EN EL PAÍS
Gobierno prioriza el diálogo para solucionar conflictos
Sergio Flores. Comisionado presidencial del diálogo
La Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) mantiene la coordinación en todo el país de los procesos de diálogo, como una política esencial del gobierno del presidente Jimmy Morales, por lo cual se han resuelto con éxito importanes casos, explica el titular de la Comisión. En este año se ha participado en más de 186 procesos de diálogo, y de estos, 24 se abordaron en su fase de crisis, en donde el de más reciente solución benefició a 52 comunidades de Suchitepéquez y Retalhuleu.
¿Cuántos conflictos tiene registrados la Comisión?
En Guatemala existen actualmente no menos 2 mil conflictos, de los cuales la Comisión ha logrado abarcar en la actualidad un 10 por ciento, calificados como de alto impacto, mientras que el resto son de diálogos estratégicos, que son discutidos en mesas técnicas, para lograr un buen término. Dentro de estos hay conflictos de hace más de 300 años.
¿Cuántas mesas de diálogo están conformadas?
Se trabaja en 10 procesos de diálogo, en donde se abordan múltiples conflictos que han generado enfrentamiento entre los propios comunitarios, así como otros contra autoridades, y que son urgentes de solucionar para evitar más polarización de las comunidades.
¿Cuáles son los conflictos que tienen mayor incidencia?
El tema de conflictividad energética se posiciona en el primer puesto de nuestros diálogos estratégicos. Le siguen las áreas protegidas, tenencia de la tierra, agroindustria (cultivos de palma africana y banano), contaminación ambiental, uso de agua, manejo de residuos sólidos y el tema de minería a cielo abierto.
¿Qué localidades son las más afectadas por estas situaciones?
Son 11 departamentos: Alta Verapaz, Guatemala, Izabal, Petén, Huehuetenango, San Marcos, Suchitepéquez, Retalhuleu, Zacapa, Quetzaltenango y Quiché.
¿Cuál es el caso más reciente que ha sido resuelto?
A finales del mes pasado, y fue la reconexión de energía eléctrica que benefició a 45 mil habitantes de comunidades de Suchitepéquez y Retalhuleu; un conflicto con Energuate que llevaba 5 años.
¿Se han solucionado algunos este año?
Sí. Varios, y aunque no han sido mediáticos han tenido impacto en las comunidades, como en la finca Santa Isabel Mongoy, en Asunción Mita, Jutiapa. Se espera que para el resto del año se avance en la solución del conflicto en la Comunidad Campana, Chicamán, Quiché, en donde pobladores tienen tomados terrenos de la Hidroeléctrica Chixoy. Además en Alta Verapaz, y en Chajul, Quiché.
¿Hay recursos económicos para el próximo año?
La Comisión hizo un requerimiento presupuestario al Ministerio de Finanzas, que asciende a Q25 millones, para ampliar la cobertura, pues en la actualidad solo se trabaja en 8 sedes. Además, necesitamos vehículos para movilizarnos, así como otros insumos.
¿Hay cultura de diálogo?
Lamentablemente, en nuestro país no hay, ya que todo lo deseamos instantáneamente. Debemos entender que todo tiene un proceso, y, sobre todo, debe haber voluntad para conversar de manera pacífica, antes de llegar a las medidas de hecho.
Durante un en vivo en Tik Tok, el presidente Bernardo Arévalo fue cuestionado sobre qué pensaba del proceso de interpelación en el que se encuentran cinco ministros de su Gabinete. Respondió que lo único que buscan es entorpecer el funcionamiento del Gobierno.
“Tengo a un ministro de Relaciones Exteriores, el responsable de la política exterior del país, quien debe organizar y coordinar”, pero no puede salir porque está en la cola para ser cuestionado por razones tontas, afirmó el mandatario, al considerar que lo que más les interesa “es entorpecer el funcionamiento” del Ejecutivo.
