Bajo la administración de Consuelo Porras el Ministerio Público (MP) presenta retrocesos en su funcionamiento, según informe de la Convergencia por los Derechos Humanos.
El análisis, basado en datos estadísticos e información publicada por el mismo MP en los últimos seis años, concluye que el ente investigador se ha convertido en una institución marcada por la ineficiencia, el uso indebido de recursos y la politización que socava el Estado de derecho.
El documento subraya cómo la confianza en el MP disminuyó con Porras al frente. En 2019, las denuncias comenzaron a descender, y en 2020 solo fueron presentados 290 mil 776 casos, un 35 por ciento menos que las recibidas en 2018, durante el último año de gestión de Thelma Aldana.
Mínima eficiencia
Para Jorge Santos, de la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), a pesar de un presupuesto alto, que alcanzó los 3 mil 067 millones en 2024 y supera en un 240 por ciento a las anteriores administraciones, las métricas de eficiencia y calidad han alcanzado niveles críticos.
De los 3 millones 820 mil 472 expedientes que el MP afirma haber gestionado durante esta administración, solo 331 mil 487, el 8.6 por ciento, representaron salidas procesales efectivas como sentencias, acusaciones y resoluciones alternativas.
Asimismo, destacó que en 2023 el costo promedio por cada una de estas resoluciones ascendió a 74 mil 325.67 quetzales, tres veces más caro que durante el período de Claudia Paz y Paz y Aldana, sus predecesoras en el cargo.
“Esta ineficiencia le cuesta a la población, poque la ampliación presupuestaria que recibe no corresponde a las tasas de eficiencia esperadas, que resultan mucho menores a las que tenían las ficales anteriores”, destacó Santos.
La productividad de salidas alternativas, esenciales para resolver casos menores, disminuyó un 30 por ciento en comparación con gestiones previas. En 2023, se registraron 20 mil 233, frente a un promedio de más de 30 mil por año de las anteriores fiscalías.
Impunidad
El informe revela que la administración de Porras ha sido incapaz de abordar delitos graves como la violencia contra la mujer, el robo agravado y las extorsiones, que muestran índices de impunidad arriba del 94 por ciento, mientras que la efectividad en la resolución se encuentra entre el 1.6 y el 6 por ciento.
La caída en las acusaciones y sentencias es otro punto crítico. Durante las administraciones de Paz y Paz y Aldana, estas crecieron de manera constante, alcanzando un récord de 22 mil 997 en 2018. Bajo la guía de Porras, se registró un declive durante los años consecutivos, y el punto más bajo ocurrió en 2020, con 14 mil 001.
Según el documento, las sentencias disminuyeron 50 por ciento en 2020 y 2021 y 30 en 2022, en relación con el último año de gestión de Aldana. Además, la calidad de las sentencias refleja una creciente ineficacia, con absoluciones que llegaron al 19 por ciento, el doble de lo registrado anteriormente.
Corrupción
El análisis detalla cómo el MP se ha convertido en una herramienta para garantizar impunidad a las redes económicas ilícitas que han capturado al Estado, al tiempo que persigue a operadores de justicia, algo que comparte Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).
En ese sentido, recuerda que el 87 por ciento de las salidas procesales en el mandato de la actual jefa del MP corresponde a desestimaciones y archivos, lo que deja a las víctimas sin acceso a la justicia. Su tasa de resolución es de 3 por ciento, lo cual se traduce en una impunidad generalizada del 97 por ciento.
“Esto representa una denegación de justicia, lo que agrava la impunidad en Guatemala, pues la mayoría de los procesos quedan sin ser resueltos y la población no obtiene una respuesta concreta a sus denuncias”, comentó Rodenas.
El experto recuerda que varios fiscales han sido destituidos arbitrariamente por resistirse a las políticas vigentes, lo que constituye una violación a su carrera y debilita la capacidad de la institución para cumplir su mandato.
Porras está incluida en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por, presuntamente, obstruir investigaciones de corrupción y proteger a sus aliados políticos, acciones que socavan la democracia y la justicia.
Urgencia de cambios
El informe concluye que las actuaciones de la aludida representan un incumplimiento de sus funciones constitucionales, lo que afecta la institucionalidad.
Según Santos, las salidas procesales efectivas, los índices de impunidad y la utilización de recursos públicos evidencian un ejercicio insatisfactorio, que debería derivar en su remoción inmediata.
“Es necesario que se pueda conformar un grupo de expertos independientes que hagan una evaluación objetiva de la gestión del MP en los últimos años, y que a raíz de la misma se puedan tomar las consideraciones sobre el futuro de esa administración”, comentó Santos.
El diputado Samuel Pérez, del Partido Movimiento Semilla, destacó que la institución bajo el mandato de Porras se ha dedicado más a la persecución política y ha dejado de lado la investigación de casos que afectan a la población.
“Desde el Congreso de la República se busca reformar la Ley Orgánica del MP para removerla. Esperamos que esta iniciativa avance y seguiremos impulsándola para lograr su aprobación”, aseguró Pérez.
Finalmente, el documento sugiere que mientras Porras continúe en el puesto, será imposible realizar investigaciones objetivas y efectivas. “Urge la designación de un fiscal especial o un mecanismo independiente para evaluar su responsabilidad administrativa, civil y penal”, puntualizó Santos.
Desestiman estudio
Al buscar una reacción sobre el informe presentado por la Convergencia, en el MP se indicó que el documento es “totalmente errado y falso” y que, al contrario, el período de Porras ha sido el “más eficiente de la historia”, lo cual han demostrado con datos oficiales.
“La administración actual recibió 1 millón 266 mil casos en mora de administraciones anteriores, lo cual significaba impunidad. Gracias a las acciones estratégicas impulsadas por la fiscal Consuelo Porras, actualmente, se ha resuelto el 99 por ciento y se ha alcanzado una efectividad del 97 por ciento en la resolución de los nuevos casos, resolviendo 2 millones 568 mil 219 expedientes”, respondió el Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público, que se negó a responsabilizar a algún funcionario del comentario.
Luego de que el Ministerio Público desestimara el documento, Jorge Santos, de la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), explicó que el análisis surge de información pública compartida por esa entidad.
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), respaldó esta postura y agregó que “son datos objetivos obtenidos de los propios informes del MP”, que fueron analizados y estudiados a profundidad.
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