Caro. Ineficiente. Corrupto. De esta manera califica el informe que elaboró la Convergencia por los Derechos Humanos el trabajo del Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras. El análisis está lejos de ser subjetivo. Al contrario, se sustenta en estadísticas oficiales de 2010 a 2024.
Para llegar a las conclusiones, el documento compara resultados obtenidos por las anteriores encargadas del ente investigador, Claudia Paz y Paz (2010-2014) y Thelma Aldana (2014-2018), versus los que muestra Porras (2018 a la fecha).
Veamos. De acuerdo con el trabajo que suscriben las nueve organizaciones que integran la Convergencia, el actual presupuesto del MP es 240 por ciento superior al de Aldana. Sí, 240 por ciento más que su antecesora. Y cómo se ha reflejado ese incremento: con prácticamente todos los índices evaluados a la baja.
Aquí algunos datos que evidencia la impunidad reinante. El 87 por ciento de delitos de mayor gravedad ha sido desestimado o mandado al archivo, mientras que solo un 3 por ciento fue resuelto. De los hechos contra la vida, el 94 por ciento quedó sin castigo. El 96 por ciento de pesquisas por violencia contra la mujer no tuvo resultados, mientras que la inmunidad caracterizó al 98.4 por ciento de los robos agravados.
Pero hay más. El estudio resalta el declive que se ha mostrado en el período de Porras cuando se trata de perseguir estructuras criminales organizadas. En este punto el actual MP superó al de Paz y Paz y al de Aldana, puesto que ha conseguido mayores sentencias absolutorias. Sí, ha dejado más de estos delincuentes libres que ninguna otra administración.
En fin, el documento se constituye en una muestra evidente del retroceso que el accionar de Porras y su equipo de trabajo implica para el sistema de justicia, lo cual provoca el desencanto de los guatemaltecos en las autoridades encargadas de perseguir y castigar el delito. Una desilusión que se traduce en desconfianza e impunidad. Claros retrocesos en la democracia y en el Estado de derecho.
Para cerrar este texto, conviene citar la siguiente conclusión del informe: “La (actual) administración se ha dirigido a criminalizar a operadores de justicia y a generar impunidad para las redes económicas ilícitas que han capturado al Estado”. Más claro ni el agua.
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