Un total de 4 mil 65 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) recibió la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), al 7 de diciembre. De esa cifra, 203 fueron denunciadas al Ministerio Público (MP) porque podrían estar relacionadas con actividades de lavado de dinero u otros activos.
El análisis de transacciones financieras elaborado por la IVE muestra que las alertas presentadas por las instituciones financieras equivalen a un incremento del 40.51 % respecto de los 2 mil 893 del año pasado.
Derivado de los 203 RTS, las autoridades presentaron 74 denuncias y ampliaciones contra 921 personas, por un monto de Q2 mil 301.3 millones.
El año pasado, 102 denuncias fueron interpuestas, involucrando a 2 mil 674 individuos, por el supuesto lavado de Q5 mil 3.8 millones.
Sin justificación
Una de las denuncias presentadas por la IVE dio como resultado que el 5 de este mes Marylin Lucero Martínez Cruz quedara ligada a proceso penal y en prisión preventiva por el delito de lavado de dinero.
De acuerdo con el MP, Martínez Cruz habría recibido depósitos en su cuenta bancaria por Q66 mil 480, entre julio y octubre de 2014.
Dichas transacciones fueron realizadas sin tener un perfil económico que justificara la procedencia lícita de los recursos.
“Del patrón analizado por parte de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos, se estableció que las cantidades depositadas eran retiradas inmediatamente, lo cual podría provenir de extorsiones”, indicó el ente investigador.
Reforzar la ley
Días después de ser juramentado como titular de la Sib, Erick Armando Vargas declaró que reforzaría la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Decreto 67-2001, para prevenir hechos ilícitos y reducir los riesgos en el sistema financiero.
En 2016, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) recomendó al país modificar seis normativas, entre ellas la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, el Código de Comercio y el Código Penal.
La sugerencia derivó del Informe de Evaluación Mutua de Guatemala que esa entidad hizo en ese año, en el cual resaltó que, por la ubicación geográfica y la topografía, el país reúne las condiciones para ser utilizado para el narcotráfico, almacenamiento y tránsito de drogas, principalmente cocaína, en su ruta desde Sudamérica hasta Norteamérica.
“Las instituciones financieras del sistema son conscientes de la naturaleza y del nivel de los riesgos del lavado de dinero propios del sector, y en general, poseen políticas y procedimientos apropiados para mitigar y controlar estos riesgos. Sin embargo, en el caso de las instituciones microfinancieras, aún no se encuentran como personas obligadas”, concluyó el Gafilat.
