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COLUMNAS

Francamente mala, la divulgación

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El Tribunal Supremo Electoral omitió hacer divulgación alguna para lograr que aquellos que no se encontraban empadronados se empadronasen antes de la fecha última establecida para hacerlo cara a que pudieran votar en la Consulta Popular convocada para el próximo domingo 15 de abril, en la que todos los ciudadanos guatemaltecos que nos encontremos empadronados podremos decidir con nuestro voto si autorizamos o no que sea la Corte Internacional de Justicia quien decida sobre cualquier reclamo legal que tengamos

–territorial, insular y marítimo– en contra de Belice, decisión que una vez sometido a conocimiento suyo –nos sea favorable o no– tendremos que acatar. Sin pena ni gloria pasó la fecha última señalada para empadronarse sin que el Tribunal Supremo Electoral hubiera hecho esfuerzo significativo alguno –prácticamente ninguno– para que se empadronaran aquellos guatemaltecos que no lo estuvieren. En una desafortunada resolución ya corregida –errar es de humanos y rectificar de sabios– había prohibido el Tribunal Supremo Electoral que se pudiera hacer uso de recursos y bienes del Estado para la difusión de la Consulta, corrección que, sin embargo, sostuvo prohibiciones para la promoción del sí o el no como respuesta.

El Tribunal Supremo Electoral apareció ayer en la prensa escrita, campo pagado en Prensa Libre , con una muy desafortunada promoción de la Consulta Popular a celebrarse –promoción que no explica en absoluto en qué consiste y sus efectos– los efectos objetivos de la decisión que lleguemos a tomar –en otras palabras– ir o no a la Corte y la consecuencia de la decisión de ir, estar a su fallo y de no ir, permanecer en la situación de incertidumbre dando por el contrario una muy pobre opinión sobre los alcances de la decisión final que llegara a producirse, especulación que no es de su incumbencia.

El juicio a promover no busca establecer fronteras –lo que resalta inadecuadamente el Tribunal Supremo Electoral– sino que se atienda a nuestro reclamo territorial, insular y marítimo y que tan solamente después de pronunciarse sobre el mismo –y como consecuencia de que se le acoja o no, sea total o parcialmente– defina las fronteras. La enunciación de beneficios que hace el Tribunal Supremo Electoral también es sumamente pobre (crecimiento económico, más turismo, paz y hermandad, sin explicar por qué) y, en todo caso, no más que su personal opinión, personal opinión que –por valiosa que pudiere ser– no viene al caso. El Tribunal Supremo Electoral debe empezar su divulgación, por el principio, haciéndonos saber que estamos convocados a votar el domingo 15 de abril en Consulta Popular.

Que en esa consulta se nos hará una única pregunta a la que podremos responder si o no, siendo esa única pregunta si estamos o no de acuerdo en que cualquier reclamo territorial, insular o marítimo de nuestra parte contra de Belice se someta a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. El Tribunal puede ser todo lo explicativo que quiera–y debe serlo– para que se entienda bien la pregunta y entienda el votante –plenamente– sobre los alcances que tiene su respuesta y, hasta allí. Con sumo cuidado podría explicar que Guatemala estima tener derechos sobre territorio, islas y mar que detentó el Reino Unido de Bretaña e Irlanda del Norte y que por transmisión de esta última ocupa el Estado de Belice, siendo importante definir la situación para que recuperemos lo nuestro, si ello corresponde –sea total o parcialmente– y que cada cual sepa lo que es suyo.

En el colmo de la mala divulgación –debe enmendar sus errores de inmediato– el Tribunal Supremo Electoral usa en su publicación el mismo tipo de líneas “sui generis” para señalar lo que es la frontera entre Guatemala y México y lo que es área de adyacencia –no frontera– entre Guatemala y lo que se encuentra detentado. ¡Por favor, no pude usar el mismo tipo de línea sin llamar a confusión! con la mejor buena fe Guatemala y Belice –si nuestros pueblos así lo aprueban en las consultas populares que serán celebradas– pondrán en manos de la Corte Internacional de Justicia –en un juicio de Derecho– la realización de la justicia en este caso teniendo en cuenta que nadie puede dar lo que no tiene –nadie puede transmitir a alguien más derecho que el que tiene– y, de igual forma, que en el área detentada o en parte suya surgió un pueblo con derecho a determinarse por sí mismo.

El reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala no se refiere a los daños y perjuicios sufridos por Guatemala a raíz de la detentación e incumplimiento de obligaciones habidas por tercero antes de que se diera la independencia de Belice, ni incluso después de esta como consecuencia de la transmisión de lo que se había detentado cuantificación total que solamente podrá hacerse cuando conocido el resultado final del reclamo territorial, insular y marítimo –reclamo, el indemnizatorio– que no es objeto de este juico y en el que otros habrán de ser las partes para dirimirlo. Pero en fin, volviendo al tema central de esta columna, es de suma importancia que, a la mayor brevedad posible, se corrijan los errores cometidos y se desarrolle –con excelencia– la campaña de divulgación que debe realizarse. Amén.

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Desarrollo sustentable

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Patricia Orantes Alarcón 

patricia.orantes @gmail.com

Durante mucho tiempo las estrategias de las empresas solo buscaban maximizar el rendimiento para los accionistas y los inversionistas.

No había expectativa alguna de cumplir los objetivos de preservación ambiental o de responsabilidad social. La empresa se destinaba a cumplir las demandas únicas de sus
propietarios. 

Sin embargo, hoy el escenario es diferente, ya que las organizaciones compiten en un contexto más complejo. Actualmente las entidades no solo toman en cuenta a los grupos de interés, sino a las generaciones futuras (Chiavenato & Sapiro, 2011).

Por ello, cada vez es evidente que el interés estratégico de las organizaciones es operar en ambientes saludables, considerando el ambiente y el entorno socioeconómico, porque solo en esas condiciones los mercados encuentran la oportunidad de crecer y prosperar. 

El concepto de desarrollo sostenible en el ámbito internacional aparece en 1987 en un informe de las Naciones Unidas, en el que los habitantes del planeta gozan del derecho a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano.

Así el desarrollo sustentable, que satisfaga las demandas de todas las partes interesadas, se integra a la agenda de todo proceso de planeación estratégica de una organización cualquiera cuya meta sea alcanzar resultados de modo sustentable a largo plazo.

Por otro lado, también es evidente que el desarrollo sustentable no será tarea de una organización de manera aislada. El desarrollo sustentable es un concepto que extrapola los límites tradicionales de la organización y se necesita la participación de todos (del Gobierno a los consumidores, de los distribuidores a las ONG). 

Así identificar y armonizar los intereses de los diferentes grupos objetivo en una premisa del concepto del desarrollo sustentable, que fomentará la credibilidad y el valor a largo plazo de las organizaciones según los autores Chiavenato & Sapiro.

De acuerdo con estos autores, se puede definir el desarrollo sostenible como patrón de uso de recursos y que al mismo tiempo cumpla las demandas humanas y organizacionales, preserve el ambiente de manera que no comprometa los recursos y las necesidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias demandas y necesidades.

Por su parte en el portal web https://www.certificaciondesustentabilidad.org/comunicacion-sostenible.html define a la comunicación sostenible como aquella que tiene como principal objetivo acompañar, facilitar y promover las formas sostenibles de desarrollo humano para sociedades sostenibles. 

Asimismo, promueve los valores de la sustentabilidad, el diálogo, la identidad, la transparencia, la legitimidad, la gobernabilidad; crea comunidad y aumenta la sostenibilidad del sistema en su
conjunto.

Los medios de comunicación constituyen un agente moderador social de primer orden y pueden ser utilizados como un instrumento de control importante capaz de investigar y denunciar acciones inapropiadas de los poderes públicos, así como de educar, sensibilizar y movilizar acciones en defensa de los problemas ambientales. 

La sociedad escudriña a las organizaciones a través de los medios de comunicación para analizar su accionar y decidir si les renueva o no la licencia social para operar. Ya no alcanza con hacer las cosas bien, sino que además hay que hacer que se sepan.

En este portal indica que aquello que no está en la arena mediática no es de dominio público por lo tanto prácticamente deja de existir. 

A este problema se suma que la opinión pública considera que aquello que se transmite a través de los medios de comunicación y de interacción social es la realidad, y que además es verdad, desconociendo que solo hay que mirar, escuchar, leer y relacionarse con los medios para saber qué es lo que éstos dicen de la realidad.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Rusia-Ucrania: lo que sucede y lo que vendrá (IV)

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Mathieu González

Facultad de Artes Liberales

Si en los próximos meses Ucrania logra mantener tanto el corredor de exportación agrícola, como también dañar de forma importante la capacidad de refinar petróleo de Rusia, la guerra evolucionará favorablemente en su dirección.

Respecto a sus respectivos aliados, Rusia ha logrado mantenerse a flote gracias a la masiva ayuda militar de Irán (especialmente en cuanto a drones) y de Corea del Norte (sin los millones de obuses de artillería que esta última ha enviado, la artillería rusa estaría enfrentando problemas similares a los de la ucraniana).

