativa, habiéndola convenido con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la expresión más significativa del multilateralismo a nivel mundial, multilateralismo que buscamos –precisamente– para evitar protagonismos de terceros, por muy bien intencionados que pudieren estar.

Su funcionamiento se previó a través de donaciones, no teniendo los Estados donantes injerencia alguna en el mismo, ni siquiera en su composición presupuestaria: tal la independencia que con la ONU convenimos dar a la Comisión establecida, Comisión que no es suya, ni funcionarios suyos los funcionarios de la misma: funcionarios y empleados internacionales, pero no de la ONU. El Comisionado, cabeza de la Comisión, no recibe órdenes de nuestro Presidente ni del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y –muchísimo menos– de los donantes, teniendo con todos estos la misma relación que, con el Presidente de la República de Guatemala, tiene el fiscal general de la República, una vez nombrado, absolutamente independiente.

No goza el Comisionado de un período constitucional como lo tiene el fiscal general, importante garantía entre nosotros para su total independencia y contrariamente al Fiscal que tan solo puede ser removido de su cargo por justa causa debidamente establecida, la remoción del comisionado no se encuentra sujeta a condición alguna. El Acuerdo de creación de la Comisión no contempla la remoción del comisionado, sino solamente su nombramiento, siendo quien le nombra, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas –autoridad nominadora– quedando sujeto, en consecuencia, a la norma universal en este tema, salvo que la ley diga otra cosa; quien tiene la potestad para nombrar la tiene también para destituir. Antes de su establecimiento vi con recelo que se estableciera una Comisión Internacional que viniera a hacer lo que nosotros obligados estábamos –y estamos– a hacer por nosotros mismos y no respaldé su creación, pero tampoco objeté que se hiciera: mi temor que nuestras instituciones se acostumbraran a no hacer por sí solas su trabajo y a cobijarse debajo de sus enaguas.

Pienso que fue importante que se estableciera y que nuestras instituciones ordinarias, por sí solas, no hubieran podido alcanzar lo que con su guía y apoyo han alcanzado. Nada, sin embargo, es perfecto y los tres omisionados de la CICIG han tenido luces y sombras y, de alguna forma, se han ido pasando la estafeta: no es lo mismo iniciar un trabajo desde cero, que cuando ya existe camino recorrido. Quienes pudieran pensar que soy un enemigo de la CICIG o del comisionado o que haya movido algún dedo en contra de una u otro, se equivocan radicalmente como se habrían equivocado quienes pudieran pensar que podría ser de estos un perrito faldero. Sí fiscal general de la República, mucho habré de aprender de la CICIG, pero mucho –también– podré enseñarle. Comisión y Comisionado –sí fiscal general– se regirán –estrictamente– por la Constitución Política de la República –Ley como todas nuestras leyes, pero con la diferencia de que es superior a todas las otras–superior a todas las leyes y tratados incluido el que le dio origen a la Comisión, Acuerdo este al que me sujetaré con ambos, para la labor que debemos realizar, cada uno en el ámbito que nos corresponde. Los errores, serán corregidos y los aciertos mejorados, como dijera una ilustre visitante, alejadas la institución y la entidad de cualquier politización y actuando un tanto más como el FBI, que todos saben que existe, que hace su trabajo y que lo hace bien, pero que no tiene por qué buscar su aparición todos los días en los titulares de prensa.

La CICIG existe hoy en Guatemala –algo que también se olvida– porque el Presidente de la República, representante de la unidad nacional, prorrogó su mandato, mandato que concluye en septiembre del año entrante por lo que trabajaré con estos, comisionado y Comisión, para que de no darse otra prórroga pueda el Ministerio Público manejarse por sí solo con igual o mayor eficiencia y –si se diera– para multiplicar en esta otra todos y cada uno de los resultados. Si fueren incompatibles el Presidente de la República y el comisionado, representante que es el primero de la unidad nacional y por mandato constitucional expreso, jefe del Estado y de Gobierno, electo por el pueblo para el ejercicio de su cargo, no cabría entre nosotros ningún comisionado, contratado este por el secretario general para el ejercicio de sus funciones, pero no tienen por qué serlo si –como debe ser– nos atenemos todos al estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y el Acuerdo.

El Ministerio Público, tal su función primera, es velar por el estricto cumplimiento de las leyes, el de TODAS las leyes y empezando ¡Claro esta!, por la Constitución Política de la República, una Constitución garantista que no debe desvirtuarse; Declaración de los reos y su posible exhibición, conforme los plazos y el momento; En cuanto a prisión preventiva, la carga de la prueba en la acusación: peligro de fuga o de obstaculizar la justicia; plazos judiciales, al centavo y persecución de quienes los incumplen y, en fin, un sinnúmero de etcéteras. Mucho que aprender de la CICIG pero, también, mucho que enseñarle. Con un fiscal general fuerte, serán más fuertes todas las instituciones y entidades del sector justicia, CICIG asimilada, fortaleza en la unidad, la unidad diferenciada que debe ser restablecida: uno, el propósito de todas las instituciones del Estado, incluida la invitada coadyuvante, aunque diferenciadas sus funciones. Amén.

