Gobierno y desarrollo humano

Al analizar el índice de desarrollo que posee el Estado de Guatemala, nos vemos en  la necesidad de plantear propuestas y poner en marcha acciones orientadas a superar la problemática social y económica que afronta el país al respecto de propiciar el desarrollo humano integral como deber del Estado.

La función de la institucionalidad pública para materializar su accionar en el impulso del desarrollo social  implica, como acción fundamental, la orientación del gasto público hacia el fortalecimiento de los entes públicos y de las políticas públicas que contribuirán a mejorar los indicadores de desarrollo, que nos dan una orientación sobre la situación actual que afronta el país con respecto a su nivel de desarrollo.

Los datos concretos nos orientan no solamente a conocer dónde deben reforzar los gobiernos su labor, sino hacia dónde priorizar determinadas políticas, planes y  programas gubernamentales, así como las instituciones públicas, cuyo fortalecimiento debe ser prioritario para los gobiernos de turno. Resulta imperante la verificación constante de los planes operativos anuales y los planes estratégicos institucionales, para visualizar si los mismos son consecuentes con el logro de los objetivos, tanto de la Política General de Gobierno y los Lineamientos Generales de Política, así como a elevar el índice de desarrollo humano.

El atender las demandas de la población es uno de los desafíos de los gobiernos, ya que el desarrollo de un Estado depende de la capacidad de los gobiernos de darle respuesta a las crecientes necesidades sociales plasmadas en demandas ciudadanas. La no atención a satisfacer el interés social es un catalizador de conflictos sociales y políticos y, por ende, un obstáculo para el desarrollo del Estado.

El cumplimiento por parte de los entes públicos de la función para la cual han sido establecidos depende también el logro de resultados con respecto a mejorar el nivel de vida de los habitantes.

El fortalecimiento de la democracia depende de la existencia de un Estado que promueva el desarrollo humano sostenible, a través de un gobierno que cada vez mejore su accionar a través de la implementación de un proceso de verificación de resultados institucionales apegados a una efectiva planificación centrada en el desarrollo humano integral de la población.