Con la aprobación del Código de Ética del Organismo Ejecutivo, que cobró vigencia ayer, el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera definieron las normas de conducta que regirán a funcionarios y contratistas que prestan servicios a las instituciones que conforman este poder del Estado.
Algunas de las disposiciones que destacan son las relativas a la creación de una estructura organizativa técnica, en cada dependencia del Gobierno, que se encargue del impulso y cumplimiento de la citada normativa, así como los criterios que se tomarán en cuenta para la asignación de cargos. En este sentido, se precisa que debe prevalecer la idoneidad, capacidad, honradez y méritos de los candidatos.
Las anteriores condiciones van en consonancia con el compromiso de los gobernantes de rescatar las instituciones, lo que implica la contratación de personal que cumpla con las calidades técnicas y académicas para ejercer con decencia y pericia la función pública.
Otros aspectos de trascendencia corresponden a las 15 obligaciones éticas y sus responsabilidades señaladas en dicho instrumento, entre las que resaltan los pedidos para que los servidores y funcionarios actúen con mayor diligencia, puntualidad y que muestren buena conducta frente a terceros.
Se especifica que los recursos públicos se deben destinar, exclusivamente, para el correcto ejercicio del cargo y advierte que no se tolerará la participación de empleados gubernamentales en actividades electorales, algo usual en los comicios.
Además, conviene citar el siguiente mandato. “Facilitar el acceso a la información sobre actos, procedimientos, pronunciamientos y resoluciones” de los entes llamados a respetar el código, lo que permitirá construir un Ejecutivo transparente, que rinda cuentas.
Finalmente, las personas que tienen relación laboral o contractual con el Gobierno deberán comprometerse a honrar las obligaciones y principios determinados, los cuales pretenden
fomentar la decencia y la lucha contra la corruptela en las dependencias del Ejecutivo.
