Patricia Joachín
Viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal Ministerio de Finanzas Públicas
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Las cifras confirman que Guatemala mantiene una posición sólida y sostenible, se prevé que la deuda se situará alrededor del 27% del PIB en 2025, muy por debajo del promedio de 16 países de América Latina de 50.2% (Cepal, 2025) reflejando la prudencia en la gestión de la política fiscal. El país también cuenta con un perfil macroeconómico estable: crecimiento en torno al 4.0%, inflación baja y estable, un déficit fiscal con un aumento temporal y moderado en 2025 y 2026, orientado a la inversión y el bienestar, para luego reducirlo a partir de 2027. Esta estrategia fiscal permite un triple rédito: seguir consolidando una economía confiable y responsable, con capacidad para cumplir con sus responsabilidades financieras y resiliente para afrontar los desafíos globales; mejorar la efectividad de las políticas sociales y de apoyo a la inversión, y fortalecer la confianza ciudadana en las decisiones
públicas.El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín) presentó el Informe de Riesgos Fiscales 2026-2030, para evaluar de forma integral los factores de vulnerabilidad que pueden incidir sobre la sostenibilidad fiscal. Esta publicación incorpora una hoja de ruta que define indicadores clave para dar seguimiento proactivo a los riesgos fiscales, representa un paso decisivo en la modernización de la política fiscal y fortalece su compromiso de implementar una gestión basada en la transparencia, rendición de cuentas y adopción de buenas prácticas internacionales. Es importante resaltar que el informe aplica la metodología Fiscal Risk Assessment Tool (FRAT), recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta publicación incorpora una hoja de ruta que define indicadores clave para dar seguimiento proactivo a los riesgos fiscales.
El informe identifica y evalúa los peligros que pueden afectar la estabilidad de las finanzas públicas, como los riesgos ambientales y climáticos, con impactos potenciales de hasta 9.8% del producto interno bruto (PIB) en caso de un evento extremo; los riesgos macroeconómicos, vinculados a la evolución de las remesas, que representan poco más del 19% del PIB; los riesgos institucionales, como la no aprobación del presupuesto o los litigios; y, los riesgos previsionales. Con la identificación de los riesgos fiscales, el Gobierno no espera que las vulnerabilidades se materialicen, sino busca brindar información estratégica que promueva la acción con responsabilidad y previsión, para continuar implementando políticas y mecanismos que resguarden la estabilidad macroeconómica y financiera durante varias décadas.
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