Además de dejar en trapos de cucaracha la infraestructura vial y crear una estructura que saqueó al país, los anteriores gobiernos, aunque especialmente los tres últimos, ignoraron compromisos morales que asumió el Estado, razón por la cual es indispensable que estos comiencen a saldarse a favor de las víctimas a quienes se les han violentado sus garantías más elementales.
Concretamente, en los pasados 12 años (períodos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei), Guatemala no solo ha incumplido 17 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sino que acumuló otros 292 procesos que, de no esclarecerse, implicarían más castigos y sanciones internacionales para el país.
Asumir la responsabilidad de afrentas e injusticias es también una cuestión de honor y empatía, sobre todo cuando gobernantes y gobernados están conscientes de que, en casos como el actual, la justicia ha estado sometida a grupos fácticos y mafiosos, que necesitan la complicidad de fiscales y jueces para esconder sus fechorías y enriquecimientos desorbitados.
El primer paso para corregir las desatenciones pasa por crear una estrategia que le permita a la nación retribuir los daños. De esa cuenta, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) definió un mecanismo que incluye reparaciones monetarias y simbólicas y también el ofrecimiento de disculpas públicas como las ya realizadas por el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, en Palacio Nacional de la Cultura y en Washigton, D.C, capital de Estados Unidos, a las familias de dos niñas a las que se les segó la vida y a quienes nunca se les hizo justicia.
El camino para acatar estas obligaciones será complicado, sobre todo porque la renuencia de los gobiernos pasados evitó que se crearan las partidas presupuestarias que faciliten contar con los recursos que requieren las acciones para compensar a los afectados. Sin embargo, ya es tiempo de que se retribuya a las víctimas o a sus familiares, aunque el crimen haya sido cometido en otros tiempos y por personas a las que ha protegido el sistema.
