Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
El desarrollo social, económico y político de una nación se facilita entre más elevada es la inversión que se hace en beneficio de sus habitantes. Y ese es precisamente el enfoque principal del reajuste presupuestario aprobado por el Congreso de la República el pasado 13 de agosto.
Más de 14 mil millones serán invertidos en distintas áreas para mejorar los niveles de vida de los guatemaltecos. Educación, salud e infraestructura son solo algunos de los sectores favorecidos por ese replanteamiento del presupuesto 2024.
La muestra más inmediata de esos desmanes está en la reciente denuncia de la SAT.
Por supuesto que no todos están de acuerdo con que los guatemaltecos vivamos mejor. Hay quienes prefieren seguir siendo los privilegiados y quedarse con buena parte de las ventajas que genera el pago de impuestos mal redistribuido.
La señal más evidente de lo anterior es que, casi de inmediato a la aprobación del Decreto 16-2024, varios corrieron a la Corte de Constitucionalidad a pedir que el trámite fuera anulado, disque porque viola la legislación del país. El argumento directo es que se habría suspendido la interpelación que se realiza al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Nada más absurdo. La ley de la materia dice que no se puede limitar el derecho de un diputado a interpelar, más sentencias de la CC aprueban la suspensión temporal del proceso de interpelación para que el Pleno conozca otros temas de interés de la nación.
Y, en efecto, la interpelación seguirá su trámite, así que no hay nada que limite esa posibilidad y que, por tanto, pueda tirar por la borda el trámite de aprobación, con 111 diputados a favor, del reajuste presupuestario.
Solo se debe esperar que la CC sea congruente con la jurisprudencia de la materia y que desestime los llamados de algunos malintencionados ciudadanos que buscan entorpecer la inversión pública planificada con esos poco más de Q14 mil millones que la Superintendencia de Administración Tributaria ya recaudó y que solo esperan ponerse al servicio de los más necesitados del país.
El tiempo corre y entre más larga se dé a los enemigos de la patria, más tiempo tendrán para seguir haciendo de las suyas y aprovechándose de los recursos del Estado.
La muestra más inmediata de esos desmanes está en la reciente denuncia de la SAT que involucra operaciones de evasión fiscal de 410 empresas y que dejaron al fisco sin Q300 millones que pudieron invertirse en mejoras al servicio de la población, solo entre 2021 y 2023.
El ojo fiscalizador de los guatemaltecos debe estar atento para evitar que los acostumbrados a quedarse con los impuestos de los guatemaltecos sigan haciendo de las suyas.
