Es loable la meticulosa labor que durante nueve meses llevó a cabo la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que permitió evidenciar, después de 32 auditorías, que una estructura compuesta por no menos de 410 empresas incurrió en defraudación fiscal por más de 300 millones de quetzales, aunque el delito podría ascender a 800 millones de quetzales.
La SAT, dirigida por Marco Livio Díaz Reyes, ratificó que cumple su compromiso con la transparencia y actúa como garante y protectora de los recursos que debe administrar el Estado en beneficio de la población.
Sobre el modus operandi de esa red criminal informó el miércoles 14 de agosto el superintendente Díaz. La denominó B410, en referencia a que el centro de operaciones de esa mafia de 410 compañías se ubicaba en una rústica casa de la colonia Banvi, en un sector popular de la zona 7. Entre 2021 y 2023, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, nueve empresas de esa estructura vendieron productos y servicios a entidades públicas por 81.7 millones de quetzales, aunque en diversas operaciones llegaron a facturar alrededor de 4 mil 300 millones de quetzales.
Para evidenciar el latrocinio de quienes se enriquecen a costa de los impuestos, la SAT recurrió a modernas tecnologías, las que han demostrado que cada vez es más difícil engañar al ente recaudador.
La Policía Nacional Civil, la Industria Militar, los ministerios de Comunicaciones, Trabajo, Salud, Cultura y de la Defensa, así como la municipalidad capitalina y comunas de Suchitepéquez, San Marcos, Quetzaltenango y Santa Rosa, entre otras dependencias públicas, adquirieron productos de esa mafia, procesos que deben ser investigados por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) para garantizar que no queden impunes.
Procurar la captura, juicio y castigo de los criminales confirmaría que el combate de las mafias sí tiene resultados y es irreversible durante el gobierno encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes recibieron el mandato ciudadano de procurar el buen uso de los recursos públicos.
La población debe acuerpar el llamado del jefe de la SAT para no dejarse engañar por esos grupos delictivos y también para no involucrarse con mafias en las acciones ilícitas que buscan debilitar al Estado y traicionar al país.
El balón ahora está en la cancha de la CGC y del MP, instituciones que deberán procurar que sean castigados quienes se han quedado con cientos de millones en impuestos, cuyo destino tendría que ser procurar el bienestar de la nación.
