EDITORIALES
Gobierno define plan de prevención de verano
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó ayer el plan de resguardo y servicio para los veraneantes, el cual contempla medidas precisas de control del Covid-19.
Durante la exposición del protocolo operativo del Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa (Sinaprese 2021), personeros de la Conred recordaron que la sugerencia del presidente Alejandro Giammattei es “Quédate en casa, pero si sales, el Gobierno estará desplegando a nivel nacional” un operativo de protección, tanto sanitario como de seguridad personal.
Básicamente, el Sinaprese consiste en el despliegue de más de 2 mil personas de 15 instituciones del Organismo Ejecutivo y de cuerpos de socorro, quienes ofrecerán dos servicios: 1. Catorce campamentos, en el que se brindará atención prehospitalaria, y 2. Catorce puestos de control y prevención, que se encargarán de la atención vial.
Desde el año 2000, el Sinaprese se ha convertido en la estrategia que busca “prevenir, mitigar y responder a eventos generadores por situaciones de riesgo, emergencia o desastre (RED), debido a la movilidad y afluencia de personas durante la Semana Santa en las carreteras del país”. La experiencia acumulada por las instituciones y la conciencia que priman entre funcionarios y población, dada la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, son elementos valiosos para confiar en el éxito sanitario y de resguardo que se plantean las autoridades gubernamentales.
El Sinaprese 2021 deja en claro la plena vigencia de los acuerdos, el ministerial 229-2020 de la cartera de Salud, sobre la potestad de la cartera para imponer medidas de prevención, y el gubernativo 150-2020, que establece el sistema de alertas. Además, se reitera las responsabilidades de las autoridades municipales y departamentales, en el sentido de velar por el cumplimiento de las medidas biosanitarias correspondientes a la situación de cada localidad.
El Sinaprese instó a la población a mantener el uso correcto y permanente de la mascarilla, el lavado constante de manos y la distancia física necesaria, como actos de responsabilidad personal y colectiva, en el marco de esta pandemia que continúa amenazando la salud de los ciudadanos.
EDITORIALES
Giammattei y su gabinete deben rendir cuentas
Poco a poco, las máscaras de la supuesta decencia empiezan a caer y la verdad comienza a evidenciar el desgobierno de la administración anterior.
Es difícil recordar un día, en los 93 transcurridos en esta nueva gestión, que no se hayan denunciado supuestos asaltos al erario, perpetrados por el equipo que lideraban el exmandatario Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Las evidencias constatadas en los innumerables casos presentados dejan pocas dudas en cuanto a la corruptela que imperó del 14 de enero de 2020 al 14 de enero de 2024, por lo menos entre una buena parte de la ciudadanía que demanda justicia y castigo.
Lastimosamente, los procesos chocan contra las instituciones llamadas a investigar las querellas, por lo que los responsables de los presuntos malos manejos se mantienen impunes.
En este juego de ideas, ayer el ministro de Salud, Oscar Cordón, afirmó que la acusación que el Organismo Ejecutivo hizo contra Amelia Flores, su antecesora en el cargo, se ampliará a otros integrantes del gabinete de Giammattei, algo que los connacionales reclaman, dadas las sospechas de que los autores intelectuales del fraude cometido en la compra de las vacunas Sputnik
tenían jerarquías superiores a los exencargados de las carteras y secretarías de Estado.
De momento, todo apunta a que la denuncia incluirá a Pedro Brolo, que en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de Giammattei lideró las conversaciones con la empresa rusa
que vendió las Sputnik o contra quien facilitó los recursos para la transacción.
Adicionalmente, en una entrevista con la agencia EFE, el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, comunicó que los desfalcos que se cometieron durante el gobierno recién pasado se estiman entre 2 mil millones y 3 mil millones de dólares, dinero que le permitió a los ahora exfuncionarios obtener voluntades en diferentes organismos del Estado y asegurar una vida dispendiosa, aunque ello haya implicado ofensivos retrocesos en materia de desarrollo humano.
EDITORIALES
Empieza con desventaja la recuperación de instituciones públicas
Hay que aceptarlo: las mafias llevan las de ganar. En esta lucha por transformar las instituciones del Estado, los malos parten con ventaja, sobre todo si se toma en cuenta que serán los diputados quienes, finalmente, decidirán la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones.
Sin embargo, hay esperanzas de que la decencia se imponga y se termine escogiendo letrados probos, comprometidos con el país y respetuosos del Estado de derecho.
En este punto, existen por lo menos dos circunstancias que permiten mantener la fe. La primera tiene que ver con el papel activo que asuman los liderazgos sociales, los que han estado comprometidos con la defensa de la democracia.
A los jóvenes, pueblos indígenas y representantes sectoriales, hartos de la impunidad reinante, les tocará vigilar el proceso y levantar la voz ante posibles arbitrariedades.
De igual manera, la observancia de la comunidad internacional será determinante, así como lo fue al momento de proteger los resultados electorales y sancionar a quienes intentaron desoír la voluntad popular, con el claro objetivo de que el Organismo Ejecutivo continuara copado y al servicio de las mafias.
Aún así, las condiciones son desfavorables. De hecho, ya se conocen los movimientos que los impresentables realizan para copar a quienes integrarán las comisiones de postulación, con el fin de que incluyan a sus allegados en los listados que se elevarán al Legislativo para la selección de los magistrados.
También, existe la posibilidad de que los actuales encargados de la CSJ y de las salas de Apelaciones se nieguen a abandonar sus cargos y recurran a trucos legales a sabiendas de que tienen el apoyo de una buena parte de quienes componen el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Parlamento.
En fin, la convocatoria para la integración de las postuladoras, que tiene previsto efectuar hoy el Congreso, será un nuevo enfrentamiento entre el bien y el mal, batalla en la que, valga decir, aventaja la nueva primavera.
EDITORIALES
Salud en Ixcán,en el olvido por décadas
La salud de la población es una condición absolutamente necesaria para el desarrollo de un país. Por eso es de suma importancia la atención primaria, por una parte, y el adecuado funcionamiento de los centros asistenciales, por otra.
En ese contexto, la situación calamitosa del Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) que opera en Ixcán, Quiché, el cual, además, constituye un componente esencial del sistema de salud nacional, es un aspecto que no puede persistir, ya que desafortunadamente esa unidad asistencial no garantiza la atención satisfactoria para los 120 mil habitantes del área.
Las instalaciones del Caimi han caído en total abandono, tan extremo que las áreas de Ginecología, Maternidad y posparto son insuficientes para atender los requerimientos que plantea la demanda de esos servicios.
Una solución transitoria que han encontrado las autoridades locales es trasladar el Caimi a una propiedad de la municipalidad.
Pero la medida definitiva consistiría en edificar una nueva estructura hospitalaria con equipamiento médico moderno y abastecimiento completo; por ello, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo tiene el reto de asignar los recursos que el Estado debe aportar, en el ejercicio de su función como protector del bien común, lo que le corresponde conforme a la Constitución de la República.
Pero lo más importante es que esas obras de infraestructura básica sean construidas conforme a los estándares de calidad y que los recursos sean ejecutados de acuerdo con las más estrictas normas de probidad.
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