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Respetemos las religiones

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Leonel Guerra Saravia
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Siddhartha Gautama, más conocido como Buda (563 – c. 483 a.C.), fue, según la leyenda, un príncipe hindú que renunció a su posición y riqueza, para buscar la iluminación de perfección espiritual y alcanzó su objetivo, al predicar su camino a otros, fundó el budismo en la India en los siglos VI-V a.C. Buda enseñó un camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto, común en región de la India.

Su camino espiritual incluía entrenamiento ético y prácticas meditativas y atención plena. El Buda también criticó las prácticas de los sacerdotes brahmanes, como el sacrificio de animales.

Murió en Kushinagar, alcanzando el paranirvana. Desde entonces ha sido venerado por numerosas religiones y comunidades a lo largo de Asia, fue un príncipe de Kapilavastu, meditador, ermitaño y maestro espiritual, vivió durante los siglos VI o V a. C. (según algunos expertos, específicamente en el año 563 a. C.) Sobre la base de sus enseñanzas se fundó el budismo, y es venerado por los budistas como un ser plenamente iluminado que enseñó un camino hacia el Nirvana, era desaparición o extinción, la liberación de la ignorancia, el apego, el renacimiento y el sufrimiento.

La práctica del budismo varía en todo el mundo desde la India, donde se originó, hasta China, Japón y el sudeste asiático.

Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos cuarenta años. Su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento.

Sin embargo, en un simposio que sobre este tema tuvo lugar en 1988, la mayoría de los que presentaron sus opiniones definitivas dieron como fechas un periodo que puede encontrarse en el 400
a. C., restando o sumando veinte años, como la fecha aproximada de la muerte del Buda.

No obstante, estas cronologías alternativas aún no han sido aceptadas por todos los historiadores. Buda es un nombre honorífico con contenido religioso que se aplica a quien ha logrado un completo despertar o iluminación espiritual.

En el marco religioso indio en donde se desarrolla el budismo, este despertar implica un estado de tranquilidad mental.

El Mahajima Nikaya dice que el Buda tenía más poderes sobrenaturales incluidos ser capaz de caminar sobre el agua (anima), multiplicarse en un millón y volver a ser uno solo (pratkipa), viajar a través del continuo del espacio-tiempo (brahmana), hacerse grande como un gigante y pequeño como hormiga.

¿Qué países adoran a Buda? La práctica del budismo varía en todo el mundo desde la India, donde se originó, hasta China, Japón y el sudeste asiático.

El budismo está de acuerdo con las enseñanzas morales de otras religiones, pero el budismo va más allá al proporcionar al practicante un propósito a largo plazo dentro de nuestra existencia con un sentido a la vida, a través de la sabiduría y la verdadera comprensión al prójimo y a las acciones cotidianas.

El budismo es la religión, la filosofía, y discutiblemente la psicología, desarrollada a partir de las enseñanzas difundidas en el norte de la India. Buda no es ni un dios, ni un mesías, ni un profeta, y el budismo no postula sobre un creador.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Intendencia de Seguros SIB

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Saulo De León Durán
Superintendente de Bancos
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En la actualidad, la Superintendencia de Bancos tiene a su cargo la supervisión y vigilancia de 27 compañías de seguros, siete de las cuales son, total o parcialmente, de propiedad extranjera.

La actividad de las compañías de seguros nutre una extensa red de intermediarios de seguros, constituidos por agentes de seguros dependientes e independientes y corredores de seguros.

Es decir, se trata de todo un sistema económico orientado a proteger a los agentes económicos contra diversos riesgos: los de seguro de vida y los seguros de daños, que incluyen los de accidente personales, de salud, de hospitalización y de caución.

En atención a la creciente importancia del sector asegurador y reconociendo que se trata de un modelo de negocios y exposición a riesgos diferente al de los bancos, y que también requiere personal capacitado y especializado, la Superintendencia de Bancos creó en el presente año la Intendencia de Supervisión de Seguros.

La Intendencia de Supervisión de Seguros tiene a su cargo la supervisión de las entidades de seguros sujetas a la vigilancia e inspección de la SIB conforme lo establece la Ley de Supervisión Financiera, la Ley de la Actividad Aseguradora, la normativa prudencial y demás disposiciones legales aplicables; y administrar los registros de la actividad aseguradora, así como proponer la normativa correspondiente aplicable a las entidades de seguros.

”La SIB tiene a su cargo la supervisión y vigilancia de 27 compañías de seguros.“

Para ello, la Intendencia está organizada en dos departamentos: el Departamento de Supervisión de Riesgos de Seguros y el Departamento de Registros y Normativa de Seguros.

El primero ejerce la supervisión de las entidades de seguros y del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), conforme a las facultades y funciones establecidas en la ley, en tanto que el segundo, administra los registros de la actividad aseguradora y realiza las investigaciones y análisis para desarrollar normativa prudencial relacionada con el sector.

