El exgobernador mexicano del estado de Veracruz, Javier Duarte, detenido provisionalmente en Guatemala con fines de extradición a su país, aceptó hoy la segunda orden en su contra, en este caso por delitos federales, pero negó los cargos, como ya había hecho anteriormente.
“No cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo”, declaró Duarte en una audiencia celebrada en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en la que escuchó los cargos y parte de las pruebas que la Justicia mexicana tiene en su contra por su supuesta comisión en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta es la segunda orden de extradición que aceptó el político, recluido en la prisión que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, después de que el pasado martes aceptará otra por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Los cargos
Según la acusación mexicana, leída por el fiscal guatemalteco José Antonio Galdámez, hay unas 19 pruebas, entre las que se incluyen denuncias, entrevistas, compras de bienes, empresas y otras, además del nombre de Duarte y fotografías de su persona en algunos de esos documentos, que lo vinculan con los hechos ilícitos.
Duarte, quien se acariciaba continuamente la barba mientras escuchaba los cargos, está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar “prestanombres” para transferir recursos públicos en su país.
Entre 2012 y 2015, desvió grandes cantidades de recursos públicos los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país, que se basan en la documentación referida y en varias declaraciones de testigos.
Señalamientos “mal fundados”
La defensa de Duarte, Carlos Velázquez, dijo que las acusaciones contenidas en la solicitud de extradición “no logran demostrar en qué momento existe el vínculo o una relación de causalidad” con el político y agregó que las pruebas no logran establecer que esa supuesta organización de carácter delincuencial estuviera liderada por su defendido, por lo que son señalamientos “mal fundados”.
“Hay una rivalidad y una persecución política. Están tratando de darle el matiz de desviar fondos y de compra de propiedades (…), pero las personas que aparecen (en el escrito) no tienen ninguna relación con él”, enfatizó, y recordó que los delitos penales son “personalísimos” y que los más de mil folios son “una ilusión óptica” que adolecen de cualquier sustento legal.
Por su parte Duarte rechazó las acusaciones y decidió aceptar la extradición: “He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el Gobierno de México (…), ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de la federación de mi país”.
“En ninguna de las pruebas que acaba de mencionar aparece mi nombre ni de ninguno de mis familiares directos”, enfatizó el exmiembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al togado guatemalteco.
*Con información de ACAN-EFE
