En una extensa jornada de votación, el pleno del Congreso de la República eligió anoche a los 156 magistrados titulares de las 52 Cortes de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría en el ámbito nacional, período 2024-2029.

Al final de la designación, diputados y analistas compartieron su perspectiva. Los legisladores consultados coincidieron que se realizó un ejercicio democrático, mientras que dos analistas y autoridades indígenas lamentaron que profesionales capaces hayan quedado fuera de las votaciones y esperan que los elegidos demuestren que están comprometidos con el país.

Los nuevos togados fueron seleccionados de un listado de 312 aspirantes, presentado al Legislativo por la Comisión de Postulación, liderada por Raúl Arévalo. Para ser electos, los profesionales debían obtener al menos 81 votos.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, destacó la transparencia del proceso, y desestimó las especulaciones sobre posibles alianzas entre bloques legislativos para apoyar a determinados candidatos. “No veo ninguna alianza, lo que veo son diversos bloques tratando de encontrar consensos. Veo un ejercicio democrático, público y transparente”, declaró Ramos.

Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla, calificó la elección como un avance hacia la independencia judicial. 

“Estamos satisfechos con los resultados. Creo que vamos a tener Salas de Apelaciones independientes, sin presiones ni subordinaciones, lo cual es un gran resultado para el pueblo”, afirmó.

Que cumplan con su deber

Pedro Raymundo Cedillo, de la Alcaldía Indígena Maya Ixil,  hizo un llamado a los electos para que cumplan con su deber de defender el orden constitucional y el Estado de derecho. Cedillo recalcó que el poder conferido es representativo del voto ciudadano, y advirtió que cualquier mal uso de este será recordado en futuras elecciones.

Las Cortes de Apelaciones desempeñan una importante función dentro del proceso judicial, ya que tienen la responsabilidad de revisar las decisiones judiciales emitidas por los tribunales de primera instancia y garantizar el derecho a recurrir de las partes en el proceso legal. Este rol es clave para asegurar que se respeten las garantías procesales y que se haga justicia en casos donde las decisiones de primera instancia puedan ser erróneas o incompletas.

Preocupaciones 

“Vemos con cierta preocupación que se descartó a muchos buenos perfiles que esperábamos hubieran tenido una mejor evaluación y resultado” y pasaron “una gran cantidad de personas que, por lo menos, son muy desconocidos”, aseguró Marielos Fuentes, de Guatemala Visible. 

Luego remarcó: “Será de esperar que sean los propios magistrados los que demuestren que eran las mejores personas para estos cargos”.

En términos similares se pronunció Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia. “Esta votación confirma que la alianza política que dominó el país desde 2017 hasta enero de 2024, y que usualmente se le llama pacto de corruptos, está más viva que nunca”, aseguró Ibarra.

“Creo que pudieron haber hecho una mejor elección de la que hicieron”, concluyó Ibarra. Al cierre de esta información, los parlamentarios votaban por los magistrados suplentes de estas Cortes.

Finaliza cuarta visita de observación

La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que vigila y verifica la elección de Cortes en Guatemala, culminó ayer su cuarta visita al país, en coincidencia con el final del proceso.

Los tres integrantes de la instancia de la OEA ya dejaron esta nación, según un comunicado del ente regional, en el que instaron al Congreso a elegir con responsabilidad a los magistrados de las Cortes de Apelaciones (CA).

La misión, por medio de un informe preliminar, indicó el pasado 18 de septiembre que resultaba preocupante que las postuladora encargada de evaluar y seleccionar a los candidatos haya rechazado todos los señalamientos de corrupción presentados contra los aspirantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las CA.

La designación de jueces estuvo bajo la lupa internacional, debido a que las últimas dos elecciones, en 2014 y 2019, estuvieron manipuladas, de acuerdo con declaraciones y procesos judiciales.

Luis Carrillo Fotógrafo: Cecilia Vicente

Foto: SAT

Una ampliación de la denuncia penal para incluir a 206 empresas más, que se suman a las primeras 35, realizó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en el caso de defraudación tributaria entre 2021 y 2023, de al menos 300 millones de quetzales, que involucra a 410 contribuyentes, caso conocido como B410. 

Las nuevas acusaciones se hicieron el 10 de septiembre y se agregaron a las 35 del 13 de agosto presentadas ante un tribunal y se entregó copia al Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), indicó ayer, durante una conferencia de prensa, Marco Livio Díaz, titular de la SAT. 