A cambio de esta ayuda, Rusia ha ayudado a ambos países a violar las sanciones de Naciones Unidas que ella misma había aprobado anteriormente en el Consejo de Seguridad. Una reciente investigación ha mostrado cómo Rusia ha entregado importantes cantidades de petróleo a Corea del Norte por su apoyo (lo cual es otra muestra de la importancia que tiene para la estrategia ucraniana atacar la industria petrolera rusa).

Rusia ha logrado mantenerse a flote gracias a la masiva ayuda militar de Irán.

En cuanto a los apoyos a Ucrania, estos últimos meses han visto aumentar la separación entre Europa y Estados Unidos. En el lado europeo, el apoyo de los países escandinavos, bálticos y la mayoría de Europa Central y Oriental, así como del Reino Unido, sigue firme.

Notable es la evolución francesa con Macron, quien hace dos años tenía una posición y un discurso ambiguo respecto a Ucrania, y quien hoy en día se ha transformado en uno de sus principales apoyos.

Alemania continúa con su política de entregar ayuda militar masiva, pero se niega a proporcionar a Ucrania armas como los misiles Taurus, que podrían permitirle asestar golpes catastróficos a las capacidades rusas.

Al otro lado del Atlántico, la ayuda a Ucrania se encuentra bloqueada por disputas internas dentro del partido republicano y por la posición favorable a Putin de parte de Trump. 

                    Continuará… 

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Un sinfín de permisos

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Felipe Schwember Augier

Profesor investigador de Faro UDD

Seguramente no resulta una temeridad conjeturar que la así llamada “permisología”, con todo lo que supone, es un fiel reflejo de la mentalidad recelosa, cuando no hostil al mercado, que lenta, pero inexorablemente, fue germinando en Chile en las últimas dos décadas.

Sus efectos avalan esa conjetura: la permisología retarda, obstaculiza, impide el desarrollo de proyectos de toda índole en el territorio nacional; desalienta, desmoraliza, disuade a los empresarios de invertir y, probablemente, incluso de buscar oportunidades de inversión.

Quizás las muchas desventajas que comporta la permisología no estaban en la mente de quienes promovieron las numerosas leyes ya medidas que, a modo de sedimentos, la fueron conformando.

Más bien deben haber pensado en la necesidad de atajar lo que le parecieron efectos indeseados de la actividad económica. No obstante, a estas alturas es claro que su razonamiento fue equivocado y que las medidas adoptadas (el sinfín de permisos) es contraproducente de cara al bienestar general de la población.

Las medidas adoptadas (el sinfín de permisos) es contraproducente de cara al bienestar general de la población.

Con todo, esa constatación no basta. Para conjurar los defectos de la permisología es necesario exponer y desechar la premisa en que con toda probabilidad descansa: la idea de que las dinámicas productivas del mercado son de suyo perjudiciales para el grueso de la población.

Sin esa premisa resulta difícil comprender que hayamos llegado tan lejos en la construcción de la burocracia imposibilitante que llamamos “permisología”.

Después de todo, es diferente regular con vistas a hacer posible una actividad, a regularla con vistas a dificultarla o hacerla improbable. La regulación del matrimonio, por ejemplo, es habilitante, no imposibilitante.

Esto último sería el caso si el legislador exigiera muchas y muy exigentes condiciones encaminadas a comprobar que los contrayentes no se van a hacer daño: declaraciones de los familiares, amigos y conocidos, certificados psicológicos, entrevistas, pruebas de fertilidad, etcétera.

Esto se complicaría aún más si los funcionarios encargados de llevar a cabo estos trámites no tuvieran un plazo fatal para hacerlo y, además, creyeran que la institución del matrimonio es dañina.

Este escenario kafkiano podría ocurrir si el regulador (y los funcionarios) creyeran que la institución misma es dañina (pero no derogable, sin embargo) yo que los contrayentes por regla general no saben lo que hacen ni lo que les conviene.

La idea de fondo que anima a la permisología debe ser abandonada, pues no puede sino llevar a legislar de un modo contrario a la libertad: si usted piensa que una institución es dañina, las medidas encaminadas a contener sus efectos pueden multiplicarse al infinito.

En tal caso, cada medida de control reclama, por sí misma, la medida de control ulterior que la asegure; cada medida adoptada para evitar un riesgo puede y debe ser complementada con otra ulterior que elimine el riesgo que ella misma causa.

La deriva distópica es obvia. Para evitarla, es preciso que la legislación sea habilitante, no
imposibilitante. 

Colaborador DCA
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