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EDITORIALES

Gobierno apoya a caficultores

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El café en nuestro país tiene una historia que data del siglo XVIII, cuando algunos monjes llegados de Europa llevaron, hasta la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, algunas plantas de café para adornar los corredores y patios de sus conventos.

En ese tiempo, Europa demandaba productos para su industria textil, principalmente tintes especiales como el extraído de la cochinilla, con el que se lograba el tan ansiado color rojo en muchas de sus tonalidades, y lo mismo sucedía con el añil, responsable de los tonos azules y base del indeleble azul maya.

En el año 1800, una plaga de langostas arrasó con las plantaciones de añil, lo que afectó seriamente la economía del país. Además, los colorantes químicos suplantaron a los de origen natural que llegaban desde este continente y eran la base de las economías regionales. Debido a ello, el Gobierno de ese entonces buscó otro cultivo que reemplazara a esta planta tintorera.

A mediados del siglo XIX, el Gobierno incentivó el cultivo del café, que logró la primera exportación hacia Europa en 1865, con 383 sacos de 60 kilogramos cada uno, y un año después ya se había logrado triplicar esa cantidad, lo cual estimuló a los caficultores, tanto que en 1888 el café guatemalteco logró el primer premio de calidad en la Feria Internacional de París, de acuerdo con los archivos de la Asociación Nacional del Café (Anacafé).

Actualmente, el Ministerio de Agricultura reporta en sus registros a 144 mil productores de café, y a unas 450 mil familias que dependen de este cultivo. Por ello, el gobierno del presidente Jimmy Morales brinda apoyo a esta industria, que pasa por una crisis causada por factores como la sequía, la plaga de la roya y la caída de precios en el mercado internacional. El fideicomiso para la caficultura, que creó el Gobierno en 2001, ha sido activado y se busca que este instrumento financiero quede ampliado hasta 2051, con el propósito de apuntalar la economía de los caficultores ampliando el plazo de crédito.

Con el apoyo del Gobierno, los productores de café tienen más posibilidades para continuar produciendo el mejor café, pese a los fenómenos naturales como sequías y plagas, y a los factores externos como el comportamiento del mercado de este aromático que seduce al mundo entero.

Redacción DCA
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EDITORIALES

Exilio de Laparra elevó el repudio contra la Fiscal General y el OJ

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Pocas veces en la historia democrática de Guatemala, alguna persona o institución habían generado tanto rechazo o concentrado el repudio que existe contra la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y algunos magistrados y jueces del Organismo Judicial (OJ).

Las antipatías hacia estos funcionarios son tan rotundas como merecidas. Sus nombres y apellidos están ligados, de manera automática, con la corruptela e impunidad, al punto que una buena parte de compatriotas desea y espera que, en un futuro cercano, enfrenten la justicia y respondan por las presuntas persecuciones políticas emprendidas.

Un reciente artículo divulgado ayer por EFE, la agencia internacional de noticias española, dimensiona la gravedad de lo que ocurre en esta nación, producto de los arreglos entre un grupo de corruptos que cooptó el Estado con el único propósito de saquear, de forma impune, el erario y perseguir a quienes consideran sus rivales o críticos.

Así las cosas, desde 2019, al final de la trágica gestión de Jimmy Morales, y hasta 2023, durante el régimen déspota de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos han salido al exilio para evitar o detener el despiadado hostigamiento que ejerce el MP, el cual acuerpan jueces y magistrados cegados de poder y venganza.

Lo cierto es que la decisión que tomó la exfiscal Virginia Laparra de abandonar el país, forzadamente, se convirtió en la gota que colmó la paciencia de los ciudadanos que luchan por construir un Estado en el que impere la decencia y promueva el desarrollo integral e inclusivo.

Esta mayoría de compatriotas, que se hizo oír por medio de activistas y representantes de gremios, a quienes se unieron dirigentes del mundo, reparó en la trascendencia del trabajo de las comisiones de postulación para seleccionar aspirantes a jueces y magistrados, las que, en primera instancia, tienen en sus manos sanear un sistema y expulsar a quienes se ganaron el repudio generalizado de una nación.

