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Iniciativa reforzará protección de la vida y dignidad sexual de los menores de edad
Tras 100 días de labores, mañana la Comisión del Menor y la Familia entregará en la dirección del Congreso de la República la iniciativa de ley para prevenir el abuso sexual infantil, con la que se busca reformar los artículos 173 y 173 bis del Código Penal, respecto de violación y agresión sexual, para elevar la edad del delito cuando la víctima sea menor de 18 años.
En la actualidad, el citado artículo penaliza la agresión cuando el transgredido tiene menos de 14 años. En ese sentido, en la mesa de trabajo participaron más de 70 organizaciones e instituciones del Estado responsables de la protección a la niñez, entre jueces, profesionales de la salud, defensores, fiscales y activistas por los derechos, entre otros, quienes solicitaron subir la edad en la que la relación sexual debe considerarse como un abuso.
Raúl Barrera, diputado por el Movimiento Semilla, indicó que la propuesta pretende penalizar las relaciones sexuales entre adultos y menores para prevenir el abuso infantil en todas sus facetas; además, resaltó que se promoverá una campaña de sensibilización en todo el territorio nacional con un mensaje: Los niños y las niñas no se tocan y la edad sí importa.
Enfatizó que no solo se busca un cambio en lo penal sino también en el aspecto cultural, en el quehacer de las instituciones en función de una protección integral, para lo cual se profundizó en la importancia de garantizar el resguardo de los menores.
El legislador señaló que, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), siete de cada 10 casos donde una niña está embarazada su pareja es un adulto, y hay situaciones en las que el varón les duplica la edad.
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Educación duplica aporte para compra de útiles escolares
Después de 15 años, la cartera de enseñanza mejora los fondos para materiales que utiliza la población estudiantil
Luego de 15 años sin atención por parte de gobiernos anteriores, el Ejecutivo logró duplicar el apoyo económico para útiles escolares que necesitan los estudiantes del sector público, de acuerdo con la titular del Ministerio de Educación (Mineduc), Anabella Giracca.
Este incremento obedece a los esfuerzos conjuntos del
Ministerio de Finanzas Públicas y del despacho de enseñanza, indicó la funcionaria.
Asignación por alumno
Este es el primer aumento en la asignación por alumno en los últimos 15 años, reiteró Giracca, y recordó que al inicio de la presente gestión se pudo constatar que el aporte era de 50 quetzales por estudiante para preprimaria y primaria en el área urbana, 55 quetzales para el área rural y 100 quetzales para el nivel medio. El reajuste fue completado en agosto, indicó el Mineduc.
“Ahora se ha duplicado el monto a 100 quetzales para útiles en preprimaria y primaria y 200 quetzales para el nivel medio
durante el ciclo escolar”, aseguró la funcionaria.
Giracca expresó que este año se tiene contemplado el
desembolso de 335 millones 400 mil quetzales para beneficio de más de 3 millones de estudiantes de todo el país. Estos fondos son administrados por las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), que han sido clave en la efectiva implementación del proyecto, explicó.
La ministra recalcó que en enero pasado prometieron no solo continuar, sino ampliar los programas de apoyo. “Lo estamos cumpliendo y nuevamente se confirma con acciones el firme compromiso del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera con una educación de calidad para la niñez, adolescencia y juventud.
También, aseguró que siguen trabajando arduamente, conscientes que aún falta mucho, pero con la convicción de que se están alcanzando metas concretas hacia un futuro mejor para los más jóvenes de Guatemala.
Verónica Spross, directora de Empresarios por la Educación, expresó que el incremento es positivo, pues los niños tendrán más útiles escolares. “Lo importante es que vayan de la mano con metodologías efectivas por parte de los maestros”, afirmó.
Spross añadió que, debido a que los recursos se ejecutan a través de las OPF y se compran a nivel local, el programa dinamiza la economía de cada comunidad.
En tres semanas se presentarán denuncias, inhabilitaciones y destituciones contra involucrados en actos de corrupción detectados en el Ejecutivo, como parte de las medidas tomadas en las entidades del Gobierno, en el marco del caso de defraudación conocido como B410, revelado el 14 de agosto por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), indicó Julio Flores, director de la Comisión Nacional contra la
Corrupción (CNC).
“Uno de los enfoques clave de la CNC ha sido la implementación de procesos de revisión y detección de patrones de corruptela. Cada ministerio desarrolla las labores de verificación, y ya hay avances significativos”, manifestó.
Flores adelantó que estas medidas buscan asegurar que los procesos contra la actos anómalos sean abordados de manera efectiva y con la mayor transparencia posible en cada dependencia del Gobierno.
El funcionario agregó que la CNC también ha logrado resultados tangibles en la prevención de la corrupción. Uno de los más notables es el tablero interactivo de adquisiciones o compras oficiales, presentado recientemente por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
Esta herramienta se divide en tres partes: el presupuesto, el destino de los fondos y el gasto realizado. El objetivo es presentar de manera clara y accesible la información sobre las compras públicas, lo que facilita la identificación de irregularidades y la prevención de fraudes como el caso B410.
Otro avance es la creación de alertas junto al Minfin, las cuales están diseñadas para identificar comportamientos inusuales en las adquisiciones del Estado.
Estos esfuerzos no solo buscan prevenir la corrupción, sino también asegurar que cualquier indicio de irregularidad sea detectado y abordado de manera efectiva, señaló el funcionario.
Por otro lado, indicó que, desde abril, la CNC implementó un código de ética diseñado para prevenir hechos anómalos. “Esto ha sido un hito en la promoción de la integridad dentro del Ejecutivo”, añadió Flores.
Foto: Migración
Al menos seis de los 135 presos políticos nicaragüenses desterrados el pasado 5 de septiembre hacia Guatemala están interesados en quedarse de manera permanente en el país, según el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.
El funcionario dijo en conferencia de prensa que los acogidos por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo están con buena salud y se le da seguimiento a su situación.
El grupo de presos políticos liberados estarán en nuestra nación durante los próximos 90 días previo a definir su destino final en el exilio, que podría ser Estados Unidos, cuyo Gobierno medió para su liberación y traslado a Guatemala.
“Actualmente se encuentran en varios hoteles de la capital guatemalteca, y se les presta la atención humanitaria necesaria”, añadió el funcionario.
