Trabajo interinstitucional para evitar cobros ilegales.
Varios centros educativos fueron inspeccionados por denuncias sobre el cobro elevado en la matricula estudiantil, lista de útiles escolares y actos de graduación, entre otros, por lo que autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) lanzaron de manera conjunta el Plan Educa 2019, con base en el Acuerdo Ministerial 2746-2018.
En este plan participan el Mineduc, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Trabajo (Mintrab).
El viceministro de la cartera educativa, José Moreno, informó que el Mineduc coordina este plan y señala que lo que se pretende es mantener la prevención, asistencia y asesoría en todos los centros educativos públicos y privados, en donde se ha recibido alguna denuncia catalogada de indebida.
Es importante que todos en la comunidad educativa conozcamos nuestros derechos y obligaciones, precisó el funcionario.
Moreno hizo saber que en lo que va del año han recibido 82 denuncias, 12 del sector público y 70 del privado. “Las denuncias ingresan a la mesa técnica, y la mayoría son por cobros en útiles, uniformes y buses”, dijo.
Cuando esto se confirma, lo que procede es emitir un dictamen para que la institución señalada cumpla los requerimientos. “No llegamos con la intención de castigar, sino de hacer cumplir el marco legal”, explicó el viceministro.
Útiles escolares
Respecto a las listas de útiles escolares, Moreno indica que trabajan para que los centros educativos no pidan en exceso. Los recursos deben utilizarse en su totalidad para recibir educación de calidad, y se debe salvaguardar la economía de los padres de familia, puntualizó.
El director de la Diaco, Alejandro Pereira, indica que en 2018 se sancionó a 89 establecimientos educativos y se recuperaron para el consumidor no menos de Q500 mil, en cobros indebidos, gastos de graduación y uniformes.
Las sanciones impuestas a los establecimientos que infrinjan la ley van desde 1 salario mínimo hasta los 40.
El Mineduc puede hacer una llamada de atención o decidir el cierre del establecimiento, recordó Pereira.
Fernando Trabanino, Defensor del Consumidor de la PDH, asegura que supervisan los centros educativos e instruyen a los padres de familia para que no les impongan listas de útiles y libros de texto.