Editor DCA
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El desarrollo del Petén pasa por recuperar la presencia del Estado

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Por incompetencia o por complicidad, las anteriores autoridades de los organismos del Estado no solo se despreocuparon de atender el departamento más grande del país, sino que lo pusieron en una situación de desamparo, que fue aprovechada por diversas estructuras criminales.

Así las cosas, Petén se convirtió en un territorio donde gobernaban las mafias que trafican personas, mercancías y drogas. El abandono del territorio fue tal, que el crimen organizado llegó al extremo de quemar impunemente los bosques, con el propósito de contar con extensiones más amplias para el aterrizaje de avionetas que transportan narcóticos de Colombia, Ecuador y Perú, por mencionar algunos países.

La urgente necesidad de poner orden y mejorar las condiciones de vida de los peteneros motivó al presidente y a la vicemandataria, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, respectivamente, a reunirse con los alcaldes y liderazgos sociales, con el fin de escuchar sus necesidades y crear los programas y proyectos que permitan resolver los problemas que angustian a los pobladores.

Luego de constatar los daños causados por los incendios y tras escuchar a los vecinos, encuentros en los que participaron los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, el binomio presidencial definió un plan que permitirá llevar tranquilidad y desarrollo integral. El mismo incluye, como elemento base, mayor presencia estatal y el despliegue de efectivos militares y policiales.

Además, se impulsará una estrategia con la que se dotará de energía eléctrica al departamento y se fortalecerá el puesto fronterizo que se hará cargo de imponer los controles pertinentes en la zona. Adicionalmente, se pavimentará la carretera a Melchor de Mencos, algo que el Ejecutivo considera primordial porque optimiza las condiciones de vida de los connacionales y contribuye al desarrollo turístico de Petén y de Guatemala.

Llevar prosperidad y esperanza a este territorio es más que una obligación del Estado; de ahí que Arévalo y Herrera lo vean como un acto de justicia hacia un pueblo que sueña con una nueva primavera.

Editor DCA
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Basta de privilegios y concesiones espurias

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Los aplausos que recibió el Ministerio de Gobernación tras quitar los guardaespaldas asignados a 17 congresistas reflejan el cansancio de los guatemaltecos contra los privilegios que, anteriormente, se concedían e intercambiaban las máximas autoridades de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La disposición, valiente y acertada, muestra el espíritu democrático y transparente de un Gobierno que busca acabar con ese sistema corrupto que aún funciona en diversas dependencias del Estado, las cuales han sido manejadas de una forma malévola e inescrupulosa.

De esa cuenta, en breve, los guatemaltecos tendrán a su servicio a otros 61 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se turnaban para proteger a los parlamentarios, casi todos del partido Vamos, agrupación que a su paso por la gestión pública saqueó el erario y hoy es el principal obstáculo para el desarrollo integral e inclusivo del país.

La medida, como bien comentan los expertos, también representa un paso enorme para dignificar a los policías, quienes debían asumir funciones indignantes, lejanas a sus procesos formativos y a su experiencia en el campo de la seguridad.

De igual manera, revertir esta polémica instrucción permite corregir una presunta ilegalidad, dado que algunas asignaciones se efectuaron de manera verbal, injustificada y sin los respectivos análisis de riesgos que ampararan designar al personal.

Está claro que la guerra contra la corrupción y los corruptos requerirá solventar otras batallas, tomando en cuenta la inmundicia heredada y bajo la cual algunos fiscales, parlamentarios y jueces pretenden seguir viviendo. Ahora, tocará esperar cómo reaccionan los presuntos afectados, quienes, casi con seguridad, extremarán sus estrategias para impedir que florezca la nueva primavera.

Pero sería bueno que previo a cualquier represalia, ellos y sus aliados en curules, tribunales o fiscalías escuchen la voz de los connacionales, quienes ya están hartos de ver cómo unos pocos se aprovechan de sus puestos para llevar una vida de reyes a costa de los impuestos que, con esfuerzo y trabajo, aportan las grandes mayorías.

Editor DCA
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