Con la aprobación de la Ley Nacional de los Consejos de Desarrollo, Guatemala dio un paso importante en el impulso para establecer un orden en los procesos para superar la pobreza por medio de la promoción de la participación ciudadana.
De esa cuenta, el Sistema de Consejos de Desarrollo tiene como función primordial la coordinación de las políticas que son formuladas en los diferentes niveles de organización para propiciar la prosperidad económica y social.
En este sentido, esta instancia se conforma con cinco estructuras, que van de la escala nacional, a la regional, departamental, municipal y comunitaria. De tal cuenta, el espíritu de la norma es buscar la mayor representatividad, pues las propuestas de proyectos, sus presupuestos y sus alcances provienen de todas las perspectivas de la población.
Lamentablemente, a lo largo de los años al espíritu de la Ley se le ha restado legitimidad, pues en muchas ocasiones los entes que integran cada unas de las instancias suelen politizarse para responder a intereses espurios.
No obstante, el Sistema en cuestión da la oportunidad a la gente de proponer y mantener una fiscalización sobre las obras que se llevan a cabo en su localidad. Pero ello implica la responsabilidad de los habitantes para organizarse, y así tener la capacidad de expresarse y proponer soluciones para su entorno inmediato.
El Organismo Ejecutivo ha fortalecido este método, al incluir en la iniciativa de Ley del Presupuesto Nacional para 2017 que la entrega de recursos a las comunas para la obra pública estuviera condicionada a la formación de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comude), lo cual fue aprobado por el Congreso.
De esa forma se le brinda a la población la oportunidad de que este instrumento legal le permita ejercer un pleno y varadero involucramiento en las acciones que considere convenientes para transformar su realidad inmediata.
Según lo descrito, es importante destacar que cada Comude está conformado por el alcalde municipal, síndicos, concejales, los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, así como con miembros de entidades de la sociedad civil, mujeres y de instituciones públicas que tengan presencia en las localidades.
Asimismo, el Gobierno demuestra su carácter municipalista, lo cual se empezó a evidenciar con una mayor asignación en esta materia, que pasó de Q700 millones en 2015, a Q1 mil 700 millones el año pasado.
