Interoperabilidad

Marco Enrique Donis Minera

Director de Gobierno Electrónico

Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico

La interoperabilidad no es un concepto lejano ni exclusivo de especialistas: es la capacidad de las instituciones del Gobierno para “hablar el mismo idioma digital”, compartir datos de forma segura y evitar que la ciudadanía deba presentar una y otra vez la misma información. En términos sencillos, significa que los sistemas públicos se conectan entre sí para que un trámite en línea sea más rápido, más simple y más confiable.

Cuando la interoperabilidad es completa, el beneficio es directo para la población. Permite que los servicios públicos estén integrados y centrados en el ciudadano, reduciendo filas, tiempos de espera y gastos innecesarios. También fortalece la transparencia y el desempeño del Gobierno, al hacer los procesos más visibles, ordenados y eficientes. 

En este esfuerzo, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) trabaja por el bien común, impulsando sistemas públicos más accesibles. Además, promueve la inclusión y la equidad digital, facilitando el acceso a servicios sin importar dónde vivan las personas o a qué institución deban acudir.

La interoperabilidad brinda beneficios directos para la población. 

Para que este intercambio funcione, se requiere confianza, privacidad y seguridad. No se trata solo de conectar plataformas, sino de garantizar que los datos se compartan con reglas claras, protección adecuada y respeto a la información personal. Por eso, la interoperabilidad debe apoyarse en cuatro componentes de gobernanza: el normativo, que define reglas; el organizacional, que coordina instituciones; el semántico, que asegura comprensión común de los datos; y el técnico, que permite la conexión efectiva entre sistemas.

A nivel mundial, la interoperabilidad puede implementarse de varias formas: bilateral, cuando dos instituciones se conectan directamente; centralizada, mediante una plataforma común; tipo bus, con un canal compartido; y distribuida, donde cada institución conserva autonomía bajo estándares comunes.  Todos  buscan el mismo fin: que el Gobierno funcione como un solo equipo digital al servicio de la gente.

Estos principios, alineados con la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, orientan hacia un Gobierno más moderno, cercano y útil para la ciudadanía.