La discusión en torno a construir la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal, no gira sobre la posible vulnerabilidad del terreno ni en el fallo judicial. Expone, eso sí, la disputa por el control entre el Estado y estructuras criminales que han operado de manera impune durante años en el área.
Estudios geológicos y de impacto ambiental, validados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, sostienen que el área no tiene historial de inundaciones. Además, el diseño del penal incluye acciones tendientes a evitar la acumulación de agua. Basta ir a Google Maps para constatar las distancias entre la finca donde se levantará la obra y el Lago de Izabal o el río Motagua.
Con o sin estos conocimientos, los tres integrantes de la Sala de Apelaciones de Izabal ordenaron suspender la obra aduciendo riesgos potenciales. Sí, alegan posibilidades que, hasta ahora, nunca han ocurrido. Ante estos precedentes, es preciso preguntarse: ¿Se privilegia la prevención o se sobredimensiona una conjetura?
Como las anteriores oposiciones a iniciativas del Gobierno, favorables a los guatemaltecos (clasificación de la basura, seguro obligatorio de automóviles o limitadores de velocidad), no estamos frente a un hecho aislado, sino ante un bloqueo sistemático
favorable a un statu quo respaldado por entes judiciales cuya independencia se pone en duda.
Conviene traer a colación el antecedente de la finca destinada a encerrar a la crema y nata de los grupos terroristas. Se trata de un bien arrebatado a un narcotraficante reclamado por Estados Unidos.
Debe tenerse en mente que, por años, este corredor ha servido al paso de drogas, trata de personas y contrabando, ante el silencio de fiscales, jueces, alcaldes, diputados o autoridades competentes.
Sin embargo, hoy, cuando el Ejecutivo busca imponer el orden y combatir a estas estructuras del mal, surgen “almas caritativas” que abogan por los derechos de los pandilleros.
De tanto confiar, los compatriotas se han vuelto pragmáticos y sabios. Saben que la penitenciaría encerrará a criminales de alto perfil, a quienes se les romperá su capacidad de mando y maniobra.
Desde décadas atrás, Guatemala arrastra un Sistema Penitenciario colapsado, que dificulta el éxito de cualquier política pública de seguridad, que la cárcel El Triunfo apunta a corregir.
El fallo de la Sala de Apelaciones lleva a la siguiente disyuntiva: ceder ante el miedo o avanzar hacia la consecución de un país donde impere el Estado de derecho.
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