En los últimos años, el sector asegurador de Guatemala ha registrado un importante crecimiento. Comentamos en una columna anterior que las primas netas, la medida convencional de los ingresos del sector, alcanzaron 11 mil 616 millones de quetzales en 2023, con lo que aumentaron 13.3 por ciento con respecto al año anterior.

El ramo más dinámico fue el de daños el cual creció 16.6 por ciento, seguido de vida que se expandió 13.5 por ciento. Por su parte, salud y hospitalización aumentó 10.7 por ciento, en tanto que caución disminuyó 6.4 por ciento.

Las primas netas en 2023 alcanzaron el 1.45 por ciento del producto interno bruto, un incremento importante con respecto al 1.39 por ciento observado en 2022 (10 mil 255 millones de quetzales de primas netas) y el 1.36 por ciento de la producción en 2021 (9 mil 047 millones de quetzales en primas netas).

Aun así, el grado de profundización de los seguros en Guatemala es relativamente bajo, de hecho, uno de los más bajos en Latinoamérica.

Estamos convencidos de que el fuerte crecimiento que ha experimentado este sector en los últimos años se mantendrá en el futuro, en parte por el interés y reconocimiento público acerca de la necesidad del seguro en el transporte público, el seguro médico escolar, la cobertura de los motoristas y demás vehículos que circulan en el país.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Acelerando la Agenda 2030: digitalización, innovación y la Gestión Pública Justa y Equitativa

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Giuseppe Mancinelli

El 2024 marcará un punto crucial para América Latina, con ocho países renovando democráticamente a sus autoridades ya sea a nivel federal o local. Los nuevos gobiernos, con mandatos que se extenderán hasta 2028 o 2030, se embarcarán en una carrera contra el tiempo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

El panorama actual es desafiante. Hemos pasado ya la mitad del camino hacia 2030, y el Informe de Progreso de los ODS revela que más del 50 por ciento del mundo se está quedando atrás.

Los avances en las metas de los ODS son insuficientes, y el 30 por ciento de ellas están estancadas o han retrocedido. El Secretario General de la ONU, António Guterres, advierte: “Si no actuamos ahora, la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que podría haber sido”.

En Unops, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, identificamos dos áreas clave para la aceleración de la Agenda 2030.

La primera es un uso eficiente de los recursos públicos, mediante la Gestión Pública Justa y Equitativa (GPJE), que con base en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, pueda lograr un mayor valor por el dinero en las compras públicas.

Hemos pasado ya la mitad del camino hacia 2030, y el Informe de Progreso de los ODS revela que más de 50 por ciento del mundo se está quedando atrás.

Y la segunda que ha sido identificada por el Grupo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el documento las Seis Transiciones: Caminos de Inversión para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la transformación digital justa, a través de la conectividad digital, la innovación y la digitalización como puntos de entrada clave para la transformación planetaria que buscan los ODS.

La tecnología puede mejorar la eficiencia de la inversión pública, la provisión de servicios públicos y la transparencia.

En un mundo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, la innovación, digitalización y la tecnología no pueden quedar relegadas de los nuevos programas de gobierno. Es fundamental modernizar las regulaciones y fomentar la educación tecnológica para asegurar que la digitalización beneficie a todos los ciudadanos.

Por otro lado, el mundo de la Gestión de Proyectos está evolucionando hacia una Transformation Management Office (TMO), reemplazando la visión tradicional de Project Management Office (PMO).

La TMO impulsa la transformación completa de las instituciones públicas y privadas, utilizando la tecnología como eje de cambio.

Este enfoque representa un compromiso con la innovación, la eficiencia y la transparencia, preparando a las instituciones para enfrentar los desafíos futuros y alinearse con los objetivos globales de desarrollo.
Otro cambio en temas de infraestructura es la incorporación de la metodología del Modelado de Información en la Construcción (BIM, por sus siglas en inglés).

La incorporación de BIM en la infraestructura mejora la planificación, diseño y gestión de proyectos, facilitando la colaboración entre stakeholders y optimizando recursos.

Este cambio marca un avance hacia la construcción inteligente, enfatizando la importancia de adaptarse a metodologías innovadoras para el futuro de la infraestructura.

La ONU ha experimentado cambios significativos internamente a nivel mundial, como la iniciativa ONU 2.0, promovida por el Secretario General para avanzar en la Agenda 2030.

Esta iniciativa busca modernizar el sistema de las Naciones Unidas, rejuvenecer su cultura hacia el futuro y equiparlo con habilidades de vanguardia adecuadas para el siglo XXI.

Esto implica desarrollar una especialización digital para transicionar hacia soluciones digitales que mejoren la conectividad, los servicios, la colaboración y la toma de decisiones.

El 2024 representa un punto de inflexión. Es hora de que los gobiernos de América Latina, en colaboración con el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, adopten un enfoque innovador,digital y transformador para alcanzar los ODS.

La tecnología, utilizada de manera responsable, ética y transparente, puede ser un aliado invaluable en este camino hacia un futuro más próspero y sostenible para la región.

Colaborador DCA
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