“El resto para completar las 410 empresas (169) no han facturado, por lo que solo procedimos a deshabilitarlas de nuestros registros y no permitir que tengan ninguna operación comercial por haber sido inscritas con documentación falsa”, remarcó el funcionario. 

Dinero recuperado

También, se indicó que, a la fecha, se han recuperado 24.1 millones de quetzales, porque 10 contribuyentes denunciados han efectuado pagos totales (2) y parciales (8) de los montos correspondientes a las inconsistencias detectadas, así como rectificaciones en sus declaraciones de los impuestos al valor agregado y sobre la renta.

El superintendente estimó que la recuperación de los tributos no pagados, a finales de año, cierre entre 100 millones y 125 millones de quetzales.

De acuerdo con la investigación realizada por el ente recaudador, un solo abogado creó más de 400 empresas de cartón, que facturaron más de 5 mil millones de quetzales entre 2021 y 2023, pero no tributaron lo que correspondía. 

Como medidas precautorias, y por medio de acciones judiciales, se han embargado 106.4 millones de quetzales y 440 mil dólares. Además, se inhabilitó a 30 contribuyentes del régimen del IVA, lo que impide que puedan emitir facturas. De esos, nueve lograron la habilitación por medio de amparos judiciales provisionales y dos solventaron su situación.

Además, 32 empresas más fueron invalidadas en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y de ellas, cuatro fueron amparadas para que la SAT dé marcha atrás y dos solventaron su situación con el fisco. 

“Hemos pedido el arraigo contra los representantes legales y los contadores en la primera denuncia, de 32 compañías. De los demás no se pidieron esas medidas, solo se judicializaron los casos para que no pudieran seguir facturando”, agregó Díaz. 

Pide capturas 

“Creo que es urgente tener las órdenes de captura y poder entrevistar a esas personas para que digan la veracidad de los hechos, quiénes las contactaron y por qué. Mientras eso no sucede, tenemos delimitado nuestro campo de acción”, argumentó Díaz.

Se indicó que la SAT está trabajando conjuntamente con el MP y la CGC para esclarecer el caso de defraudación tributaria. 

Adicionalmente, se dijo que la Superintendencia de Bancos (SIB), por su lado, está haciendo una pesquisa. La SAT “como querellante adhesivo va a solicitar que toda esa investigación se presente en el tribunal y sirva de información adicional para establecer a los verdaderos responsables”, remarcó Díaz.

Litigio legal para inhabilitarlas

De momento, 21 contribuyentes denunciados han presentado amparos para continuar operando; de ellos, 10 han sido decretados provisionalmente por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia tributaria. 

Por ello, la SAT presentó recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para revertir esas decisiones. Un amparo fue denegado y otros 10 están en proceso y pendientes de ser resueltos. 

“No podemos permitir que una compañía que se ha quedado con el IVA siga trabajando, siga facturando y se sigue quedando con más impuestos de los guatemaltecos”, concluyó Díaz.

Rodrigo Pérez

Acciones que atentan contra el Estado de derecho en Guatemala, achacadas al Ministerio Público (MP) y sus fiscales, resaltan en el informe del Laboratorio de Impacto del Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Cyrus R. Vance Center for International Justice.

El documento, denominado Por encima de la ley: El Ministerio Público en Guatemala, recopila datos de varios informes oficiales internacionales.

Según el reporte, el ente investigador es la principal entidad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley en una democracia.

Sin embargo, “en los últimos años, ha sido señalado por diversas fuentes oficiales extranjeras por haber atacado de manera sistemática el Estado de derecho”, menciona el reporte, que alude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha llevado recientemente a recomendar, de manera específica, una revisión independiente del funcionamiento del MP y de su impacto en los derechos humanos.

Además, incluye la versión de la Fiscalía que ha negado de manera reiterada la existencia de una práctica de criminalización, argumentando que tiene el mandato legal de investigar todas las querellas que reciba, sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión. 

En el informe se hace un recorrido por algunos eventos que han marcado el desempeño del MP, entre ellos la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por decisión del entonces presidente Jimmy Morales.

En el documento se recuerda que la Cicig denunció en su último informe la manipulación de investigaciones, así como la criminalización de fiscales y jueces que intentaban garantizar pesquisas objetivas en Guatemala.

Stanford y Vance Center resaltan patrones específicos que evidencian la criminalización de operadores clave del MP, como la presentación de un gran número de denuncias contra una misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con el claro propósito de dificultar su defensa legal y la presentación de acciones anónimas o infundadas, con el fin de generar un “clima de presión, hostigamiento e intimidación”, entre otros.

Redacción DCA Fotógrafo: Archivo