Antes de que saliera a luz el caso Cooptación del Estado, en el que están involucrados directivos del Banco G&T Continental y el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), por supuestamente haber financiado partidos políticos y por lavado de activos, respectivamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) requirió elevar la vigilancia sobre el sistema financiero.

Al mismo tiempo, recomendó actualizar la ley antilavado de activos, así como la del combate al financiamiento del terrorismo, debido a los riesgos crecientes que enfrentan los entes.

Anna Ivanova, jefa de la Misión para Guatemala en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, indicó en su reciente visita que, pese a que el sistema financiero parece sólido, persisten vulnerabilidades en materia regulatoria, en la tenencia relativamente alta de bonos del Gobierno, en el bajo capital y en la dependencia en la financiación de moneda extranjera.

Urgen reformas

“La legislación que tenemos en materia de lavado de dinero proviene de 2001, y no contiene la actualización de las 40 recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) modificó en 2013. Por eso, se requiere actualizar la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo”, explicó José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos (Sib).

En ese sentido, Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, opinó que por los recientes casos de corrupción en los que se han visto relacionados altos mandos de los principales bancos del país, conviene reformar las normativas para mejorar los filtros que previenen las actividades ilícitas.

“Hay que hacer una diferenciación entre la situación de los bancos, cuyos indicadores reflejan solvencia, liquidez y rentabilidad, y la utilización que pudieron hacer los representantes legales para trasegar recursos”, aclaró González.

Más controles

El jueves, Arévalo entregó una propuesta a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso para reformar las dos normativas antes mencionadas, y con ello prevenir, incrementar los controles y perseguir a los transgresores de la Ley.

“El proyecto de la Sib contiene medidas preventivas para sujetos obligados y pretende incluir dentro de los sistemas de control a abogados, contadores públicos y auditores, así como transparentar a los beneficiarios finales de las sociedades mercantiles y anónimas”, manifestó Jairo Flores, presidente de esa Comisión.

Señalamientos

Respecto de los señalamientos que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala hicieron en contra de Peña y Montenegro, en el marco del caso Cooptación del Estado, el Banco G&T Continental emitió un comunicado en el cual aseguró que Montenegro esclarecerá su situación legal y afirmó que las transacciones que realizan sus clientes pueden ser corroboradas por la Sib.

En tanto, el Consejo de Administración de Banrural indicó que mantiene una política de puertas abiertas con el sistema judicial, y que tomaron las medidas respectivas para facilitar al funcionario señalado que aclare su situación.

Sector con dinamismo

 A marzo, el tamaño del sistema financiero, medido por los activos, alcanzó un aumento del 9.6 por ciento en los bancos, 17.6 en las sociedades financieras y 2.2 en las entidades fuera de plaza, ascendiendo a Q270 mil 988.6 millones, Q9 mil 684.1 millones y Q26 mil 862.2 millones, respectivamente, según registros de la

Superintendencia de Bancos.

En tanto, el Banco de Guatemala prevé que el crédito al sector privado tendrá un crecimiento de 9 y 12 por ciento, al desembolsar Q172 mil 876.5 millones.

“Los indicadores financieros muestran que la banca nacional es fuerte, sólida y tiene liquidez”, subrayó Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.