EDITORIALES
Gobierno empieza a transparentar el gasto
La primera reunión de ministros y secretarios de Estado con el presidente Bernardo Arévalo de León y la vicemandataria Karin Herrera permitió definir las acciones iniciales que el Organismo Ejecutivo implementará para empezar a honrar una de sus prioridades en los próximos cuatro años de gestión: el combate a la corrupción y la creación de un gobierno transparente y austero.
En este sentido, fue el propio dignatario quien comunicó las medidas adoptadas. “Hemos trabajado y profundizado en el tema de las disposiciones presidenciales para la eficiencia, control, priorización y transparencia del gasto público para el ejercicio fiscal 2024. Son normas que estamos poniendo en funcionamiento como parte de un esfuerzo de racionalización del erario público, a fin de evitar despilfarros”, comunicó, en el marco de una conferencia de prensa que ofreció tras la sesión de trabajo con sus colaboradores.
Adicionalmente, Arévalo detalló que las directrices implican la “correcta contratación de funcionarios y uso de vehículos, con el objetivo de poner a la administración al servicio de los ciudadanos y no de personas o grupos que velan por ellos mismos.
Uno de los pasos más trascendentes informados es el nombramiento de Santiago Palomo como encargado de la oficina de transparencia, instancia que será clave en la creación de una gestión que responda a la demanda social de imponer un régimen honesto, que vele por el bienestar de los connacionales.
Además de reiterar el retiro de los encargados de Aeronáutica y la comisión portuaria, el Presidente adelantó su determinación de efectuar cambios en las funciones y designación de los gobernadores departamentales, los cuales generen espacios para las autoridades comunitarias. En fin, nos encontramos frente a un binomio consciente que los recursos alcanzan cuando se utilizan de forma correcta.
Como si fuera una serie criminal, de esas que hoy abundan en los servicios de Streaming, los guatemaltecos y la comunidad internacional presencian, con absoluto asombro, la manera en que operó la red de vándalos defraudadores denominada B410.
Poco a poco, los ciudadanos se enteran de las vilezas perpetradas por un grupo de exfuncionarios y dueños de empresas, quienes hicieron su agosto durante el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
El martes pasado, en un nuevo episodio de esta trama, basada en hechos reales, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad que empezó a escribir el guion de esta red a la que, de momento, se le contabilizan más de 300 millones de quetzales defraudados, denunció a otras 206 empresas. Estas se suman a las 35 querellas presentadas el 13 de agosto pasado.
A la par de documentar nuevos indicios sobre la corruptela, las autoridades de la SAT demandaron la pronta captura de los antagonistas, para llegar a los autores intelectuales de los saqueos, quienes ya han protagonizado historias similares.
En el capítulo más reciente, divulgado ayer, el Gobierno descubrió que varias de las compañías que integran el B410 también defraudaron al Hospital General San Juan de Dios, mediante mecanismos que levantan al expectador de sus asientos. Inventaron remozamientos en lugares inexistentes, los cuales sobrevaloraron. Ni el más audaz de los escritores de novelas negras tendría tanta imaginación.
Pese a lo grotesco de los robos, que sobrepasan los 11 millones 800 mil quetzales, nadie se dio por enterado. Incluidas la auditoría interna del hospital y la Contraloría General de Cuentas, cuyas responsabilidades se centran en velar por el buen uso de los fondos públicos.
De momento, es imposible determinar cuántos capítulos más se escribirán de la B410. Seguramente, no alcanzará una temporada para contar esta historia de abuso y codicia. Pero las preguntas ya flotan en el ambiente: ¿El sistema de justicia será capaz de capturar a los delincuentes? ¿Se entregarán los foragidos? ¿Los juicios se desarrollarán aquí o en un tribunal
estadounidense?
Hay discursos que golpean las conciencias. Que ponen nuestra historia en perspectiva. Puede afirmarse que las verdades no necesitan maquillaje, mientras que las mentiras lo siguen siendo por más bonitas que se presenten.
De esa cuenta, el concepto de seguridad ciudadana durante un sistema democrático es diametralmente distinto al que se tiene en los gobiernos autoritarios. O en tiempos en los que pulula la corrupción.
Para los primeros, el tema está ligado a los derechos humanos, con las garantías individuales y colectivas de toda una nación. No solo para las élites ni exclusivamente para determinados estratos sociales. Los otros ven el asunto como otra manera de saquear el erario. De negociar con los grupos criminales, locales y externos.
Aquí radican las diferencias. Las nuevas formas de gobernar. Reforzar la seguridad en los cascos urbanos es ir por el camino correcto, siempre y cuando no se olviden las poblaciones rurales, las comunidades más apartadas del país, las que han sido invisibilizadas de las políticas públicas.
Hoy, el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación (Mingob), tiene un panorama claro sobre lo que requieren y demandan los ciudadanos. Ahora existe un plan definido que, además, ofrece resultados positivos. Aunque no se quieran ver, pese a los discursos populistas de quienes fracasaron por acción o pasividad.
Abrir la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, ejemplifica cuando el discurso es consistente con los hechos. Habilitar esa sede policial forma parte de una estrategia que ha sido pensada para fortalecer la seguridad en las urbes y en los pueblos originarios. De custodiar a quienes tienen más recursos económicos, pero también a aquellos que carecen de dinero.
Poco a poco, las poblaciones remotas constatarán que valen tanto como cualquiera. Es cuestión de tiempo para que la seguridad deje de ser un privilegio y se torne en un derecho. Llegará el momento en que el Estado vele por todos y todas.
En medio del recato que le caracteriza, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, envió ayer un par de mensajes. Aunque el funcionario no señaló a nadie, es fácil deducir quiénes son los destinatarios.
Las consideraciones de Díaz surgen en el marco de la ampliación de las pesquisas que el ente recaudador efectúa en el caso denominado B410, que evidenció un sistema que defraudó 300 millones de quetzales al fisco, durante el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. En dos platos, el responsable de la SAT informó que se interpusieron denuncias contra 206 empresas, las que se suman a las 35 iniciales.
Además, detalló los avances que permitirían llegar a los autores que ejecutaron los robos, así como a aquellos que tuvieron la planificación de los saqueos. Treinta compañías inhabilitadas para emitir facturas, 32 que no tienen acceso al Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y el decomiso de 106.4 millones de quetzales y 440 mil dólares son las cartas que presenta la Superintendencia.
Tras la presentación de estos números, Díaz lanza el primer llamado. Urge emitir órdenes de captura. La lógica del aludido, misma que comparte la mayoría de guatemaltecos, es que ello permitirá entrevistar a los presuntos culpables, para que cuenten quiénes los contactaron y por qué. Y agrega: “Mientras eso no suceda tenemos delimitado nuestro campo de acción”. Cuánta razón y lógica tiene.
El otro golpe llega cuando refiere los amparos provisionales recibidos por 10 firmas señaladas (una medida fue revocada), las que la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria permite continuar operando, pese a su presunto accionar en el fraude.
“No podemos permitir que una compañía que se ha quedado con el IVA siga trabajando”, advierte, previo a concluir que eso hace presumir que continúe quedándose con los impuestos. No cabe duda de que Díaz tiene razones de sobra para exigir que las instituciones asuman sus responsabilidades y dejen de proteger a ese pacto de corruptos que se atrinchera en un barrio de la zona 1.
