Diputados del Congreso de la República tienen programadas ocho interpelaciones contra seis funcionarios del actual gobierno, una de ellas ya está en marcha, lo que representa la mayor cantidad de citaciones en comparación con las ocurridas en el primer año de las dos administraciones anteriores.
De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección Legislativa, en 2016 los juicios políticos sumaron tres y, en 2020, cuatro. Ello evidencia un incremento de 166 por ciento y 100 por ciento, respectivamente.
Expertos consultados coinciden en que el uso de esta herramienta de fiscalización e importante en el sistema de pesos y contrapesos, se ha demeritado en los últimos años por ser utilizada para debilitar a la administración de turno, impedir el avance de sus planes de gobierno y, hasta obligarlos a negociar temas de interés personal o de partido.
Algunos juicios políticos los programó el Legislativo a inicios de junio del año en curso, cuando los funcionarios estaban por cumplir cinco meses en el cargo. Tal es el caso del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y del canciller Carlos Ramiro Martínez, quien lleva, a la fecha, tres diferentes llamados.
Luego se añadieron las de los ministros de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, y de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Así como el del titular de la cartera de Comunicaciones, Félix Alvarado, que tomó posesión del cargo el 20 de mayo y, tres meses después, el 20 de agosto, se le fijó fecha para ser interrogado.
Contexto
De acuerdo con estadísticas facilitadas por la Dirección Legislativa del Congreso, durante el primer año de gestión de Alejandro Giammattei (2020), se programó la interpelación de cuatro de ministros. Los convocados fueron la de Cultura y Deportes, Silvana Martínez; de Desarrollo Social, Raúl Romero; de Trabajo, Alberto Lobos Madrid, y de Salud, Hugo Monroy.
Con excepción de Romero, al que se le retiró el llamado, tras responder 13 de las 21 preguntas básicas, los demás fueron destituidos antes del día previsto para su interrogatorio.
“Tomando en cuenta que la salud tiene preminencia constitucional (el país era azotado por el Covid-19), he decidido levantar el requerimiento. Que quede muy claro que aquí, de manera macabra y espuria, se le estuvo protegiendo a usted con el juego del marcaje y desmarcaje. Aquí se le protegió”, manifestó, en el Hemiciclo, el entones diputado de Winaq, Aldo Dávila, al anunciar su desistimiento de la cita a Romero, según consta en el diario de sesiones del Congreso, del 12 de enero de 2021.
En ese entonces, Allan Rodríguez presidía ese poder del Estado, y la bancada oficial, con el apoyo de aliados, dominaba la agenda
legislativa.
En 2016, primer año de administración de Jimmy Morales, se convocó a tres ministros. Fueron prevenidos los de Energía y Minas, Luis Chang; de Salud, Alfonso Cabrera, y de Finanzas, Julio Héctor Estrada, según las actas proporcionadas por Dirección Legislativa.
Sin embargo, en los tres casos, los interpelantes dieron marcha atrás, lo que concluyó los procedimientos.
Mala reputación
Para el politólogo Renzo Rosal, el hecho de que se duplique la cantidad de cuestionamientos en la actual administración se debe, en buena medida, a una bancada oficial que es atacada desde varios frente.
“Si bien es cierto que los bloques de los dos gobiernos anteriores, FCN-Nación y Vamos, eran, al momento de ser electas, minoritarios, muy rápidamente logaron conformar una alianza oficialista amplia. Por lo tanto, las interpelaciones que se hicieron no solamente fueron menores en cantidad sino también en intensidad”, aseguró el analista político.
Fernando Bon, director ejecutivo de Alianza por un Congreso Eficiente, consideró que, con el paso del tiempo, esta herramienta política de fiscalización ha perdido su esencia y ha venido de más a menos.
“Sabemos la importancia que tienen en un sistema republicano, sobre todo en materia de pesos y contrapesos. Lo que hemos visto es que se ha abusado demasiado de esta figura. Pareciera que se utiliza para negociar; incluso, extorsionar al Gobierno por parte de los diputados”, consideró el entrevistado.
Rosal coincidió con ese argumento. “El interrogatorio ya no es solamente un trabajo de fiscalización, sino, básicamente, de acoso político” y trata de “ver cómo se traen abajo, si no al Gobierno, por lo menos debilitar a los ministros”, resaltó.
María del Carmen Aceña, exministra y directiva del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opinó que no tiene lógica que se hagan estos juicios en el primer año de gestión o cuando los funcionarios tienen poco tiempo de haber asumido los cargos, a menos que las dudas sean graves.
En todo caso, sostuvo que los procesos no deberían extenderse demasiado. “Se va al grano. Hace muchos años que no tenemos ese tipo de interpelaciones, sino que se van alargando y, al final, no es un sistema de rendición de cuentas; se han vuelto, en algunas ocasiones, en medidas de extorsión”, refrendó Aceña.
Impiden progresos
De acuerdo con los expertos, estos procesos impiden que los funcionarios avancen en los planes del Ejecutivo, propios de los despachos convocados, porque deben acudir al Congreso aunque sea solo para esperar que los llamen, tal y como pasa con los ministros que actualmente componen el listado de citaciones.
Nineth Montenegro, exdiputada, aseveró que el uso de esta herramienta de fiscalización “debe tener una causa justificada y no utilizarse para entorpecer el trabajo del funcionario, con la intencionalidad de buscar prebendas o privilegios”.
En este punto, Bon reiteró que las interpelaciones no solo entorpecen el trabajo de los funcionarios, sino también la agenda legislativa. Citó como ejemplo el caso del ministro Martínez, al que la ley, al igual que a los demás, les impide salir del país por estar sometidos al llamado.
“Eso es terrible, sobre todo en el caso del canciller, porque su labor casi siempre la debe hacer en el exterior de la república y tenerlo arraigado no le facilita cumplir, a cabalidad, sus funciones”, indicó Bon. Rosal apuntó que el hecho de que un ministro pase muchas horas en el Congreso es un desgaste para ellos, su equipo y la administración.
“Algunos han tenido que montar sus despachos alternos en el Congreso y otros están ahí aparcados, alejados de su función o teniendo que dedicarle mucho tiempo a estos asuntos. Eso erosiona la institucionalidad y el papel que deben cumplir, el cual se asemeja al de un conductor estratégico”, concluyó Rosal.
¿Qué pasará cuando concluya el período de sesiones?
La Constitución Política de la República establece que el segundo período de sesiones ordinarias del Congreso concluye el 30 de noviembre de cada año. Durante el receso, que termina el 14 de enero del año siguiente, se nombra una Comisión Permanente para que continúe con el trabajo legislativo.
Entonces, ¿qué pasa con las interpelaciones durante este lapso? Tanto el analista Fernando Bon como la excongresista Nineth Montenegro coincidieron en que esta decisión queda en manos de la citada Comisión.
“Como ya están programados, los interrogatorios pueden seguir en sesiones extraordinarias”, consideró la exparlamentaria. El director de Alianza por un Congreso Eficiente señaló que es la citada instancia la que calendariza los temas que se abordarán. “Tienen la libertad de decidir qué agenda y qué no”, anotó.
