Decisión del presidente y del Consejo de Ministros es respaldada por el sector privado.
El sector privado expresó ayer su total respaldo al Estado de Sitio por 30 días decretado por el presidente Alejandro Giammattei y el Consejo de Ministros en los municipios de El Estor, Morales y Livingston, en el departamento de Izabal, y en Panzós y Santa Catarina La Tinta, en Alta Verapaz.
La medida fue tomada debido a que “en los referidos lugares se ha detectado la presencia de grupos del crimen organizado que cometen actividades ilícitas como narcotráfico, migración ilegal, contrabando y otros hechos”, indicó el Ejecutivo por medio de un comunicado de prensa.
Destacó que “estos grupos delictivos han actuado de manera violenta y con uso de armas de fuego, con el propósito de amedrentar a los pobladores de la región, llegando al extremo de obligarlos, en muchos casos, a participar en esos hechos delictivos”.
Señaló que “las acciones han provocado la pérdida de empleos, la ejecución de múltiples delitos contra personas y sus bienes, y pretenden convertir la región en un área controlada por criminales; incluso extranjeros y de antiguos integrantes de facciones armadas”.
Espaldarazo
El sector privado aplaudió y respaldó, a través de comunicados, la medida para tomar el control de los cinco municipios.
“Respaldamos la decisión del Gobierno y esperamos que se retome el control de estos municipios que, durante años, han sido sometidos a acciones ilegales que ponen en riesgo la vida de miles de personas”, enfatizó la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
La Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) se sumó al apoyo e indicó que las operaciones de empresas en el sector se han visto amenazadas por actos violentos, invasiones de propiedad privada y operaciones de grupos criminales, lo que “afecta la justicia, el desarrollo social, la paz y la seguridad de los trabajadores, las comunidades y las empresas de la zona”.
La Cámara del Agro (Camagro) expresó su “absoluto respaldo a los estados de sitio” e indicó que “por años hemos venido denunciando ante las autoridades y la opinión pública las condiciones de ingobernabilidad y la existencia de estructuras de grupos criminales que operan con total impunidad, violentando la propiedad privada y amenazando la vida y la seguridad de los pobladores”.
*Con información de Rodrigo Pérez y José Mazariegos.
