La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas analizan posibles anomalías en un contrato suscrito en 2001 entre Guatel y una empresa privada, para la colocación de 4 mil teléfonos monederos en distintos hospitales y centros de salud del país.
Según la denuncia, hecha por diputados del bloque Alianza Ciudadana, el Estado habría desembolsado Q1 mil 950 millones por el servicio; sin embargo, este no se habría brindado en las condiciones pactadas, pues los aparatos instalados no eran compatibles con la moneda local.
Documentos están extraviados
Raúl Solares, jefe de la Sit, dijo que desde que se conoció el caso se empezó con la búsqueda de los documentos que sirvieron de respaldo para el acuerdo, pero, hasta ahora, solo se han encontrado copias.
“Esto ya es un impedimento para elevarlo a instancias penales y deducir responsabilidades, pues la papelería localizada tampoco está completa”, argumentó la titular de la PGN, Anabella Morfín.
Por su parte, el titular de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos, manifestó que se realizará una auditoría, “pues es necesario determinar si la firma del convenio contó con las aprobaciones correspondientes y si se establecieron los mecanismos para verificar su realización”.
Según Solares, este último aspecto habría estado a cargo de una compañía independiente, la cual supuestamente alertó de algunas anormalidades.
Buscan denuncias
A la junta también acudió Mayra Véliz, secretaria general del Ministerio Público, quien expresó que esa entidad examina sus archivos para determinar si, en su momento, las autoridades encargadas notificaron el incumplimiento del compromiso.
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