Este es el planteamiento de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala.
Un incremento de la inversión en infraestructura vial es la propuesta de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) para reactivar la economía ante la crisis generada por el coronavirus.
El planteamiento, el cual tiene como punto de partida la aprobación en el Congreso de normas esenciales, como la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial (se encuentra en primer debate), acelerará la generación de puestos de trabajo, reducirá los costos de comunicación, logística, transporte y movilización de mercancías, argumenta la organización.
Con la aprobación de la ley, Fundesa estima que en 18 meses, desde la Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial, entidad que se crearía al aprobarse el anteproyecto 5431), se podrán movilizar US $1 mil 500 millones (Q11 mil 550 millones) anuales, que generaría no menos de 200 mil nuevos empleos directos e indirectos.
Un estudio de Fundesa refiere que Guatemala cuenta con una red vial de 17 mil 440.23 kilómetros.
El país necesita 37 mil 951.89 kilómetros, de los cuales 332.52 kilómetros de anillo metropolitano; 899.89 kilómetros de autopistas; 5 mil 4112.37 kilómetros de red primaria; 10 mil 852.113 kilómetros de red secundaria; 6 mil 203.45 kilómetros de caminos terciarios, y 14 mil 251.54 kilómetros de red cuarentenaria.
El país invierte el 14.11 % del Producto Interno Bruto sumando lo público y lo privado, uno de los más bajos de Latinoamérica. Datos del Banco de Guatemala, recopilados por la mencionada fundación, refieren que Guatemala invirtió en 2019 Q8 mil 977.09 millones de capital público y Q73 mil 90.83 millones de capital privado en proyectos de infraestructura.
Principios
La forma de inversión que propone Fundesa se basa en 5 principios que propiciarían un cambio de modelo, entre los cuales está la institucionalidad, la cual se concretaría con la creación de la Sivial.
La Sivial será la autoridad responsable de aumentar la inversión en infraestructura vial, que trabajará de la mano con el ente rector, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Dirección General de Caminos, la Agencia Nacional de Alianzas de Desarrollo de Infraestructura Económica y las municipalidades.
El segundo principio se centra en el derecho de vía, el cual se desarrollaría con un procedimiento que declare de utilidad pública la construcción de un tramo vial.
El tercer punto es el proceso de licitación, donde se contra “al responsable de construir, operar y mantener la red vial, siendo siempre el Estado el propietario”, según la propuesta dada a conocer por Fundesa. “El contrato vinculará a las partes respecto de los derechos y las obligaciones, delimitando el actuar del desarrollador y velando por los intereses del Estado. Los fondos asignados para el desarrollo de la red vial serán privativos”, añade el planteamiento de la referida organización.
La iniciativa 5431 fue presentada en el Organismo Legislativo en 2018, y fue aprobada en primer debate el 6 de marzo de 2019.
Un año después de ese paso, Fundesa insta a los diputados a retomar el proceso para que se convierta en ley.
“Aunque el fin de la aprobación pareciera ser la construcción de red vial de forma acelerada y extensiva en el territorio, en realidad es fomentar el desarrollo de los guatemaltecos”, según la entidad.