El jefe de Estado reiteró que son cinco funcionarios quienes tienen que estar todos los jueves sentados en el Congreso, en vez de estar trabajando en sus carteras. “Esto lo hacen para frenar la capacidad del Gobierno de laborar, y eso al único que daña es al pueblo de Guatemala”, manifestó.
Los titulares de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez; de Desarrollo Social, Abelardo Pinto; de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, y de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, esperan rendir cuentas ante el Legislativo, mientras el responsable del despacho de Gobernación, Francisco Jiménez, avanza en el proceso.
El gobernante estuvo acompañado del ministro de Agricultura, Maynor Estrada, con quien abordaron distintos temas; entre ellos, víveres que han entregado a familias que viven en inseguridad alimentaria; apoyo a pequeños agricultores y caficultores y medidas que se están tomando para proteger los cultivos ante el exceso de lluvias.
EN EL PAÍS
Urge a tomar medidas contra los desechos sólidos
Vicepresidenta Karin Herrera exhorta a alcaldes para coordinar esfuerzos para enfrentar la crisis del agua
Durante su participación en el evento Summit 2024 Agua Limpia, Desarrollo Humano, la vicepresidenta Karin Herrera hizo un llamado urgente a los alcaldes para que tomen acciones concretas en la gestión de los desechos sólidos y destacó que este es un aspecto fundamental para la protección de los recursos hídricos.
La vicemandataria instó a asumir su rol con responsabilidad, y subrayó que es necesario dar un paso al frente por sus comunidades, “por la salud y el bienestar de sus jurisdicciones”.
También resaltó la reciente creación del Gabinete del Agua, que busca precisamente ser el espacio de coordinación entre comunas, sector privado, academia y sociedad civil, para generar soluciones concretas que protejan el líquido vital.
“Debemos trabajar unidos”, destacó, e hizo énfasis en que los esfuerzos aislados no son suficientes. Además, se refirió a la importancia de replicar buenas prácticas, como las iniciativas exitosas en la clasificación de residuos que ya se observa en algunos municipios.
Sin embargo, resaltó que aún falta mucho por hacer para garantizar un manejo eficiente que no afecte las fuentes de agua. La funcionaria también destacó que la protección acuífera debe ser una prioridad nacional, con compromisos firmes de todos los sectores. “Es un recurso vital y no podemos seguir fallando en su protección”, afirmó.
Por otra parte, la ambientalista del Movimiento Ciudadano HaciendoECO, Jeanne Samayoa, resaltó la importancia de abordar la contaminación y expresó su preocupación por el impacto en la salud infantil. “Si el 95 por ciento de nuestros ríos está contaminado, ¿cómo vamos a garantizar una vida digna a nuestros niños?”, cuestionó la analista.
Foto: MP
En seguimiento a las investigaciones del caso B410, por defraudación millonaria al Estado, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó ayer 11 allanamientos en inmuebles relacionados con nueve empresas acusadas de facturar la venta de bienes y servicios a entidades gubernamentales, con documentos y
direcciones falsas.
Además de los operativos, la Fiscalía presentó en la Contraloría General de Cuentas (CGC) 15 solicitudes de fiscalización que involucran a 13 organizaciones gubernamentales y municipalidades. Dichas instituciones realizaron adquisiciones de productos y servicios a un entramado de corporaciones, según fue expuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en agosto pasado.
De acuerdo con el ente tributario, entre 2021 y 2023, la red realizó ventas por 5 mil 730 millones de quetzales, pero solo declaró 26.9 millones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El MP indaga el uso fraudulento de recursos estatales, ya que la SAT denunció que el 75 por ciento de las 410 empresas involucradas fueron constituidas por el mismo abogado, y todas ellas contaban con el mismo representante legal.
Las pesquisas apuntan a que las compañías presentaban estados financieros con capitales mínimos y una relación de débitos y créditos inferior a lo habitual.
