Sergio Del Águila
El presidente Bernardo Arévalo comunicó, anoche, que su gobierno no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales provenientes del Ministerio Público (MP), para lo cual implementará procedimientos que aseguren que toda decisión sea ejecutada de acuerdo con la Constitución de la República y las leyes del país.
Además, el jefe de Estado informó que citará a la fiscal general, Consuelo Porras, para que explique su responsabilidad y la del MP en la crisis del sistema de justicia.
El mandatario subrayó la situación que agobia a Guatemala. “Hoy, nuevamente, somos testigos de una acción espuria del MP, que ha agudizado esta crisis”. Refirió que fiscales del ente investigador, ocultando sus identidades y siguiendo órdenes ilegítimas, “allanaron la vivienda del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, sustrayendo ilegalmente su pasaporte y pertenencias personales”.
Arévalo expresó su “total apoyo a Alvarado, a quien el gobierno le agradece haber servido a la patria durante los seis meses, quien, por su servicio honrado y transparente, merece el mejor trato de las instituciones públicas y de la sociedad”.
Agentes del MP allanaron este domingo la vivienda del exfuncionario y extrajeron documentos de Alvarado.
“Rechazamos estas acciones deleznables. La retención de sus pertenencias es una acción que juega en el límite de la legalidad”, advirtió el dignatario, al denunciar que este es otro “hecho gravísimo que muestra la arbitrariedad y cooptación de las instituciones de justicia”.
El Presidente también censuró el manejo con que el ente investigador ha llevado los procesos contra Ligia Hernández y Jose Rubén Zamora. Afirmó que a la exdiputada la sometieron a tortura psicológica para “empujarla a reconocer los cargos” que se le imputaban.
“Nuestra democracia es una amenaza para ellos y quieren destruirla cueste lo que cueste”, sentenció, al referirse a los organismos y personas que respaldan las persecuciones políticas contra opositores.
Decisiones inmediatas
En cuanto a la convocatoria de Porras, explicó que existen mecanismos legales que permiten esa disposición, los cuales hará valer. Insistió que la fuerza pública no tiene por qué acatar órdenes ilegales y reforzó la disposición del Ejecutivo de apoyar investigaciones y procesos enmarcados en la Constitución.
Otro tema que abordará con la fiscal es “la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, reflejados en la debida diligencia a más de 170 denuncias”, presentadas por este Gobierno contra actos de corrupción ocurridos en la pasada
administración.
El mandatario Arévalo también dirigió un mensaje a otras instituciones. “Los demás poderes del Estado deben estar conscientes que en estos momentos críticos para la historia, es deber estar del lado del pueblo y
recuperar nuestra justicia”.
“La justicia en Guatemala está en crisis. Hoy, nuevamente, somos testigos de una acción espuria del MP”.
Bernardo Arévalo
Presidente de la República
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