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EDITORIALES

Importantes avances en la portuaria

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Según consta en el artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, (Empornac), está contemplado el traslado de fondos para el Ejecutivo. Por esta razón es que ayer se entregaron las utilidades del ejercicio fiscal 2017 al presidente de la República, Jimmy Morales.

En esta ocasión el monto entregado tiene un récord histórico, que consiste en 85.84 millones de quetzales. Esta cantidad fue superior en comparación con años anteriores; ejemplo, la de 2016, por 1.66 millones de quetzales.

Por otro lado, pero siempre en el tema de la Portuaria Santo Tomás, se invertirá un total de 240 millones de quetzales en equipo, maquinaria e infraestructura, como parte del tema de desarrollo económico que ha impulsado el gobierno del presidente Morales.

De la anterior cantidad, Q100 millones serán invertidos en la infraestructura del puerto citado, ubicado en el Caribe guatemalteco y considerado el más grande del país. Es importante destacar que las autoridades de Empormac ya están preparadas para adquirir este año más equipo; entre este, montacargas, tres remolcadoras, contenedores y cabezales.

Con esta implementación se espera que la Portuaria se convierta en más competitiva en el mercado internacional.

Otro proyecto importante que se contempla es la ampliación de 300 metros de las instalaciones.

Esto tiene como objetivo crear una terminal de contenedores, así como construir, en coordinación con la Municipalidad de Puerto Barrios, un puerto especial para recibir cruceros y, por ende, brindar mejor atención a los turistas. Como una especie de colofón, otra de las grandes acciones es la creación de la página web, en la que se ha puesto a funcionar la ventanilla única, por medio de la cual los interesados pueden cotizar y pagar en línea todo lo relacionado con esta empresa.

Redacción DCA
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EDITORIALES

Exilio de Laparra elevó el repudio contra la Fiscal General y el OJ

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Pocas veces en la historia democrática de Guatemala, alguna persona o institución habían generado tanto rechazo o concentrado el repudio que existe contra la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y algunos magistrados y jueces del Organismo Judicial (OJ).

Las antipatías hacia estos funcionarios son tan rotundas como merecidas. Sus nombres y apellidos están ligados, de manera automática, con la corruptela e impunidad, al punto que una buena parte de compatriotas desea y espera que, en un futuro cercano, enfrenten la justicia y respondan por las presuntas persecuciones políticas emprendidas.

Un reciente artículo divulgado ayer por EFE, la agencia internacional de noticias española, dimensiona la gravedad de lo que ocurre en esta nación, producto de los arreglos entre un grupo de corruptos que cooptó el Estado con el único propósito de saquear, de forma impune, el erario y perseguir a quienes consideran sus rivales o críticos.

Así las cosas, desde 2019, al final de la trágica gestión de Jimmy Morales, y hasta 2023, durante el régimen déspota de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos han salido al exilio para evitar o detener el despiadado hostigamiento que ejerce el MP, el cual acuerpan jueces y magistrados cegados de poder y venganza.

Lo cierto es que la decisión que tomó la exfiscal Virginia Laparra de abandonar el país, forzadamente, se convirtió en la gota que colmó la paciencia de los ciudadanos que luchan por construir un Estado en el que impere la decencia y promueva el desarrollo integral e inclusivo.

Esta mayoría de compatriotas, que se hizo oír por medio de activistas y representantes de gremios, a quienes se unieron dirigentes del mundo, reparó en la trascendencia del trabajo de las comisiones de postulación para seleccionar aspirantes a jueces y magistrados, las que, en primera instancia, tienen en sus manos sanear un sistema y expulsar a quienes se ganaron el repudio generalizado de una nación.

Editor DCA
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El desarrollo del Petén pasa por recuperar la presencia del Estado

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Por incompetencia o por complicidad, las anteriores autoridades de los organismos del Estado no solo se despreocuparon de atender el departamento más grande del país, sino que lo pusieron en una situación de desamparo, que fue aprovechada por diversas estructuras criminales.

Así las cosas, Petén se convirtió en un territorio donde gobernaban las mafias que trafican personas, mercancías y drogas. El abandono del territorio fue tal, que el crimen organizado llegó al extremo de quemar impunemente los bosques, con el propósito de contar con extensiones más amplias para el aterrizaje de avionetas que transportan narcóticos de Colombia, Ecuador y Perú, por mencionar algunos países.

La urgente necesidad de poner orden y mejorar las condiciones de vida de los peteneros motivó al presidente y a la vicemandataria, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, respectivamente, a reunirse con los alcaldes y liderazgos sociales, con el fin de escuchar sus necesidades y crear los programas y proyectos que permitan resolver los problemas que angustian a los pobladores.

Luego de constatar los daños causados por los incendios y tras escuchar a los vecinos, encuentros en los que participaron los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, el binomio presidencial definió un plan que permitirá llevar tranquilidad y desarrollo integral. El mismo incluye, como elemento base, mayor presencia estatal y el despliegue de efectivos militares y policiales.

Además, se impulsará una estrategia con la que se dotará de energía eléctrica al departamento y se fortalecerá el puesto fronterizo que se hará cargo de imponer los controles pertinentes en la zona. Adicionalmente, se pavimentará la carretera a Melchor de Mencos, algo que el Ejecutivo considera primordial porque optimiza las condiciones de vida de los connacionales y contribuye al desarrollo turístico de Petén y de Guatemala.

Llevar prosperidad y esperanza a este territorio es más que una obligación del Estado; de ahí que Arévalo y Herrera lo vean como un acto de justicia hacia un pueblo que sueña con una nueva primavera.

Editor DCA
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Basta de privilegios y concesiones espurias

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Los aplausos que recibió el Ministerio de Gobernación tras quitar los guardaespaldas asignados a 17 congresistas reflejan el cansancio de los guatemaltecos contra los privilegios que, anteriormente, se concedían e intercambiaban las máximas autoridades de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La disposición, valiente y acertada, muestra el espíritu democrático y transparente de un Gobierno que busca acabar con ese sistema corrupto que aún funciona en diversas dependencias del Estado, las cuales han sido manejadas de una forma malévola e inescrupulosa.

De esa cuenta, en breve, los guatemaltecos tendrán a su servicio a otros 61 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se turnaban para proteger a los parlamentarios, casi todos del partido Vamos, agrupación que a su paso por la gestión pública saqueó el erario y hoy es el principal obstáculo para el desarrollo integral e inclusivo del país.

La medida, como bien comentan los expertos, también representa un paso enorme para dignificar a los policías, quienes debían asumir funciones indignantes, lejanas a sus procesos formativos y a su experiencia en el campo de la seguridad.

De igual manera, revertir esta polémica instrucción permite corregir una presunta ilegalidad, dado que algunas asignaciones se efectuaron de manera verbal, injustificada y sin los respectivos análisis de riesgos que ampararan designar al personal.

Está claro que la guerra contra la corrupción y los corruptos requerirá solventar otras batallas, tomando en cuenta la inmundicia heredada y bajo la cual algunos fiscales, parlamentarios y jueces pretenden seguir viviendo. Ahora, tocará esperar cómo reaccionan los presuntos afectados, quienes, casi con seguridad, extremarán sus estrategias para impedir que florezca la nueva primavera.

Pero sería bueno que previo a cualquier represalia, ellos y sus aliados en curules, tribunales o fiscalías escuchen la voz de los connacionales, quienes ya están hartos de ver cómo unos pocos se aprovechan de sus puestos para llevar una vida de reyes a costa de los impuestos que, con esfuerzo y trabajo, aportan las grandes mayorías.

Editor DCA
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