El Gobierno de Guatemala sigue en busca de alternativas consensuadas en apoyo a 111 familias desalojadas de Laguna Larga, en la Laguna del Tigre, Petén, por lo que mañana dará continuidad al diálogo con los representantes de los afectos, informó una fuente oficial a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).
“El gobierno del presidente Jimmy Morales busca una solución al problema, si bien no es el único, aunque sí el más paradigmático”, dijo a la AGN, Sergio Flores, titular de la Comisión Nacional de Diálogo (CND).
De tal cuenta, el funcionario explicó que el encuentro se inició la semana pasada para “buscar alternativas” y advirtió que el problema más sensible para estas familias es la tierra, por lo que los esfuerzos del Gobierno se orientan hacia ese objetivo.
Asistencia
Tras su desalojo, dictado por un juez, por tratarse de una área protegida, las familias se desplazaron a una zona limítrofe con México, en la aldea El Desengaño, municipio de Candelaria, estado de Campeche.
Adicionalmente, el Gobierno está procurando ofrecer soluciones a las necesidades humanas de estos guatemaltecos, como educación, salud y alimentación, en parte en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictó “medidas cautelares” a su favor, explicó el comisionado.
No obstante, aclaró que las posibilidades de atención a sus necesidades están limitadas por la oposición de algunos miembros del colectivo a que se provea información personal de cada integrante de la comunidad a las instituciones.
“Atender las necesidades y resolver el problema amerita hacer censos, algo que hasta ahora no han querido, y eso es fundamental para poderlos atender”, comentó Flores.
Agregó que tampoco aceptan firmar listados cuando se les entrega víveres o medicina, “porque tienen miedo o son obligados a ocultar sus datos”.
“Es una situación preocupante porque ha retrasado mucho el apoyo”, señaló, citando el caso de la ayuda alimentaria que les entregó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y que cesó porque “las personas no quisieron firmar” y, como consecuencia, los responsables de los programas de este Ministerio temen enfrentar reparos de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Diálogo adelantado
Flores indicó que la acción de diálogo que la CND pretende adelantarse a un fallo que deberá dictar la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto de un amparo promovido por la comunidad.
“A través del diálogo esperamos definir una ruta que nos indique qué hacemos si la CC emite un dictamen negativo a sus pretensiones. Si es así, hay que buscar una salida”, explicó.
Flores hizo ver que las familias buscan, mediante la acción de amparo ante la CC, regresar a su comunidad en Laguna Larga. Consideró que esto es poco probable que ocurra porque “la Ley del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) es de orden constitucional”.
*Con información de AGN.
