El desembolso de 22 millones 278 mil 777.1 quetzales en concepto de indemnización y pago de prestaciones a nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha generado malestar social y críticas entre los guatemaltecos.

El abogado Edgar Ortiz calificó esta acción como una “mala práctica” que debe ser eliminada. Según Ortiz, resulta ilógico indemnizar a funcionarios que ocupan cargos de período fijo, ya que su cese está programado y es parte inherente de su función.

“Le exigimos a la Corte Suprema que revise esos acuerdos, pues no tiene ningún sentido que los magistrados gocen de esos beneficios y debe ser algo que cambie con la actual magistratura”,
declaró Ortiz.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, respaldó estas opiniones y argumentó que las
autoridades no deberían recibir dichos privilegios, en especial, cuando existen instituciones equivalentes donde los mandos no gozan de tales ventajas.

Nueve años en el poder

El período en el que los exmagistrados ocuparon sus cargos se prolongó debido al retraso en la elección de togados a la CSJ y Salas de Apelaciones, entre 2019 y 2024.

Esta demora obligó a la magistratura designada para el período 2014-2019 a extender sus funciones, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de la prórroga.

En 2023 asumió la actual Corte, lo que desentrampó el proceso para liquidar las prestaciones e indemnizaciones a los salientes.

Desde los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad del OJ, se informó que fueron indemnizados únicamente nueve de los 13 exintegrantes de la Corte, pues uno de ellos fue reelecto y los otros tres eran suplentes.

Por indemnizaciones se entregaron 8 millones 999 mil 553.76 quetzales a los funcionarios judiciales, y por concepto de prestaciones fueron desembolsados 13 millones 279 mil 223.30.

La expresidenta de la CSJ Silvia Valdés fue la magistrada que recibió la mayor compensación, con más de 3 millones de quetzales, mientras que los otros ocho recibieron 2.5 millones de quetzales cada uno.

Luis Carrillo Fotógrafo: Archivo

Los casos por corrupción en el Estado salen cada vez más a luz. Ya se trabaja con instituciones públicas para presentar otras denuncias por actos anómalos de gran impacto.

Así lo informó Santiago Palomo, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). Las acciones legales más cercanas vendrán de los ministerios de Desarrollo (Mides) y de Educación (Mineduc).

Pese a que no puede revelar detalles por cuestiones de seguridad del trabajo que se desarrolla, Palomo anticipó que vienen grandes procesos penales, que se darán a conocer en los próximos días.

“Seguimos con el firme compromiso de apoyar a las instituciones en los esfuerzos por esclarecer hechos anómalos. Una vez se desarrolle y recabe la información correspondiente se presentarán las denuncias”, dijo el funcionario.

El titular de la CNC explicó que estos tocarán temas que afectaron los servicios básicos y que son graves porque atañen a la salud de los niños, el derecho a la educación y a la infraestructura del país, como carreteras, por lo que oportunamente se dará a conocer cada detalle.

Aclaró que también se da acompañamiento y asesoría a las carteras de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de Cultura y Deportes.

Por último, comentó que está por lanzarse el tablero donde estarán colgadas las denuncias presentadas en las instancias respectivas, debido a que es un compromiso del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera. Será una herramienta para transparentar y dar seguimiento a los casos.

Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), calificó como positivas estas acciones, las cuales deben ser investigadas y evaluadas por el
Ministerio Público (MP).

“Vemos que actualmente la Comisión Nacional contra la Corrupción ha tenido resultados en cuanto a la funcionalidad que se le encomendó, porque hay que tener presente que fue reformada en el gobierno actual”, resaltó el experto.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Mario León

Con el propósito impulsar la ciberseguridad para contrarrestar los desafíos perpetrados por organizaciones criminales transnacionales, representantes de los ministerios de Defensa de 15 naciones se congregaron ayer en Guatemala durante la Conferencia de Seguridad Centroamericana 2024 (Centsec), para compartir experiencias y buenas prácticas.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry David Saenz Ramos, y la comandanta del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Jane Richardson, abrieron el evento, donde destacaron la importancia de la integración y de la necesidad de combatir las amenazas digitales.

La presencia de Richardson, quien llegó al país el lunes y se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, subraya el compromiso de EE. UU. para solventar problemas de la región, de tal cuenta que la funcionaria visitó Izabal, acompañada por autoridades del Ministerio de Gobernación, para conocer de cerca las acciones que se desarrollan en la frontera con Honduras.

Luis Carrillo Fotógrafo: Herbert García