Gobierno presentará iniciativas para endurecer combate a maras

Endurecer las penas a delitos de alto impacto como la extorsión y la  creación de una prisión especial para pandillas que contará con estrictos controles son parte de las 14 acciones que se contemplan en dos anteproyectos de la ley antipandillas que el Gobierno enviará a Congreso de la República en los próximos días. 

La propuesta incluye una normativa para fortalecer el Sistema Penitenciario (SP) y tratar a dichos grupos criminales y reformas a los códigos Penal, Procesal Penal, Ley contra la Delincuencia Organizada y de Términales Móviles. 

El mandatario Bernardo Arévalo explicó que el centro de privación de libertad  exclusivo para mareros será de máxima seguridad, contará con mecanismos de vigilancia extrema que, dentro de los parámetros constitucionales, graben todo el contacto personal de los reclusos. 

“Permitiremos, a discreción del director del Sistema Penitenciario, el aislamiento de reclusos por hasta 30 días prorrogables”, enfatizó al ahondar en los detalles. 

Claudia Palencia, viceministra de Antinarcóticos, detalló que en dicha cárcel se prohibirá el ingreso de encomiendas y se construirán celdas para un máximo de dos reos.

Otra de las características es que contará con un registro, identificación y control de las visitas que reciban los condenados. Estos últimos serán a través de identificación facial y se tendrá un registro y una base de voz, para reconocerlos en el momento de recibir denuncias por cualquier ilegalidad, especialmente extorsión, exacción intimidatoria u obstrucción extorsiva de tránsito. 

Asimismo, tendrá tecnología avanzada, que incorpore un centro de monitoreo de cámaras, las cuales deben de ser vigiladas desde un centro externo a la prisión, durante 24 horas los 7 días de la semana, agregó Palencia. 

“Esta es una propuesta de ley y de reformas que se vienen trabajando desde hace varios meses. No es algo sorpresivo o improvisado”, resaltó la funcionaria. 

“Le estamos dando a la Policía las herramientas y el respaldo necesarios para volver nuestras calles más seguras”. Bernardo Arévalo Presidente de la República

Castigos drásticos

El jefe de Estado también dijo que se propone el aumento de ocho a 15 años de cárcel por extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito y exacciones intimidatorias. Actualmente, la pena máxima es de seis años. Además, se plantea eliminar las medidas sustitutivas para dichos delitos. Además, cualquier extranjero que realice la usura será expulsado inmediatamente.

“A pesar de los desafíos que encontramos constantemente en el sistema de justicia y en el Ministerio Público, que muchas veces garantiza la impunidad, en vez de hacer justicia, nuestra agenda de seguridad avanza”, sentenció el gobernante guatemalteco. 

“Hago un llamado al Congreso y al Organismo Judicial para que seamos un Estado que unido afronta la amenaza del crimen organizado en Guatemala”. Francisco Jiménez Ministro de Gobernación

Magnitud del problema

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dio a conocer que existen 4 mil 899 pandilleros y aproximadamente 12 mil colaboradores, de los cuales 3 mil se encuentran en prisión.

Por tal razón, es necesario contar con planes a corto, mediano y largo plazo para continuar combatiendo a estos grupos criminales, refirió. 

“Con estas herramientas vamos a afrontarlos, desde las cárceles donde se encuentran los cabecillas y en las calles. Parte de esto es la prisión que se está proponiendo”, añadió. 

Jiménez hizo un llamado a los organismos de Estado y otros sectores a unir esfuerzos para luchar contra estas estructuras delictivas. 

“Guatemala está despertando, pero esto no puede ser el esfuerzo de un solo ministerio. Le hablo a los empresarios, estudiantes, líderes comunitarios, diputados, organizaciones sociales, iglesias, cooperación internacional, jueces, países amigos y a la prensa. La seguridad necesita de todos”, expresó.

Sondeo legislativo